Primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos del regeneracionismo político (1902-1914)

         Tras el “desastre del 98” no se produjeron grandes cambios en la política española y Sagasta, que asumió responsabilidades, continuó en el poder. No obstante, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas provocó una gran conmoción a nivel general, dando lugar a una serie de movimientos en España conocidos como regeneracionistas. El “regeneracionismo” fue una corriente intelectual y social que analizó las causas de la decadencia de España como nación, y criticó duramente el sistema de la Restauración y sus prácticas políticas. Supuso la aparición de un fuerte sentido de autocrítica y de un deseo de cambio y renovación, que incluyó modificaciones en todos los sectores de la vida española: políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales.

         Como resultado de este ambiente y de los continuos debates de la prensa nacional, meses después comenzaron a darse las primeras propuestas regeneracionistas en política. En 1899 se formó el gobierno conservador de Silvela, sucesor de Cánovas, en el que entraron personajes como Raimundo Fernández Villaverde o incluso el militar Polavieja. El programa de Silvela no presentó grandes cambios y su acción fue relativamente pobre, ya que las divisiones internas y el intento de aplicar un recorte de gastos y reforma fiscal acabaron pronto con su propuesta.

         Es por eso que, al margen del sistema de la Restauración, también se presentaron proyectos regeneracionistas como el de la Unión Nacional, dirigida por Joaquín Costa. Su propuesta aspiraba a superar los problemas a los que había llegado España por la “vieja política”, apoyándose en organizaciones corporativas como las Cámaras de Comercio y la Liga Nacional de Productores, que llegaron a establecer reformas agrarias, municipales, educativas o administrativas. Tuvo un amplio eco a través de la prensa, pero al final no pudo hacer frente a los dos grandes partidos dinásticos y su formación acabó disolviéndose en 1903. Al fracasar su iniciativa política se volcó en el análisis intelectual, siendo su obra más importante el informe Oligarquía y caciquismo, que suponía una crítica contra la forma de hacer política y la urgencia de cambio.

         Con el paso del tiempo el regeneracionismo acabó de dejar siendo un problema para el sistema de la Restauración, debido a que sus lemas fueron asumidos por los partidos conservadores, liberales e incluso republicanos. Precisamente en el año 1901 accedió por última vez a la presidencia el liberal Sagasta, pero la política que aplicó, que recordaba a los tiempos pasados, tampoco acabó triunfando.

         En el año 1902 Alfonso XIII comenzaría a reinar de facto al cumplir la mayoría de edad, en un clima social y político marcado todavía por el desastre de 1898, y en el que los partidos dinásticos estaban en crisis. A pesar de todo el turnismo se mantuvo, y tras un breve periodo de inestabilidad los dos partidos se reforzaron eligiendo a nuevos líderes. Se abrió así una nueva fase de modernización de la Restauración, promovida por los partidos dinásticos, y con grandes esperanzas depositadas en el nuevo monarca.  Fueron dos los gobiernos que destacaron en la primera parte del reinado de Alfonso XIII: el del conservador Antonio Maura y el del liberal José Canalejas.

Gobierno del conservador Antonio Maura.

Maura fue jefe del Gobierno en dos ocasiones, si bien será en el periodo comprendido entre 1907 y 1909 donde encontramos sus actuaciones más ambiciosas:

●  Siguiendo su lema “o hacemos la revolución desde arriba o nos la hacen desde abajo” procuró activar la legislación social para que no surgieran movimientos sociales desde el pueblo. Durante esta etapa se creó el Instituto Nacional de Previsión (esbozo de seguridad social), se aprobó una ley de derecho a la huelga, se instauró el descanso dominical obligatorio  y se reguló la jornada laboral. Al final su política social no terminó de satisfacer las aspiraciones de la clase obrera.

·   Trató de acabar con el caciquismo mediante una reforma de la ley electoral en 1907, que establecía el voto obligatorio, aunque en la práctica terminó agravando la actuación de los caciques.

·   Intentó reformar la administración local, otorgando mayor autonomía a los municipios, para así evitar la excesiva centralización del modelo político liberal del siglo XIX. Esto permitió la agrupación de diputaciones provinciales en forma de mancomunidades, muy demandadas por el regionalismo catalán. Sin embargo, al final la ley no fue aprobada por las Cortes.

         Los orígenes del colonialismo español en Marruecos hasta el establecimiento del protectorado y señala sus consecuencias militares, sociales y políticas

El convenio entre España y Francia de 1912 había convertido las zonas de influencia de ambos países en Marruecos en un Protectorado compartido. 

El Protectorado español, en el norte de Marruecos, comprendía una zona mucho más pequeña y pobre que la del Protectorado francés, con más inconvenientes que ventajas: 

• Era un territorio muy montañoso (cadena del Rif). 

• Las vías de comunicación eran escasas y difíciles. 

• La riqueza económica de la zona se limitaba a las minas de hierro localizadas en las montañas del Rif. 

• La población rifeña era muy belicosa y estaba dividida en tribus reacias a renunciar a su independencia para someterse a un mando único. 

El territorio estaba dividido en dos comandancias militares —la de Ceuta y la de Melilla—, que se hallaban separadas entre sí por la bahía de Alhucemas, por lo que el principal objetivo era dominar dicha bahía para unir ambas zonas. Pero el escaso interés del territorio explica la política vacilante del gobierno, que alternaba fases de intervención militar con otras de paralización de actuaciones. 

A ello se añadía la impopularidad de la guerra y la división, dentro del propio ejército, entre el sector «africanista» —que se podía beneficiar de los ascensos por méritos de guerra y el sector «juntista» —que coincidía con las Juntas Militares de Defensa en el rechazo a ese sistema de promoción. 

España mediante la Conferencia de Algeciras (1906) había recibido parte del norte de Marruecos, que se convirtió en un Protectorado hispano-francés, pero la campaña lejos de ser pacífica acabó siendo un enfrentamiento contra las huestes berberiscas del Rif, sobre todo tras el ataque de éstos a las obras del ferrocarril que enlazarían con el puerto de Melilla. Así lo denunciarían figuras como Carmen de Burgos (Colombine), cuando, como colaboradora de El Heraldo de Madrid, publicación que confió en ella para que viajara a Melilla como corresponsal de guerra a finales del verano de 1909. Esta experiencia le inspiró las crónicas enviadas al periódico y En la guerra (1920), libro de acusado tono antibelicista dedicado a criticar la violencia y sus nefastas consecuencias.

Entre las consecuencias políticas y sociales habría que mencionar los sucesos que tuvieron lugar durante el verano de 1909, la obra política de Maura quedó bloqueada por la “Semana Trágica de Barcelona”. Este conflicto se inició por la llamada de reservistas y embarque de tropas destinadas a contener los ataques marroquíes en Melilla. 

                 En julio de 1909 el gobierno hizo un llamamiento a los reservistas catalanes, muchos casados y con hijos, creando un gran malestar. Esto fue aprovechado por los grupos de izquierda, los cuales encabezaron un movimiento que desembocó en una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos, que se llevó a cabo en Barcelona. La llegada de la noticia de la muerte de miles de soldados españoles en la guerra radicalizó aún más el movimiento, en el que el fuerte sentimiento anticlerical terminó con el incendio de decenas de iglesias y conventos. El Gobierno tuvo que intervenir y llevó a cabo una dura represión en una ciudad que durante varios días estuvo aislada y sometida a la acción de los anarquistas, republicanos radicales y barricadas. El saldo final fue el de un número importante de muertos, detenciones y condenas a muerte, como la del dirigente anarquista Francisco Ferrer y Guardia (creador de la Escuela Moderna), que desató una fuerte oposición tanto internacional como dentro de España. Desde la oposición política mientras tanto, se inició una campaña de protesta hacia el líder conservador con el grito de “Maura no”, el cual se vio obligado a dimitir. A partir de entonces el Partido Conservador quedó debilitado.

Gobierno del liberal José Canalejas.

         Tras la caída de Maura, los liberales regresaron al poder y desde 1910 destacó la figura de José Canalejas, que llevó a cabo el proyecto más importante de regeneración del sistema político:

●        Supo atraerse a la clase obrera llevando a cabo una importante política de reformas sociales. Se regularon las relaciones laborales y se mejoraron las condiciones de vida y trabajo en cuestiones como la jornada laboral, que se reguló a nueve horas, el trabajo de mujeres y niños, el derecho a huelga y la prestación de la Seguridad Social por parte del Estado.

●        También logró atraer a los sectores anticlericales creando una ley que prohibía el establecimiento de nuevas órdenes en España, pero sin romper las relaciones con el Vaticano (ley del candado de 1910)

●        Amplió la ley de administración local de Maura y consiguió que se aprobase la Ley de Mancomunidades.

●        Modificó el sistema de reclutamiento militar, con un servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra, si bien este sistema más democrático quedaba limitado por los “soldados de cuota”[1].

         En el año 1912 Canalejas fue asesinado, dejando truncado su proyecto de regeneración política de la Restauración. A partir de entonces el partido liberal quedó debilitado, dividiéndose en distintas tendencias.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN: SOCIALISTAS, SINDICALISMO, REPUBLICANOS Y NACIONALISTAS 

Opciones políticas alternativas al turnismo

Los trabajadores tuvieron en el sindicalismo una vía de defensa y de movilización para mejorar sus condiciones de vida. El mundo obrero, siguiendo la línea marcada en la etapa anterior,

la Restauración, se fue desarrollando en una doble vertiente. Una, la socialista, por medio de la UGT, con mayor desarrollo en Madrid y en el norte de España (Asturias y Vizcaya). La otra, la

anarquista, se reorganizó, a principios del siglo XX, dando lugar al anarcosindicalismo, siendo

Cataluña el lugar donde más se extendió.

En 1910 los anarcosindicalistas decidieron convocar en Barcelona un Congreso Nacional donde se acordó fundar la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que celebró su primer congreso en Barcelona en 1911. La CNT se declaraba apolítica y renegaba del Estado y de los partidos políticos. Recurría a la acción directa, es decir, entenderse directamente con los patronos al margen del marco legal vigente, sin aceptar la mediación estatal. Propugnaba la huelga como método de acción obrera; la UGT, en cambio, prefería agotar las vías de negociación antes que ir a la huelga. Teniendo en cuenta que los ugetistas y los cenetistas diferían en métodos y en medios de acción revolucionaria, su actividad marchó en forma paralela y sólo ocasionalmente, como ahora veremos, en forma conjunta (1917-1920).  

Los republicanos representaban la principal fuerza de oposición política al régimen, tanto  dentro de las Cortes, como en el ámbito extraparlamentarío. Su ideario, algo difuso, defendía el progreso, la justicia social, el desarrollo de la ciencia y la extensión de la enseñanza, con un carácter anticlerical. Sus posiciones, menos radicales que las de los socialistas o anarquistas, les permitieron ganarse el apoyo de ciertos sectores de un amplio abanico social: desde la pequeña burguesía mercantil hasta trabajadores, así como algunos intelectuales de prestigio como Galdós, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal.

Durante el reinado de Alfonso XIII, el viejo republicanismo del siglo anterior se extinguió y surgieron los dos grandes partidos republicanos del momento: 

El Partido Radical, dirigido por Lerroux, más izquierdista y anticlerical, se definía como autonomista en lo político y socialista en lo social, lo que le permitió ampliar su base popular, sobre todo por su lenguaje a menudo demagógico. 

El Partido Reformista, creado en 1912 por Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, representaba un republicanismo más moderado, dispuesto incluso a admitir la monarquía, siempre que fuera verdaderamente democrática y mantuviera una política social. Su preocupación por la cultura y la educación atrajo a destacados intelectuales, pero tuvo menos implantación social que el populista Partido Radical. 

Dentro de los partidos republicanos merece mención aparte el Partido Socialista Obrero Español, cada vez más dispuesto a participar en el juego político parlamentario, sin renunciar por ello a la revolución social. De hecho, en las elecciones de 1910 se presentó dentro de la llamada Conjunción Republicano-Socialista, que permitió el acceso por primera vez de un socialista a las Cortes: el fundador del partido, Pablo Iglesias. 

Los nacionalismos. El principal representante del catalanismo en la vida política desde 1901 fue la Lliga Regionalista, de ideología conservadora y cuyo principal objetivo era conseguir la autonomía para El nacionalismo vasco era completamente distinto del catalán, sobre todo por su carácter arcaizante. El Partido Nacionalista Vasco, apoyado en la ultraconservadora pequeña burguesía bilbaína, recelosa del progreso y de la industrialización, seguía siendo la única expresión del nacionalismo vasco, esencialmente vizcaíno. 

Sin embargo, poco a poco con la incorporación al PNV de nuevos elementos menos radicales en sus posturas independentistas y de espíritu algo más moderno, se ensanchó la base social del partido, aunque en su ideología pervivía el carácter tradicionalista de su fundador Sabino Arana. En todo caso, el nacionalismo vasco en esta etapa tuvo escaso arraigo social, otra diferencia más respecto al catalán.

[1] Mediante este sistema, quienes pagaban una cantidad eran licenciados tras un periodo de instrucción. Pero, a diferencia del anterior, en el que pagando una “redención en metálico” se podía eludir tanto el servicio militar como la llamada a filas en caso de guerra, con el nuevo sistema los soldados licenciados podían ser reclamados como reservistas para entrar en combate.

 La crisis del parlamentarismo; la neutralidad en la Primera Guerra Mundial.

La Primera Guerra Mundial y sus repercusiones

En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y el presidente de gobierno, Eduardo Dato, declaró a España como neutral con el apoyo de todos los partidos. Sin embargo, a pesar de esta neutralidad, la opinión pública se dividió entre los partidarios de los aliados (“aliadófilos”) formados por intelectuales de izquierda mayoritariamente, y los partidarios de las potencias centrales (“germanófilos”) formados por oficiales, aristócratas, terratenientes y clero. Se vivieron intensos debates en las Cortes, la prensa y la calle. Además, desde 1913 los gobiernos fueron cada vez más inestables, los partidos dinásticos se fueron fragmentando cada vez más y el turno de partidos terminó por no mantenerse. 

No ocurrió lo mismo desde el punto de vista económico, donde la posibilidad de que España comerciara con los dos bandos combatientes en la guerra (artículos de primera necesidad, tejidos para soldados, metales, minerales, etc.), trajo como resultado que las exportaciones se vieran incrementadas, obteniendo importantes beneficios, sobre todo en los sectores naval, minero, siderúrgico y textil (País Vasco y Cataluña).

El problema fue que no se aprovecharon bien estos beneficios, porque no se invirtió en modernización e infraestructura. A esto habría que añadir graves problemas sociales, porque la inflación creció muchísimo por el desabastecimiento del mercado nacional, hubo un retroceso de los salarios y un desigual reparto de la riqueza que aumentó las diferencias sociales. El incremento del malestar social alimentó la agitación social y aumentó el número de huelgas considerablemente. También con el final de la guerra mundial las ventajas disminuyeron, y muchas fábricas tuvieron que cerrar suponiendo un incremento del paro.

La crisis del año 1917

En el año 1917 se hizo patente la crisis del liberalismo español en el que confluyeron tres conflictos: el militar, el político parlamentario y el social.

• La crisis militar: las Juntas Militares de defensa. 

Con Cánovas y la Restauración se trató de acabar con la presencia de los militares en la vida política. Pero, tras el desastre del 98 nos vamos a encontrar un grupo de jóvenes oficiales que se presentan como la única fuerza sana dentro de un sistema corrupto. La situación se agrava con la Primera Guerra Mundial y la neutralidad de España, en la que se produce una división cada vez más fuerte entre los militares “africanos” (ascienden con rapidez por méritos de acción) y los militares “peninsulares” (se sienten más afectados por la subida de precios provocada por la guerra mundial, la falta de medios y los bajos salarios). Este último grupo comenzó a unirse para defender sus reivindicaciones, y a partir de 1916 se organizaron en Juntas Militares de Defensa dirigidas por mandos intermedios que, tras ser ilegalizados por el gobierno, lanzaron un ultimátum al mismo en el que reclamaban cambios en el sistema de ascensos, criticaban los favoritismos, exigían mejoras en las condiciones económicas, pedían una mejora presupuestaria del ejército y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Esta crisis tuvo su culminación en el verano de 1917, cuando el gobierno conservador de Dato las legalizó como Comisiones Informativas de las Armas del Ejército. Un problema colateral de este movimiento juntero fue que se transmitió a otros cuerpos del funcionariado que crearon juntas similares.

• La crisis política-parlamentaria. 

A comienzos del año 1917, el alza de los precios y la escasez de alimentos contrastaban con el escándalo de las fortunas logradas por la especulación. Ante esto, la oposición política (republicanos, socialistas y regionalistas catalanes) criticó duramente la inoperancia del gobierno y la corrupción de la oligarquía liberal-conservadora. El Gobierno, sin embargo, respondió con la suspensión de las Cortes, la detención de algunos líderes de sindicatos y la restricción de derechos civiles. Como consecuencia, junto a las protestas de los militares, en julio estalló otro conflicto en el que la negativa del gobierno a reabrir las Cortes, llevó a los políticos catalanes (liderados por Cambó y la Lliga Regionalista) a convocar en Barcelona la denominada como “Asamblea Nacional de Parlamentarios”. Esta Asamblea tenía como objetivo iniciar una reforma política a fondo, formar un gobierno provisional y convocar unas Cortes Constituyentes, con el fin de regenerar la política y encaminarse hacia un Estado más descentralizado. Al final la participación fue reducida, pues, aunque los políticos de los partidos dinásticos fueron invitados, no asistieron (entre ellos Maura), por lo que la presencia política se restringió a republicanos, regionalistas, socialistas y reformistas (a pesar de los esfuerzos de Cambó por atraerse a los sectores conservadores). Terminó siendo disuelta por la Guardia Civil.

• La crisis social: la huelga general. 

Mientras que la guerra mundial supuso un enriquecimiento de la burguesía industrial y financiera, las clases más bajas sufrieron un descenso de su nivel de vida (retraso de los salarios y subida de precios) Esta situación agravó las diferencias sociales y provocó un gran malestar y auge del movimiento obrero. En 1916 la CNT y la UGT acordaron una huelga general que, a pesar del éxito, no cambió la vida de los obreros. En marzo de 1917, ambos sindicatos se reunieron nuevamente, con el propósito de convocar una huelga general indefinida que abarcarse objetivos tanto militares como políticos. En julio la huelga de ferroviarios de Valencia precipitó los acontecimientos, y el 13 de agosto de 1917, la UGT con el apoyo del PSOE decidió convocar una huelga general que tuvo éxito en las principales capitales y centros fabriles (Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco). La respuesta del Gobierno fue contundente y recurriendo al ejército, se llevó a cabo una dura represión que acabó con gran cantidad de muertos y detenidos.

El camino hacia la Dictadura (1917-1923)

Entre el año 1917 y 1923 tuvo lugar la etapa más conflictiva del reinado de Alfonso XIII. Esta conflictividad se manifestó en diferentes aspectos: 

• Crisis económica: Tuvo que ver por las consecuencias derivadas del final de la guerra mundial, en que se cerraron muchas fábricas y aumentó el paro.

• Inestabilidad política: Se llegaron a suceder hasta trece gobiernos caracterizados por su debilidad. Se formaron gobiernos de concentración que fracasaron, alternándose con gobiernos de fracciones o grupos escindidos. 

• El ejército: Durante este periodo asistimos a un creciente protagonismo del ejército en la política frente a la debilidad del poder civil.

• Cataluña: La reivindicación de una autonomía política por parte de Cataluña, que no llegó a prosperar, ocasionó una oleada de anticatalanismo.

• Aumento de la conflictividad social: Entre el año 1919 y 1921 se sucedieron oleadas de huelgas y los enfrentamientos entre patronos y obreros se acentuaron sobre todo en Barcelona, donde el fenómeno del “pistolerismo” de ambos lados se adueñó de la ciudad, sobre todo a partir de la Huelga de la Canadiense, que abrió un periodo de creciente tensión social entre obreros y patronos. Ante esta situación el gobierno respondió con medidas represivas como la promulgación de la “ley de fugas” (permitía disparar contra los detenidos que huían), la creación de sindicatos contrarrevolucionarios y cuerpos de seguridad contratados por particulares. En Barcelona en el año 1920 hubo casi 400 muertos en las calles y otros tantos en el resto del país. En el año 1921 el conservador Dato fue asesinado por un anarquista y dos años después el líder anarquista Salvador Seguí. Dentro de este contexto de desorden social hay que insertar el denominado Trienio Bolchevique. El triunfo de la Revolución rusa tuvo un considerable impacto que pudo estimular la agitación social desatada entre 1918 y 1920 en el medio rural español, con epicentro en Andalucía particularmente en la provincia de Córdoba, pasó a la historia bajo la denominación de “Trienio Bolchevique”. Este término, acuñado por Juan Díaz del Moral en su clásico Historia de las agitaciones campesinas   andaluzas (1929),  engloba   una   ofensiva huelguística protagonizada  por  miles  de  jornaleros, arrendatarios y pequeños campesinos sin precedentes en  la  historia  contemporánea  de  España.  

A todos estos problemas y la creciente conflictividad social provocada por el radicalismo de las organizaciones anarquistas y la respuesta represiva del gobierno conservador, se le unió el desastre militar de Annual en África (1921), en el que la guerra de Marruecos volvió a cobrar importancia.

Desde el año 1909, España se encontró fuertes resistencias en las tribus del Rif del norte de Marruecos, algo que dio lugar a una guerra permanente que se prolongó hasta 1927. En julio de 1921, el general Fernández Silvestre inició un imprudente ataque hacia la bahía de Alhucemas sin conocimiento del alto Comisario general Berenguer. La expedición fue un fracaso, porque el jefe de los rifeños Abd-el-Krim rodeó la fortaleza donde se encontraba Silvestre en Annual, causando la muerte a 12000 soldados españoles y anulando además todas las conquistas que los españoles habían realizado en los años anteriores.

Al conocerse en España el desastre, se generalizaron las protestas y se exigieron responsabilidades por parte de los partidos políticos. El gobierno acordó elaborar un informe sobre el asunto que fue el “expediente Picasso”, en el que se llegó a acusar de negligencia a varias decenas de mandos militares, entre ellos el general Berenguer. Las responsabilidades llegaron a alcanzar incluso al propio rey, todo ello en un momento de crispación política, que hizo que en septiembre del año 1923 se produjera el pronunciamiento militar del general Primo de Rivera en Barcelona. 

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía (1923-1931). Los problemas económicos.

Causas del pronunciamiento

         La inestabilidad de los gobiernos desde la crisis de 1917, la crisis económica acentuada por la guerra de Marruecos y la cada vez mayor intromisión del ejército en los asuntos civiles con el permiso del Rey, apuntaban a que en cualquier momento podía producirse un golpe de Estado. El 13 de septiembre de 1923 tuvo lugar el pronunciamiento militar de Primo de Rivera que no fue combatido por el gobierno y que fue saludado con alivio por gran parte de la opinión pública española. Mediante un manifiesto se hicieron públicas sus intenciones, en las que se presentó la dictadura como un régimen transitorio justificado por la inestabilidad del sistema político, el miedo a la revolución social, la influencia del republicanismo y nacionalismos, así como el descontento del ejército tras el desastre de Annual.

El Directorio Militar (1923-1925)

         Con el triunfo del pronunciamiento se formó el llamado Directorio Militar, que fue integrado por militares y que decretó la suspensión de la Constitución de 1876 y la disolución de las Cortes. El directorio se convirtió en un órgano asesor en el que el general poseía toda la capacidad ejecutiva y la relación con el monarca, además se tomó como referencia la voluntad regeneracionista del propio general que se manifestó en varios objetivos:

●      Mantener el orden público: Se mantuvo el estado de guerra y llevó a cabo una política represiva que afectó sobre todo a anarquistas y al P.C.E. (Partido Comunista), que fueron ilegalizados (se trataba de evitar cualquier intento revolucionario). El P.S.O.E. y la U.G.T. al no oponer resistencia al golpe, colaboraron con el régimen en un principio. Además se prohibieron las huelgas y se mantuvo el orden policial en las calles (por ejemplo el somatén nacional, formado por milicias civiles).

●      Combatir el caciquismo: los gobernadores civiles fueron sustituidos por personal militar. Los ayuntamientos y diputaciones fueron disueltos y en su lugar se crearon las Juntas municipales. Se elaboró el Estatuto Municipal (1924) y el Estatuto Provincial (1925) por parte de Calvo Sotelo, que buscaba alimentar la autonomía de los municipios. Hubo también intentos de reformar la ley electoral (voto femenino) pero no se llevó a cabo.

●      Creación de un nacionalismo de Estado, frente a los nacionalismos periféricos como el catalán o el vasco. De ahí que en Cataluña se adoptaron medidas como la disolución de las diputaciones provinciales y la supresión de la Mancomunidad de Cataluña, además se prohibió el uso de la lengua propia, el himno, la bandera y se suspendió el F.C. Barcelona. En el País Vasco se clausuró el periódico del P.N.V.

●      Partido único: la Unión Patriótica. Surgió en el año 1924 con vocación de partido único, al estilo del partido fascista italiano. Su formación fue espontánea entre círculos del catolicismo social que apoyaron a la dictadura tras el pronunciamiento, estando en contra del parlamentarismo caciquil y del liberalismo. Aunque consiguió cierta renovación respecto al acceso a cargos de nuevos políticos, no logró erradicar el comportamiento caciquil, ni lograr una militancia activa y sincera.

●      Solución del problema marroquí: Tras el desastre de Annual, la exigencia de responsabilidades se saldó con la separación del servicio activo del general Berenguer y la condena de algunos oficiales. En el año 1924 el propio Primo de Rivera asumió el papel de alto comisario de Marruecos, el cual organizó junto a Francia una ofensiva militar conjunta por tierra y mar, el Desembarco de Alhucemas (1925), que supuso el inicio de un victorioso avance que culminó en el año 1926 con la derrota del líder rifeño. La victoria de Alhucemas consolidó la posición de Primo de Rivera que pudo implantar un nuevo régimen más duradero, el directorio civil.

El Directorio Civil (1925-1930)

         En septiembre del año 1925 el directorio militar fue sustituido por un directorio civil, que coincidiendo con el triunfo de Alhucemas supuso el mejor momento de la dictadura.

         En el gobierno comenzaron a convivir ministros militares con civiles y se creó un nuevo sistema político, no constitucional, basado en la existencia de un partido único (la Unión Patriótica). Uno de los pilares básicos de la política llevada a cabo durante esta etapa fue la existencia de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), aprobada en septiembre por Real Decreto, conformada por miembros de Unión Patriótica, y representantes de los municipios, diputaciones y cuerpos funcionariales, a los que se sumaban representantes de los sectores económicos. En este foro corporativo (no parlamentario) alojaba como representantes a  “varones y hembras, solteras, viudas o casadas, éstas debidamente autorizadas por sus maridos”. El 11 de octubre de ese año, se formaba la Asamblea Nacional con 13 escaños femeninos. La fueron nombradas por destacar dentro en el mundo de la educación, la cultura o la beneficencia: Blanca de los Ríos de Nostench, Isidra Quesada y Gutiérrez de los Rios, Micaela Díaz y Rabaneda, María de Maeztu, María de Echarri, María López de Sagredo, Concepción Loring y Heredia, Carmen Cuesta del Muro, Teresa Luzzati Quiñones, Josefina Oloriz Arcelus, María López Moleón, María Natividad Domínguez de Roger y Trinidad Von Scholtzhermensdorff  “Duquesa de Parcent”.  Hubo otras dos mujeres elegidas para ser asambleístas, Dolores Cebrián y Fernández de Villegas, esposa de Julián Besteiro y Esperanza García de Torre, esposa de Torcuato Luca de Tena, si bien ambas renunciaron (Grana, Trigueros y Robles, 2019).

         En cuanto a la política económica, la dictadura una vez liberada del problema de Marruecos pudo dedicar sus esfuerzos a lograr la prosperidad económica para España, basada en un intervencionismo estatal y un nacionalismo económico. A esto contribuyó el mantenimiento del orden social y la buena coyuntura económica internacional de los “felices años 20”. En cuanto a las medidas que se aplicaron para reactivar todo el sistema económico estuvieron:

●  Fortalecimiento del mercado interior, mediante unos elevados aranceles proteccionistas.

●  Medidas proteccionistas para la industria: Se creó el Consejo de Economía Nacional para favorecer la creación de industrias nuevas y desarrollo de las existentes. Se crearon además monopolios como la Compañía Telefónica (1924) o la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petroleo- C.A.M.P.S.A. (1927)

●  Participación del Estado en Obras Públicas: Creación de infraestructuras en el FF.CC. (Estatuto Ferroviario) y en carreteras (Circuito Nacional de Firmes). Creación de las Confederaciones Hidrográficas para aprovechamiento agrícola e hidroeléctrico de las cuencas fluviales.

         Con respecto a la política social, la dictadura mejoró la política educativa aumentando el número de escuelas primarias y escuelas de trabajo, con el objetivo de bajar el índice de analfabetismo en España. Sin embargo, durante este periodo se limitó la libertad de cátedra y se favoreció la enseñanza privada y religiosa. La política laboral se puso de manifiesto mediante el Estado Corporativo y la intervención del mismo en las relaciones patronos-obreros, tratando de evitar la conflictividad obrera. Para ello se crearon comités paritarios compuestos por partes iguales de obreros y patronos, con un presidente nombrado por el gobierno, donde se discutía sobre sus problemas. Esta política descansó en la Organización Corporativa Nacional (1926) También la Dictadura promovió una extensa legislación social basada en la mejora de las condiciones de los obreros (empleo, subvenciones a familias numerosas, mujer trabajadora, etc.) y que se recogió en el Código de Trabajo (1926). A esto contribuyó la colaboración de la U.G.T. con el régimen.

Evolución política hasta la caída de la monarquía (abril de 1931)

         A partir del año 1928 se inició una fuerte oposición al régimen por sectores que antes lo habían apoyado, además las relaciones entre el dictador y el rey se enfriaron progresivamente. Dentro de los grupos que empezaron a mostrar su oposición a la Dictadura a partir de ese año estuvieron:

●      Los intelectuales y estudiantes universitarios: El mundo intelectual apoyó la protesta de los estudiantes universitarios que desde 1925 se agrupaban en la F.U.E. (Federación Universitaria Española) El conflicto estalló en el año 1929 a raíz del intento del gobierno de favorecer a los centros universitarios privados, que provocó el cierre de las universidades de Madrid y Barcelona.

●      Nacionalismo Catalán: Se mostró crítico por la política anticatalanista de Primo de Rivera. Destacó la figura de Maciá que planificó una incursión armada desde el exilio, aunque al final no se realizó.

●      Republicanos: Durante la Dictadura se produjo un aumento progresivo de la tradición republicana que comenzó a constituirse como opción de cambio de la sociedad española. Los diferentes partidos se reorganizaron en torno a la Alianza Republicana, en el que destacaron personajes como Azaña, Lerroux, Marañón o Blasco Ibáñez.

●      P.S.O.E. y U.G.T.: Abandonaron su política colaboracionista con el régimen tras la crisis de 1929, que provocó paro, inflación y caída del comercio exterior.

●      Otros grupos: La ilegalizada C.N.T. se reorganizó en la clandestinidad y en el año 1927 se formó la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica)

         El resultado de todo esto es que a finales de 1929 ya existía una falta de apoyo general al régimen dictatorial, que junto a la incapacidad de crear un régimen nuevo y sólido, hicieron que en enero de 1930 Primo de Rivera presentara su dimisión al Rey, el cual aceptó y encargó al general Berenguer la formación de un nuevo gobierno.

         Con el nuevo gobierno Alfonso XIII pretendía regresar al régimen constitucional de 1876, mas, su participación activa en la Dictadura le restó las simpatías de gran parte de los elementos nacionalistas y liberales que hasta entonces le habían apoyado. Estas fuerzas políticas, junto a intelectuales y organizaciones obreras, se reunieron y firmaron el “Pacto de San Sebastián” en agosto de 1930, en el que se rechazó el gobierno de Berenguer y se propuso un cambio de régimen mediante un golpe militar apoyado por los civiles. Mientras tanto los militares se sumaron al descontento con la sublevación de Jaca en 1930, la C.N.T. y U.G.T. promovieron huelgas en Barcelona y Madrid, y los estudiantes hicieron su propia huelga en enero de 1931.

         El Rey ante esta situación decidió cambiar de gobierno nuevamente y en febrero de 1931 se formó el gobierno del almirante Aznar, que tuvo como principal misión la convocatoria de unas elecciones municipales en abril. El 12 de abril triunfaron espectacularmente los candidatos republicanos en las ciudades, allí donde el caciquismo no era tan fuerte, un hecho que hizo ver al Rey la realidad y renunció con ello a la Corona, abandonando España. Se formó así un gobierno provisional que se hizo cargo del país. El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República en medio del entusiasmo popular.

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía (1923-1931). Los problemas económicos.

Causas del pronunciamiento

La inestabilidad de los gobiernos desde la crisis de 1917, la crisis económica acentuada por la guerra de Marruecos y la cada vez mayor intromisión del ejército en los asuntos civiles con el permiso del Rey, apuntaban a que en cualquier momento podía producirse un golpe de Estado. El 13 de septiembre de 1923 tuvo lugar el pronunciamiento militar de Primo de Rivera que no fue combatido por el Gobierno y que fue saludado con alivio por gran parte de la opinión pública española. Mediante un manifiesto se hicieron públicas sus intenciones, en las que se presentó la dictadura como un régimen transitorio justificado por la inestabilidad del sistema político, el miedo a la revolución social, la influencia del republicanismo y nacionalismos, así como el descontento del ejército tras el desastre de Annual.

El Directorio Militar (1923-1925)

Con el triunfo del pronunciamiento se formó el llamado Directorio Militar, que fue integrado por militares y que decretó la suspensión de la Constitución de 1876 y la disolución de las Cortes. El directorio se convirtió en un órgano asesor en el que el general poseía toda la capacidad ejecutiva y la relación con el monarca, además se tomó como referencia la voluntad regeneracionista del propio general que se manifestó en varios objetivos:

• Mantener el orden público: Se mantuvo el estado de guerra y llevó a cabo una política represiva que afectó sobre todo a anarquistas y al P.C.E. (Partido Comunista), que fueron ilegalizados (se trataba de evitar cualquier intento revolucionario). El P.S.O.E. y la U.G.T. al no oponer resistencia al golpe, colaboraron con el régimen en un principio. Además se prohibieron las huelgas y se mantuvo el orden policial en las calles (por ejemplo el somatén nacional, formado por milicias civiles).

• Combatir el caciquismo: los gobernadores civiles fueron sustituidos por personal militar. Los ayuntamientos y diputaciones fueron disueltos y en su lugar se crearon las Juntas municipales. Se elaboró el Estatuto Municipal (1924) y el Estatuto Provincial (1925) por parte de Calvo Sotelo, que buscaba alimentar la autonomía de los municipios. Hubo también intentos de reformar la ley electoral (voto femenino) pero no se llevó a cabo.

• Creación de un nacionalismo de Estado, frente a los nacionalismos periféricos como el catalán o el vasco. De ahí que en Cataluña se adoptaron medidas como la disolución de las diputaciones provinciales y la supresión de la Mancomunidad de Cataluña, además se prohibió el uso de la lengua propia, el himno, la bandera y se suspendió el F.C. Barcelona. En el País Vasco se clausuró el periódico del P.N.V.

• Partido único: la Unión Patriótica. Surgió en el año 1924 con vocación de partido único, al estilo del partido fascista italiano. Su formación fue espontánea entre círculos del catolicismo social que apoyaron a la dictadura tras el pronunciamiento, estando en contra del parlamentarismo caciquil y del liberalismo. Aunque consiguió cierta renovación respecto al acceso a cargos de nuevos políticos, no logró erradicar el comportamiento caciquil, ni lograr una militancia activa y sincera. 

• Solución del problema marroquí: Tras el desastre de Annual, la exigencia de responsabilidades se saldó con la separación del servicio activo del general Berenguer y la condena de algunos oficiales. En el año 1924 el propio Primo de Rivera asumió el papel de alto comisario de Marruecos, el cual organizó junto a Francia una ofensiva militar conjunta por tierra y mar, el Desembarco de Alhucemas (1925), que supuso el inicio de un victorioso avance que culminó en el año 1926 con la derrota del líder rifeño. La victoria de Alhucemas consolidó la posición de Primo de Rivera que pudo implantar un nuevo régimen más duradero, el directorio civil. 

El Directorio Civil (1925-1930)

En septiembre del año 1925 el directorio militar fue sustituido por un directorio civil, que coincidiendo con el triunfo de Alhucemas supuso el mejor momento de la dictadura. 

En el gobierno comenzaron a convivir ministros militares con civiles y se creó un nuevo sistema político, no constitucional, basado en la existencia de un partido único (la Unión Patriótica). Uno de los pilares básicos de la política llevada a cabo durante esta etapa fue la existencia de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), aprobada en septiembre por Real Decreto, en la que se establecía mediante el artículo 15, que pueden formar parte de ella: “varones y hembras, solteras, viudas o casadas, éstas debidamente autorizadas por sus maridos”. El 11 de octubre de ese año, se formaba la Asamblea Nacional con 13 escaños femeninos. La fueron nombradas por destacar dentro en el mundo de la educación, la cultura o la beneficencia: Blanca de los Ríos de Lampérez, Isidra Quesada y Gutiérrez de los Rios, Micaela Díaz y Rabaneda, María de Maeztu, María de Echarri, María López de Sagredo, Concepción Loring y Heredia, Carmen Cuesta del Muro, Teresa Luzzati Quiñones, Josefina Oloriz Arcelus, María López Moleón, María Natividad Domínguez de Roger y Trinidad Von Scholtzhermensdorff  “Duquesa de Parcent”.  Hubo otras dos mujeres elegidas para ser asambleístas, Dolores Cebrián y Fernández de Villegas, esposa de Julián Besteiro y Esperanza García de Torre, esposa de Torcuato Luca de Tena, si bien ambas renunciaron (Grana, Trigueros y Robles, 2019).  

que fue una cámara corporativa que no era elegida por sufragio, y estaba formada por miembros de la Unión Patriótica, representantes de diferentes sectores y actividades y también municipios. Su obra principal fue la elaboración de un proyecto de Constitución en 1928, de carácter fascista que no llegó a aprobarse.

En cuanto a la política económica, la dictadura una vez liberada del problema de Marruecos pudo dedicar sus esfuerzos a lograr la prosperidad económica para España, basada en un intervencionismo estatal y un nacionalismo económico. A esto contribuyó el mantenimiento del orden social y la buena coyuntura económica internacional de los “felices años 20”. En cuanto a las medidas que se aplicaron para reactivar todo el sistema económico estuvieron:

• Fortalecimiento del mercado interior, mediante unos elevados aranceles proteccionistas.

• Medidas proteccionistas para la industria: Se creó el Consejo de Economía Nacional para favorecer la creación de industrias nuevas y desarrollo de las existentes. Se crearon además monopolios como la Compañía Telefónica (1924) o la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo- C.A.M.P.S.A. (1927)

• Participación del Estado en Obras Públicas: Creación de infraestructuras en el FF.CC. (Estatuto Ferroviario) y en carreteras (Circuito Nacional de Firmes). Creación de las Confederaciones Hidrográficas para aprovechamiento agrícola e hidroeléctrico de las cuencas fluviales.

Con respecto a la política social, la dictadura mejoró la política educativa aumentando el número de escuelas primarias y escuelas de trabajo, con el objetivo de bajar el índice de analfabetismo en España. Sin embargo, durante este periodo se limitó la libertad de cátedra y se favoreció la enseñanza privada y religiosa. La política laboral se puso de manifiesto mediante el Estado Corporativo y la intervención del mismo en las relaciones patronos-obreros, tratando de evitar la conflictividad obrera. Para ello se crearon comités paritarios compuestos por partes iguales de obreros y patronos, con un presidente nombrado por el gobierno, donde se discutía sobre sus problemas. Esta política descansó en la Organización Corporativa Nacional (1926) También la Dictadura promovió una extensa legislación social basada en la mejora de las condiciones de los obreros (empleo, subvenciones a familias numerosas, mujer trabajadora, etc.) y que se recogió en el Código de Trabajo (1926). A esto contribuyó la colaboración de la U.G.T. con el régimen.

Evolución política hasta la caída de la monarquía (abril de 1931)

A partir de mediados de 1928 y, sobre todo a lo largo de 1929, la mayor parte de los sectores sociales que habían apoyado a la dictadura se volvieron contra esta. A esto se sumo un enfriamiento de las relaciones entre el dictador y el rey, a quien le desagradaba el mayor protagonismo del dictador, así como la prolongación de un sistema que amenazaba el Estado de derecho según Comellas, (Comellas, 1996: 396). Dentro de los grupos que empezaron a mostrar su oposición a la Dictadura a partir de ese año estuvieron:

• Los intelectuales y estudiantes universitarios: El mundo intelectual apoyó la protesta de los estudiantes universitarios que desde 1925 se agrupaban en la F.U.E. (Federación Universitaria Española) El conflicto estalló en el año 1929 a raíz del intento del gobierno de favorecer a los centros universitarios privados, que provocó el cierre de las universidades de Madrid y Barcelona.

• Nacionalismo Catalán: Se mostró crítico por la política anticatalanista de Primo de Rivera. Destacó la figura de Maciá que planificó una incursión armada desde el exilio, aunque al final no se realizó.

• Republicanos: Durante la Dictadura se produjo un aumento progresivo de la tradición republicana que comenzó a constituirse como opción de cambio de la sociedad española. Los diferentes partidos se reorganizaron en torno a la Alianza Republicana, en el que destacaron personajes como Azaña, Lerroux, Marañón o Blasco Ibáñez.

• P.S.O.E. y U.G.T.: Abandonaron su política colaboracionista con el régimen tras la crisis de 1929, que provocó paro, inflación y caída del comercio exterior.

• Otros grupos: La ilegalizada C.N.T. se reorganizó en la clandestinidad y en el año 1927 se formó la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica)

Aunque estos factores tuvieron un peso importante, en opinión de Susana Sueiro (Sueiro Seoane, 2022), será la falta de un proyecto político coherente que diese la alternativa al sistema de la Restauración de este régimen más cercano a los autoritarismo europeos que al fascismo italiano. 

Sobre esta situación de declive arreció un mal momento económico, en el que las malas cosechas, el deterioro de la balanza comercial y la depreciación de la peseta (de 27 a 33 ptas. la libra), que Calvo Sotelo intentó frenar sin éxito ante la retirada de capitales que los inversores extranjeros habían aportado durante la bonanza económica (Comellas, 1996).

El resultado de todo este cúmulo de problemas fue que, tras una respuesta tibia (o cuanto menos ambigua) a una circular enviada a los capitanes generales sobre la dictadura, se produjo la dimisión, en enero de 1930, de Primo de Rivera, ante lo cual, el rey aceptó y encargó al general Berenguer la formación de un nuevo gobierno.

Con el nuevo gobierno Alfonso XIII pretendía regresar al régimen constitucional de 1876, mas, su participación activa en la Dictadura le restó las simpatías de gran parte de los elementos nacionalistas y liberales que hasta entonces le habían apoyado. Estas fuerzas políticas, junto a intelectuales y organizaciones obreras, se reunieron y firmaron el “Pacto de San Sebastián” en agosto de 1930, en el que se rechazó el gobierno de Berenguer y se propuso un cambio de régimen mediante un golpe militar apoyado por los civiles. Mientras tanto los militares se sumaron al descontento con la sublevación de Jaca en 1930, la C.N.T. y U.G.T. promovieron huelgas en Barcelona y Madrid, y los estudiantes hicieron su propia huelga en enero de 1931.

El Rey ante esta situación decidió cambiar de gobierno nuevamente y en febrero de 1931 se formó el gobierno del almirante Aznar, que tuvo como principal misión la convocatoria de unas elecciones municipales en abril. El 12 de abril triunfaron espectacularmente los candidatos republicanos en las ciudades, allí donde el caciquismo no era tan fuerte, un hecho que hizo ver al Rey la realidad y renunció con ello a la Corona, abandonando España. Se formó así un gobierno provisional que se hizo cargo del país. El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República en medio del entusiasmo popular. 

LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)

La proclamación de la República, la Constitución de 1931 y el Bienio Reformista.

Los resultados de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 produjeron una gran conmoción en España, ya que mientras que en las áreas rurales (aún controladas por los caciques) los partidos monárquicos obtuvieron la mayoría, en las grandes ciudades los candidatos republicanos ganaron con claridad. Daba entonces igual que fueran solo unas elecciones municipales, el rechazo a la Corona fue contundente. El día 13 de abril las calles de las principales ciudades se llenaron de manifestaciones, y el día 14, tras publicar un comunicado, el rey se exilió a París. Ese mismo día tuvo lugar la proclamación de la II República y se formó un gobierno provisional, que estuvo presidido por Niceto Alcalá Zamora y del que formaron parte personajes como Maura, Lerroux, Largo Caballero, Prieto o Azaña. Se trataba de un gobierno de concentración que representaba a todas las fuerzas favorables a la república, siendo la mayoría hombres de clase media, conscientes de la necesidad de modernizar el país.

Una de las primeras acciones políticas de este gobierno fue la de convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes, pero el principal objetivo fue el de asentar la naciente República, y por eso se comenzaron a realizar importantes medidas y reformas urgentes como la concesión de una amnistía general, la proclamación de una serie de libertades políticas y sindicales o determinadas medidas de carácter social como el decreto de laboreo forzoso, el decreto de términos municipales, la jornada laboral de ocho horas y el aumento del salario. Pero en los primeros meses destacaron sobre todo dos actuaciones: el debate territorial y la reforma del ejército. Dentro del primero tuvo lugar la cuestión autonómica, cuando el mismo 14 de abril Francesc Maciá proclamó en Cataluña el “Estado Catalán”. Ante esta situación el nuevo Gobierno republicano tuvo que negociar con el propio Maciá, para que anulara dicha expresión a cambio de un gobierno autonómico provisional de Cataluña, la Generalitat. En cuanto a la reforma del Ejército, fue llevada a cabo por el ministro de Guerra, Azaña, con una ley que facilitaba la retirada del servicio activo de los oficiales y generales que así lo desearan, manteniendo el mismo sueldo. Se trataba de reducir el excesivo número de oficiales que existía en España y evitar la intromisión constante del ejército en los asuntos civiles. También se decretó la supresión de la Academia General de Zaragoza y la creación de la Guardia de Asalto como fuerza de orden público.

Sin embargo, con la proclamación de la República el ambiente social adquirió una tensión preocupante, dando lugar a diferentes conflictos. En mayo de 1931 tuvo lugar un enfrentamiento entre el Gobierno y la Iglesia católica, sobre todo a raíz de la publicación de la pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España, en la que elogiaba al rey y consideraba las medidas del Gobierno como una agresión al catolicismo. Este hecho reavivó los viejos movimientos anticlericales, dando lugar a una serie de disturbios que terminaron con el incendio y la destrucción de edificios religiosos (sobre todo en Madrid y las capitales andaluzas), ante los cuales el gobierno no pudo hacer nada, suponiendo esto un duro golpe a la imagen de la República que en adelante se convertiría para los sectores más católicos como un arma antirrepublicana.

En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, con el fin de dar a la nueva república una constitución. El resultado de las mismas fue ampliamente favorable para la conjunción republicano-socialista que estaba en el Gobierno, y días después se constituyeron las Cortes encargadas de elaborar una nueva constitución. En diciembre se aprobó la Constitución de 1931, que tuvo como objetivo construir un régimen político de carácter democrático. En ella se definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, con una amplia declaración de derechos y libertades: se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza; se contemplaba la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos; incluía la libertad de expresión, reunión y asociación, el derecho de libre residencia y de circulación, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, o la no discriminación por razones de raza, sexo o riqueza; entre otros. 

Es precisamente en este último punto, concretamente al que hace referencia a la segregación por el hecho de ser mujer en el que se inserta la figura de Clara Campoamor, fundadora de la Asociación Liberal Socialista (formación que abandonaría), actividad política a la que se sumó la de conferenciante en la Asociación Femenina Universitaria y en la Academia de Jurisprudencia. Siempre defendió la igualdad de la mujer y la libertad política.

Al constituirse el Gobierno Provisional republicano, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, momento en el que Clara Campoamor desempeña un papel vital para la consecución del voto femenino. En un primer momento no se consiguió un gran avance en este ámbito, pues en 1931, la mujer podía ser elegida, pero no electora. Esto no fue obstáculo para que Campoamor fuese elegida diputada en las listas del Partido Radical. Desde ese puesto, luchó con ahínco por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad legal de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal o voto femenino. Consiguió fácilmente la aprobación de todos estos logros a excepción del último, el voto femenino, que tuvo que ser debatido en el Parlamento. Aquí, Clara Campoamor se encontró con la oposición, no solo de buena parte de los diputados, sino incluso de la otra diputada existente en aquel momento, Victoria Kent, miembro del Partido Radical Socialista, defensora del voto femenino, si bien aseguraba que la mujer todavía no estaba preparada para dar ese paso, que le faltaba formación. Su lema era “el voto femenino sí, pero no todavía”. Pese a la oposición de la otra mujer diputada, Clara Campoamor consiguió convencer al Parlamento y el voto femenino fue aprobado, lo que permitió que las mujeres votaran en las elecciones de 1933.

La Constitución también hacía una mención clara de la laicidad del Estado, no declarando ninguna religión como oficial, estableciendo una libertad de culto y reconociendo el matrimonio civil y el divorcio.

Las Cortes quedaban constituidas por una sola cámara (el Congreso) elegidas para 4 años por sufragio universal, con una función legislativa y de apoyo al ejecutivo; que además debían elegir al presidente de la República con un mandato de 6 años. El poder ejecutivo recaería en el gobierno, y el judicial en jueces independientes.

En cuanto a la cuestión autonómica, la constitución consideraba a la República un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones, dando la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y constituir regiones autonómicas. En el caso de Cataluña, ya contaba con el suyo al acordarse con la proclamación de la República; mientras tanto otras regiones como País Vasco y Galicia tenían preparado ya un anteproyecto.

Con la aprobación de la Constitución de 1931, fue designado como presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y como jefe de gobierno Manuel Azaña. La intención del presidente fue continuar en el nuevo gobierno con la presencia de las fuerzas políticas que estuvieron en el gobierno provisional, aunque poco a poco esta amplia coalición se fue rompiendo. El gobierno de Azaña fue una coalición de republicanos de izquierda y de socialistas que apoyaron su elección, un hecho que no fue aceptado por el resto de sectores políticos, los cuales fueron alejándose cada vez más del gobierno.

En cuanto a las actuaciones políticas, el nuevo gobierno se caracterizó por ser un bienio de reformas, muchas de las cuales ya fueron iniciadas durante el gobierno provisional con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española:

• Política educativa y cultural: Se marcó como gran objetivo hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal. Para ello se continuó con la creación de escuelas primarias que acabasen con el elevado índice de analfabetismo en España, y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Se aumentó el número de maestros y el número de institutos de Bachillerato se duplicó. El presupuesto destinado a educación también creció, siendo este uno de los grandes logros de la república. Además, se prestó gran atención a la cultura y a la formación de investigadores en el extranjero. Dentro de este ámbito destacar las misiones pedagógicas inspiradas en la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza, dieron comienzo en 1931, perviviendo hasta el estallido de la guerra en 1936. Todo ello fue debido a la situación de España con respecto a otros países europeos en materia de educación, pues contaba con una mayoría de analfabetismo del 44´3% localizada principalmente en el ámbito rural con escasos medios y miseria.

• El 29 de mayo de 1931 se creó por Decreto el Patronato de Misiones Pedagógicas con el encargo de «difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural». Dependía del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y estaba dirigido por una Comisión Central, cuya sede se encontraba en el Museo Pedagógico.

• Legislación laboral: Se llevó a cabo por Largo Caballero (socialista) y continuó la ya iniciada durante los primeros meses de la República. El objetivo fue mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros y jornaleros del campo, así como fortalecer a las organizaciones obreras. Destacó la aprobación de la ley de contratos de trabajo, la ley de jurados mixtos y la ley de asociaciones obreras.

• La cuestión autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder autonomía a las regiones que lo solicitasen, y de acuerdo con ésta, en 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña que ponía en manos de la Generalitat la administración, la cultura, obras públicas y orden ciudadano, reservándose el Estado las relaciones exteriores y el ejército. Cataluña tuvo así su propio Parlamento, dominado por Esquerra Republicana, y su propio gobierno, presidido por Francesc Maciá. País Vasco y Navarra, también iniciaron la elaboración de un proyecto de Estatuto, mientras que otras regiones iniciaron estudios y proyectos para conseguir su autonomía, aunque no llegaron a realizarse.

• La cuestión religiosa: Tomando como base la separación de la Iglesia y Estado y la enseñanza laica que establecía la Constitución, se promulgó la extinción en dos años del presupuesto del clero y culto, la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes, además de otros acuerdos como el matrimonio civil, el divorcio, los cementerios civiles y la Ley de Congregaciones Religiosas (mayo 1933) que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Todas estas medidas terminaron por retirar el apoyo de la Iglesia a la República.

• La reforma agraria: Tras la promulgación en los primeros meses de República de varios decretos agrarios, en 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Fue el trabajo más ambicioso llevado a cabo por este gobierno y su principal objetivo fue solucionar la gran problemática agraria que existía en España desde hacía muchísimo tiempo. A comienzos del siglo XX la agricultura española aún presentaba grandes atrasos técnicos, baja productividad, abundante mano de obra barata y un desigual reparto de la propiedad agraria. Mientras que en el norte predominaba la pequeña propiedad, en el centro-sur de la península existían grandes latifundios con un elevadísimo número de trabajadores inmerso en la miseria. Si a esto sumamos la crisis económica mundial existente en estos momentos, el elevado desempleo generó un gran malestar social entre los muchos jornaleros existentes en España. Con la nueva reforma agraria se pretendían entonces solucionar muchos de estos problemas, tratando de redistribuir la propiedad y modernizar el campo. Por eso mediante esta ley se establecía la expropiación, a cambio de una indemnización, de las fincas cuya extensión fuera mayor a la aprobada por las juntas provinciales, aquellas cuyos rendimientos fueran manifiestamente mejorables o que siendo de regadío no se regaran. Las tierras pertenecientes a señores o “grandes de España” podían ser confiscadas sin indemnización. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, del que dependían las juntas provinciales y comunidades de campesinos. El coste total de las indemnizaciones hizo que el proceso fuera lento e ineficaz, además de la fuerte oposición social que provocó en las regiones latifundistas y las propias contradicciones de la dirección política de la reforma. El resultado fue que lo que había sido una reforma esperada con ansiedad, se convirtió en una gran decepción para los campesinos sin tierras, que provocó una fuerte conflictividad en el campo.

Al final los resultados obtenidos de todas estas reformas fueron diversos y en algunos casos llegaron a fracasar. Además, el aumento de la conflictividad social acabó disgustando a la élite económica y social, al tiempo que amplias capas de la clase media vieron las reformas demasiado radicales. Poco a poco se fue formando una importante oposición parlamentaria en torno al Partido Radical de Lerroux, al que se le agregaron otras fuerzas de derecha, monárquicas, católicas y conservadoras, todas ellas unidas en un nuevo partido político. Pero el principal problema del gobierno provino de sectores exteriores al Parlamento, en el que estuvo una parte del ejército y el movimiento obrero y campesino:

• El ejército: Algunas de las reformas llevadas a cabo por el gobierno, entre las que estuvieron el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la reforma militar, no gustaron a parte del ejército y algunos de sus jefes comenzaron a conspirar contra la República. En agosto de 1932 hubo un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo (“Sanjurjada”) que terminó fracasando por tener solo cierto apoyo en Madrid y Sevilla. El gobierno consiguió a raíz de este éxito un importante respaldo para seguir llevando a cabo las reformas.

• Obreros y campesinos: Ya desde finales de 1931 los anarquistas promovieron numerosas huelgas y alteraciones de orden público, ante los cuales la república tuvo que reaccionar aprobando la Ley de Defensa de la República. Mediante esta ley se creó un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia, para actuar contra los que cometieran “actos de agresión contra la República”. En 1933 las huelgas y ocupaciones de tierras por parte de los campesinos se sucedieron por toda España, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Aquí se produjeron graves enfrentamientos con las fuerzas de orden público que terminaron en muchos casos en violencia, como en el pueblo de Casas Viejas (Cádiz), donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de las guardias de asalto y Guardia Civil. Este hecho motivó la caída de Azaña, al cual se le consideró culpable, y después de que los socialistas le retiraran su apoyo.

En otoño de 1933 la crisis del Gobierno republicano-socialista y su desgaste fue evidente. Con la dimisión de Azaña como jefe de gobierno, el presidente de la República otorgó la misma a los radicales de Lerroux con el objetivo de convocar nuevas elecciones a celebrar en noviembre de ese mismo año.

El Bienio Radical-Cedista (1933-1935) y el triunfo del Frente Popular.

En noviembre del año 1933 se celebraron elecciones generales, las primeras democráticas de nuestro país, ya que la nueva ley electoral permitió que las mujeres votaran por primera vez y favoreció las alianzas entre los pequeños partidos. A estas elecciones se presentaron una izquierda desunida por la separación de socialistas y republicanos de izquierda, y una derecha unida en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) presidida por Gil Robles. Los resultados dieron como vencedores a los partidos de la derecha con la CEDA (115 escaños), seguidos por el partido Radical (102 escaños), mientras que los republicanos de izquierda y los socialistas tuvieron que conformarse con 95 escaños. Tras las elecciones, Alcalá Zamora entregó la jefatura de gobierno al líder del partido Radical (Alejandro Lerroux), que gobernó en colaboración con la CEDA. El nuevo gobierno formado fue reaccionario y durante el mismo se produjo un desmantelamiento de la política reformista del primer bienio, en el que se rectificaron o suspendieron algunas de las reformas del periodo de Azaña:

• En política religiosa: Se llevó a cabo un restablecimiento de los haberes del clero, aprobando un presupuesto de culto y clero. Se iniciaron además negociaciones para firmar un nuevo concordato con la Santa Sede.

• Se concedió la amnistía a los condenados por el fallido golpe de Estado de 1932, entre ellos Sanjurjo, y colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera como Calvo Sotelo.

• En política agraria: Se continuó con la Ley de Reforma Agraria, pero se añadieron nuevos decretos que la modificaban, como la anulación de la expropiación de tierras de la alta nobleza o la concesión de total libertad de contratación, en la que los patronos dejaron de contratar a los jornaleros sindicados o que habían apoyado a la izquierda. Todo esto trajo consigo una desaceleración de la Reforma Agraria, donde los salarios agrícolas volvieron a caer y la conflictividad en el campo fue en aumento.

• En la cuestión autonómica: El gobierno se enemistó con los nacionalistas vascos, al paralizar en las Cortes el debate sobre el proyecto de su estatuto. En 1934 surgió otro conflicto con la Generalitat de Cataluña, tras la aprobación por parte del parlamento catalán de la ley de Contratos de Cultivo, mediante la cual los campesinos arrendatarios de las viñas (parte importante del electorado de Esquerra, partido que gobernaba) podían acceder a la propiedad de las tierras, pagando un precio previamente tasado a los propietarios. El problema era que la capacidad para legislar en materia social pertenecía al Gobierno Central, lo que supuso un choque entre la Generalitat y Madrid.

En el otoño de 1934 el clima de agitación social, la división interna de los radicales, el enfrentamiento con los nacionalistas vascos y catalanes, la radicalización del PSOE y la presión de la CEDA, provocaron una crisis en el gobierno. Los partidos izquierdistas esperaban que Alcalá Zamora convocase nuevas elecciones, pero este encargó a Lerroux que formara nuevo gobierno, permitiendo la entrada de tres ministros de la CEDA. Esta fue la chispa que provocó la revolución de 1934, ya que los republicanos de izquierda consideraron la entrada de la CEDA en el gobierno como una traición a la República, y la entrada supuesta de la ideología fascista en el mismo (en España Gil Robles, líder de la CEDA, fue considerado representante de esta tendencia que ya había triunfado en Alemania e Italia).

Por todo esto el 5 de octubre, se produjeron huelgas y manifestaciones contra el gobierno en algunas grandes ciudades, aunque el eco de las mismas fue muy desigual en toda España y el movimiento acabó fracasando. Esto fue debido a la falta de coordinación de UGT y CNT y la rápida respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra. Aun así, los acontecimientos fueron especialmente graves en Cataluña y Asturias:

• En Cataluña el presidente de la Generalitat, Luis Companys, se sumó a la insurrección y proclamó el “Estado catalán dentro de la República federal de España”. Al mismo tiempo una alianza de partidos y sindicatos de izquierda (sin la CNT) organizó una huelga general. Al final el ejército acabó controlando la situación, causando varias muertes y encarcelando a su gobierno.

• En Asturias, la UGT y la CNT se presentaron unidas y convocaron una huelga general en la cuenca minera asturiana, siguiendo el modelo de la revolución bolchevique rusa. Los mineros, que disponían de dinamita y armas de contrabando, se apoderaron de la mayor parte de las ciudades y de Oviedo utilizando como lema U.H.P. (“Uníos hermanos proletarios”). Los ayuntamientos se sustituyeron por comités obreros que se hicieron cargo del abastecimiento, transportes y suministro de productos. El gobierno ante esta revolución decidió enviar a las fuerzas de la legión extranjera y de los regulares (cuerpos de élite del ejército africano), dirigidos por el general Yagüe y Franco, que consiguieron derrotarlos con una tremenda represión donde murieron entre 1.500 y 2.000 personas y fueron detenidas hasta 30.000 personas.

Con la revolución de 1934 y su posterior represión se abrió una profunda brecha entre la izquierda y la derecha en el que la guerra civil parecía ya inevitable. Precisamente en el año 1935, Lerroux tuvo que acceder a formar un nuevo gobierno en el que el número de ministros de la CEDA se elevó a cinco, entre ellos Gil Robles. A partir de ese momento se aceleraron las rectificaciones de las reformas republicanas, en el que se desmontaron las reformas sociales y laborales (entre ellas la ley de la Contrarreforma Agraria que liquidaba los proyectos de reforma agraria de 1932); se planteó una reforma constitucional en el que se revisaría la política religiosa; y se llevó a cabo una política de cambios en los mandos militares. En octubre de ese mismo año estallaron una serie de escándalos políticos que precipitaron el final de este bienio, con el escándalo financiero del “Straperlo” que afectó al propio Lerroux, su hijo y otros miembros del partido Radical; y el escándalo Nombela, que vino a ser un trato de favor por parte del gobierno a una empresa naviera. Esta situación motivó la dimisión de Lerroux e hizo que Gil Robles exigiera a Alcalá Zamora que le designase como jefe de Gobierno. El presidente desconfiaba de él y nombró como jefe de gobierno a Portela Valladares, que convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

Las últimas elecciones de la II República tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936 y a ellas se presentaron muchos partidos, aunque agrupados en dos grandes bloques políticos:

• Los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas): Se agruparon en un bloque denominado Frente Popular, con un programa político pactado que consistía en recuperar las grandes líneas de actuación del bienio azañista, la amnistía para los presos políticos y la revisión del orden público. Los anarquistas no se presentaron pero por primera vez pidieron el voto para el Frente.

• Los partidos de derecha: Formaron como reacción otra coalición electoral liderada por la CEDA, junto a los monárquicos del Bloque Nacional, agrarios y otros grupos que se denominaron Frente Nacional. La F.E. y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) no pudo entrar en la coalición porque no había escaños suficientes para repartir entre todos.

Los resultados fueron muy ajustados y dieron la victoria al Frente Popular con un 48% de los votos. Como aspecto llamativo destacó la prácticamente desaparición del partido Radical que quedó reducido a 5 escaños. Con la formación de las Cortes se decidió la destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República y se eligió para este cargo a Manuel Azaña, siendo designado como jefe de gobierno Casares Quiroga.

Inmediatamente el nuevo gobierno puso en marcha las propuestas del programa electoral entre las que estuvieron: la aceleración de la reforma agraria; la liberación de los presos políticos de la revolución de octubre de 1934; la vuelta del estatuto de Cataluña y la preparación de la autonomía del País Vasco y Galicia; un programa de instrucción pública; la lucha contra el paro; y un distanciamiento de los generales golpistas (Goded a Baleares y Franco a Canarias) Se trataba de una continuación del programa reformista del bienio azañista e incluso se recibió el apoyo de algunos representantes de la CEDA.

No obstante, la tensión social fue en aumento y muy pronto la tarea gubernativa se vio desbordada por numerosos problemas: Desde la izquierda los sindicatos UGT y CNT actuaron muchos más unidos, y se lanzaron a una importante movilización obrera con nuevas huelgas que afectaron a todos los sectores. En el campo, la impaciencia creció y se produjo una ocupación de tierras y respuestas violentas de patronos y fuerzas del orden. Desde la derecha la FE de Primo de Rivera actuó como fuerza de choque en la calle, mientras que la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Cientos de asesinatos, incendios de iglesias y escaramuzas públicas convirtieron la violencia en la principal arma política, sin que el gobierno de Casares Quiroga pudiera controlar el orden público.

A este problema se le unió la organización de una conspiraron militar contra la República, que partió de algunos mandos militares desde el mismo día de las elecciones. En los primeros momentos la conspiración tuvo escasa fuerza y mala organización, hasta que se puso al frente el general Mola. El gobierno no prestó demasiada atención a la preparación de esta sublevación, a pesar de los rumores que circularon sobre ella, pero sí tomó algunas medidas como el desplazamiento de los generales derechistas de dudosa lealtad republicana, a destinos considerados poco peligrosos (Goded a Baleares, Franco a Canarias y Mola a Pamplona) 

La conspiración militar contó con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha (monárquicos, carlistas, cedistas, falangistas, etc.) Su estrategia consistió en provocar desórdenes y exagerar su alcance para justificar un golpe de estado militar. Los actos violentos de Falange fueron respondidos del mismo modo por grupos izquierdistas. Mientras tanto el general Mola fue ganando adeptos para su plan, consistente en un levantamiento militar que acabara con el gobierno del Frente Popular y que se sustituyera por un Directorio Militar. El asesinato de Calvo Sotelo, el día 13 de julio, como respuesta al asesinato del teniente Castillo, militante socialista y perteneciente a la Guardia de Asalto, acabó con las últimas vacilaciones y aceleró los planes golpistas.

El día 17 de julio de 1936 se inició la sublevación en Melilla, Ceuta y el Protectorado español en Marruecos y un día después, el 18 de julio, llegó a la Península. Se inició la Guerra Civil española, que se prolongó durante tres años.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

La sublevación militar. Desarrollo de la guerra civil e internacionalización del conflicto 

Son varias las interpretaciones que los historiadores han dado sobre las causas que dieron lugar a la Guerra Civil española. El origen de las mismas se sitúa en el comienzo de la España Contemporánea, con la caída del Antiguo Régimen, y termina con la oposición de buena parte de los sectores conservadores españoles a la democratización política y reformas sociales de la II República. La Guerra Civil se convirtió así en el desenlace final de un enfrentamiento entre dos maneras incompatibles de entender España.

Tras la victoria electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, la situación política y social fue empeorando cada vez más, con un clima de radicalización y violencia callejera entre grupos izquierdistas y derechistas. Mientras tanto, un grupo de oficiales militares conspiraba contra el gobierno y preparaba un posible golpe de Estado, aunque todavía reinaba la incertidumbre entre los mismos. El día 12 de julio se produjo el asesinato por parte de un grupo de falangistas del teniente Castillo, militante socialista y miembro de las Guardias de Asalto, los cuales, como represalia, respondieron con el asesinato el día 13 de julio de Calvo Sotelo, líder derechista del Bloque Nacional. Aprovechando el impacto emocional que supuso este acontecimiento, los militares decidieron adelantar los hechos e iniciaron su acción golpista.

El día 17 de julio de 1936 el coronel Yagüe, jefe militar de la Legión, se levantó en armas contra la República en Melilla, y el movimiento se extendió rápidamente al resto de tropas del protectorado español en Marruecos, que se pusieron al mando del general Franco. Entre los días 18 y 20 de julio la sublevación llegó a la Península, aunque los resultados fueron muy diversos. En las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y zonas industriales de Asturias, País Vasco y Santander, la sublevación militar no triunfó, fue abortada y parte del ejército, Guardia Civil y Guardias de Asalto permanecieron fieles a la República. Lo mismo ocurrió en la zona de Levante, Castilla-La Mancha y gran parte de Andalucía. Sin embargo, en las zonas más rurales y conservadoras: Galicia, Castilla y León y Navarra (controladas por Mola), Zaragoza, algunas ciudades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz), parte de Extremadura, Canarias y Mallorca, la sublevación militar sí tuvo éxito.

En opinión de Juan Avilés Farré el triunfo parcial de la sublevación provocó una revolución obrera en la otra mitad en la que fracasó dicho alzamiento.

Desde el 20 de julio se pudieron ver claramente dos Españas enfrentadas que defendían principios irreconciliables: la España rural y agraria, de mayoría católica, que apoyó “Alzamiento Nacional”, y la España más moderna e industrial, en manos del gobierno y organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular. Se desencadenó así una cruenta guerra civil que se alargó mucho en el tiempo, y que dividió al país en dos bandos:

• Los sublevados, llamados a sí mismos como “los nacionales”, justificaron su acción para restablecer el orden y acabar con los enemigos del país. Contaron con el apoyo de las oligarquías tradicionales (terratenientes, banqueros…) pequeños propietarios, clase media católica, partidos de derecha (CEDA) y de extrema derecha (FET) y la Iglesia católica. 

• Los republicanos, fieles al régimen democrático, entre los cuales fueron ganando posiciones los sectores radicales, anarquistas y comunistas. 

Una de las razones por las que la guerra se prolongó tanto en el tiempo fue por la intervención internacional. Precisamente el conflicto se vivió en Europa como un enfrentamiento entre el fascismo y el socialismo o comunismo, así como una confrontación entre las fuerzas democráticas y los regímenes fascistas en ascenso. Todo ello en un momento crítico en las relaciones internacionales, en el que el régimen nazi de Hitler iniciaba sus golpes de fuerza con las reivindicaciones territoriales de Checoslovaquia y Polonia y la política de rearme; mientras que en algunos países europeos comenzaban a formarse alianzas de los partidos de izquierda que, bajo el nombre de “Frente Popular”, pretendían parar el ascenso del fascismo. La URSS, con Stalin a la cabeza, animó la formación de estos movimientos y financió a los partidos comunistas que adquirieron un mayor protagonismo. A finales de agosto de 1936, una veintena de países encabezados por Francia e Inglaterra, en el que se incluyeron Alemania, Italia y la URSS, crearon un Comité de No Intervención en la guerra española, por el que se prohibió la exportación a España de armas, municiones y todo tipo de material de guerra. No obstante, el acuerdo terminó siendo una farsa, ya que en la práctica sólo fue respetado por las potencias democráticas, mientras que Alemania e Italia apoyaron descaradamente a los sublevados.

La República recibió inmediata ayuda de material militar de la URSS y en menor cantidad de Francia y México. La ayuda soviética se pagó con el oro del Banco de España (510 toneladas con un valor de 530 millones de dólares). La ayuda humana llegó a la República a través de las Brigadas Internacionales: unos 60.000 hombres de 30 países, sin demasiada experiencia militar, pero disciplinados que vinieron bajo el lema: “España será la tumba del fascismo”. Eran de ideología comunista (80%), socialista o liberal, obreros, periodistas, intelectuales, funcionarios, parados, o aventureros. Vinieron a España para luchar contra la propagación del totalitarismo en el continente europeo y para salvar la democracia republicana en España. Su intervención ayudó a detener al ejército rebelde a las puertas de Madrid en el otoño de 1936. Fueron retirados de España a finales de 1938 y unos 18.000 de ellos quedaron enterrados aquí. 

 El bando sublevado recibió ayuda de Italia y Alemania de forma masiva y pagadera en materias primas, especialmente en minerales. A Alemania le interesaba la victoria de Franco para aislar a Francia de sus colonias en caso de una guerra europea, organizó la Legión Cóndor (carros de combate y fuerza aérea), facilitando además el traslado de las tropas marroquíes por el estrecho. A Italia también le interesaba la victoria de los rebeldes con vistas a obtener un importante aliado en el Mediterráneo Occidental, dentro de sus aspiraciones imperiales en el norte de África, y para ello aportó numerosos soldados del “Corpo di Truppe Volontarie”. Portugal, con un régimen de dictadura, apoyó a los rebeldes proporcionando unos millares de combatientes (los Viriatos); igual hizo Irlanda con la llamada “Legión de San Patricio”. También se obtuvo ayuda financiera de capitalistas españoles y de grandes compañías multinacionales angloamericanas.

En cuanto al desarrollo militar de la guerra, el conflicto atravesó por varias fases en las que las grandes batallas se centraron en un principio en la toma de Madrid, posteriormente en la zona Norte y finalmente en la zona mediterránea. La duración total fue de tres años (1936-1939):

Primera fase: la guerra de columnas y la lucha por Madrid (julio 1936-marzo 1937)

El planteamiento inicial de los sublevados consistió en tomar rápidamente Madrid, símbolo del poder republicano. Para conseguirlo, el plan fue avanzar desde dos direcciones simultáneas, el norte y el sur. Tras cruzar el Estrecho con ayuda de aviones italianos y alemanes, las tropas de legionarios y regulares al mando del general Franco, avanzaron desde el sur siguiendo el modelo de guerra colonial (pequeñas columnas ligeras a pie o en camiones), tomaron Badajoz, Mérida y Talavera de la Reina, y enlazaron con las tropas formadas por el general Mola desde el Norte. La caída de Madrid parecía inminente, pero acabó retrasándose porque Mola quedó detenido en el Guadarrama, y Franco se desvió hacia Toledo (septiembre de 1936) para liberar a los militares sitiados en el Alcázar por los republicanos. Este retraso permitió a Madrid organizar su defensa y buscar refuerzos para el asedio. Precisamente en el bando republicano los comienzos no fueron muy favorables, existiendo un gran desorden en el que actuaron milicias populares con escasa disciplina, a las que el Gobierno entregó armas. Aun así consiguieron detener a las tropas de Mola, mientras que a finales de octubre se decretaba la movilización general para defender Madrid, en la que participaron miles de hombres y mujeres.

La batalla por Madrid empezó en noviembre de 1936, en el que las tropas sublevadas intentaron atacar frontalmente la capital. El 6 de noviembre el gobierno republicano decidió trasladarse a Valencia por motivos de seguridad, dejando el mando a una Junta de Defensa dirigida por el teniente coronel Rojo y el general Miaja. La llegada de las primeras Brigadas Internacionales, la resistencia civil y la ayuda rusa, contribuyeron a que finalmente la ciudad de Madrid resistiera y fracasara el intento de ocupación por parte de los sublevados.

En los siguientes meses, tras el fracaso de la toma de Madrid, Franco realizó dos maniobras envolventes para aislar la capital. La primera produjo la batalla del Jarama en febrero de 1937, pero los sublevados fueron nuevamente detenidos por los republicanos; y la segunda terminó con la batalla de Guadalajara en marzo de 1937, en la que Franco contó con la ayuda de tropas y armamento italiano, pero la contraofensiva del general Rojo les obligó a retirarse. No ocurrió lo mismo en el sur, donde los republicanos perdieron Málaga en febrero de 1937.

Segunda fase: la ocupación de la zona Norte (abril-octubre 1937)

La fuerte resistencia de Madrid obligó a los sublevados a cambiar de estrategia, centrando sus esfuerzos a partir de entonces en ocupar la zona norte republicana. Este territorio abarcaba gran parte de la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y parte del País Vasco), pero había quedado aislado del resto de la España republicana y además estaba fragmentada políticamente. Franco decidió ir ocupando poco a poco esta zona, sobre todo por la existencia de importantes recursos mineros, siderúrgicos e industriales. Los principales combates tuvieron lugar entre abril y octubre de 1937, en los cuales tuvo lugar el bombardeo de Guernica por la aviación nazi (Legión Cóndor), cayó la ciudad de Bilbao, los italianos consiguieron entrar en Santander y finalmente fue ocupado Asturias. 

Para tratar de desviar la atención de los sublevados y su presión sobre el Norte, el ya general republicano Rojo diseñó varias ofensivas de distracción, como el ataque a Brunete (Madrid) y Belchite (Zaragoza), aunque ambas fracasaron y pusieron de manifiesto la incapacidad del Ejército republicano, que no supo aprovechar el éxito inicial conseguido en Madrid. Con la derrota de los republicanos en la zona Norte, los sublevados consiguieron un territorio de gran importancia económica, reforzando además su posición internacional.

Tercera fase: el avance a la zona mediterránea (noviembre 1937-noviembre 1938)

A finales del año 1937 los republicanos todavía confiaban en la victoria, se realizaron una serie de reformas en el ejército y se nombró al general Rojo como jefe del Estado Mayor republicano. Con el nuevo ejército se llevaron a cabo nuevas ofensivas, en las que destacó la batalla de Teruel, una de las más crueles de la guerra, que los republicanos llegaron a ocupar en enero de 1938, aunque un mes después volvía a caer en manos del ejército de Franco. El desgaste sufrido por parte de los republicanos en la defensa de la ciudad (grandes pérdidas humanas y de armamento), junto con el hundimiento de la moral y las tensiones políticas republicanas, fue aprovechado por las tropas franquistas, las cuales iniciaron una ofensiva por Aragón atravesando el Maestrazgo y llegando al Mediterráneo en Vinaroz (Castellón) en abril de 1938. Desde entonces el territorio republicano quedó dividido en dos partes, quedando Cataluña aislada del resto, pero la ofensiva franquista se dirigió hacia el Sur, con el objetivo de llegar hasta Valencia.

La última gran batalla de la guerra tuvo lugar en julio de 1938, la batalla del Ebro, la más sangrienta de la guerra. La situación se estaba volviendo desesperada para los republicanos y tras recibir nuevo armamento, su ejército se reorganizó desde Cataluña y decidió lanzar una ofensiva desde Tarragona cruzando el río Ebro, donde consiguieron hacerse fuertes resistiendo durante unos meses. Franco lanzó entonces una contraofensiva, participando la aviación alemana e italiana, y en noviembre de 1938 el ataque republicano quedó completamente detenido. A raíz de esta derrota, las fuerzas republicanas quedaron mermadas y desorganizadas, el final de la guerra se acercaba.

Última fase: el final de la guerra (noviembre 1938-abril 1939)

Entre diciembre de 1938 y enero de 1939 tuvo lugar la campaña para ocupar Cataluña por parte de las tropas franquistas. Los republicanos apenas opusieron resistencia y tras Lérida y Tarragona, Barcelona fue tomada a finales de enero de 1939, cayendo pocos días después Gerona. Una gran cantidad de personas, civiles y militares, acudió en masa hacia la frontera francesa huyendo de las tropas franquistas (entre ellos Manuel Azaña). En febrero de 1939 la zona republicana, dirigida ahora por Juan Negrín, ya solo comprendía Madrid, La Mancha y la región mediterránea desde Valencia hasta Almería. Se trataba de resistir y reorganizar el ejército, prolongando el conflicto ante el inminente estallido de una guerra mundial que permitiera a la república encontrar aliados. Esta iniciativa se truncó a comienzos de marzo, cuando tuvo lugar una sublevación contra el gobierno republicano dirigida por el coronel Casado, que pretendió poner fin a la guerra civil mediante un acuerdo, entre militares, que limitara las represalias de los vencedores. Casado controló Madrid tras un duro enfrentamiento con los comunistas, creando una Junta de Defensa que negociara la paz con Franco, quien solo aceptó una rendición sin condiciones y obligó a entregar las armas. El día 28 de marzo, las tropas nacionales entraron en Madrid sin apenas resistencia y durante los siguientes días, la zona mediterránea también era ocupada. El 1 de abril se emitía el último parte de guerra en Burgos, que anunciaba que “la guerra ha terminado”.

La guerra civil: evolución política en las dos zonas y sus consecuencias 

Cuando tuvo lugar la sublevación, el gobierno republicano dirigido por Casares Quiroga presentó su dimisión que, tras ser sustituido por otro nuevo, dio paso al gobierno de José Giral. Durante su jefatura, había que organizar apresuradamente una fuerza militar que fuera capaz de oponerse a los sublevados, pero el estallido de la guerra provocó un gran entusiasmo revolucionario que desbordó al Gobierno e hizo derrumbarse a algunas instituciones. Los poderes regionales y locales comenzaron a operar al margen del Estado y de ahí que el Gobierno decidió entregar las armas a las milicias de los partidos y sindicatos. Como consecuencia, dentro del territorio republicano emergió una estructura de poder popular llamada a defender la legalidad republicana.

En septiembre del año 1936 se formó un Gobierno de coalición dirigido por Largo Caballero, que aglutinó diferentes tendencias políticas (nacionalistas, partidos republicanos, socialistas, comunistas e incluso la CNT) con el objetivo de concentrar fuerzas y ganar la guerra. Al mismo tiempo el Gobierno de la República decidió trasladarse a Valencia ante el inminente ataque de Madrid por parte de los sublevados, dejando la ciudad bajo la autoridad de una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja. Desde su nueva plaza, el gobierno continuó con su política de reformas en el que la Guardia Civil se transformó en Guardia Nacional Republicana, se incautaron tierras e industrias abandonadas por sus dueños, se siguió adelante con la reforma agraria y se entregaron más tierras que nunca a los campesinos, se nacionalizaron el ferrocarril, algunos bancos, CAMPSA y las compañías eléctricas, y se devolvió el estatuto de autonomía a los vascos. Paralelamente a esto, los anarquistas llevaron a cabo su revolución social espontánea en Cataluña y expropiaron tierras e industrias para colectivizarlas.

Esto no fue óbice para que una serie de fracasos militares desembocarán en un enfrentamiento entre las fuerzas republicanas, lo que afectó al propio desarrollo de la guerra. Un sector formado por el Partido Comunista de España, cuyo protagonismo aumentó gracias al apoyo ruso y su disciplina interna, unido a parte de los socialistas y republicanos, era partidario de conseguir una alianza con las clases medias y controlar las experiencias colectivizadoras, ganando primero la guerra; sin embargo otro sector formado por anarquistas y comunistas del POUM (Partido Obrero Marxista), consideraba que había que llevar a cabo una revolución y colectivización para poder contar con el apoyo popular y ganar la guerra. Como resultado de estos enfrentamientos, en mayo de 1937 tuvo lugar una crisis de gobierno que terminó con la dimisión de Largo Caballero.

Tras los hechos de mayo, Manuel Azaña encargó la formación de un nuevo gobierno al socialista Juan Negrín, que dio prioridad al esfuerzo militar reforzando el poder central, unificando la dirección de la guerra y controlando la producción industrial y agraria. También se decidió cambiar la sede del Gobierno de Valencia a Barcelona. Aunque el gobierno de Negrín defendió a ultranza este esfuerzo militar y la resistencia, la dificultad para frenar el avance de las tropas franquistas obligó a buscar una salida negociada a la guerra, sin embargo, la vida era ya sumamente difícil en el territorio republicano y el golpe de Estado dirigido por el coronel Casado, buscó sobre todo finalizar la guerra.

La evolución política de la España sublevada

La muerte del general Sanjurjo en accidente de aviación en julio de 1936, cuando se dirigía a Burgos a encabezar la rebelión, planteó un problema inicial de liderazgo en el territorio de la España sublevada. Sin embargo no tardó en formarse en Burgos una Junta de Defensa Nacional, integrada por militares (Franco, Mola, Queipo de Llano...) y presidida por Cabanellas, cuya misión fue gobernar el territorio ocupado. Al alargarse el conflicto, pronto se vio la necesidad de unificar el mando, en un contexto en el que el general Franco fue ganando cada vez más adeptos. El 1 de octubre de 1936 se publicó un decreto que lo nombraba como Jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos españoles. La Junta de Defensa se transformó en Junta Técnica del Estado, con sede en Valladolid y Burgos, mientras que el cuartel general de Franco se trasladó a Salamanca.

Para conseguir una mayor cohesión e inspirándose en el modelo de Estado fascista italiano y alemán, Franco dio a conocer el Decreto de Unificación (abril de 1937) por el que se creaba un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que acabó con la rivalidad entre carlistas y falangistas, y el que se integraron las demás fuerzas de los sublevados. Franco sería desde entonces el Jefe Nacional de este partido único, adoptando en gran parte su ideología.

En enero de 1938 se formó el primer Gobierno de Franco, que concentró la jefatura de Estado y la presidencia del Gobierno, el cual pasó a ser llamado a partir de entonces Caudillo de España. El nuevo estado se inspiró en el fascismo y defendió un modelo social basado en la tradición y el catolicismo. Se abolió la legislación republicana en materia económica, social y laboral; se suprimieron las libertades religiosas, política, sindical y de prensa; se suspendieron los estatutos de autonomía y se reestableció la pena de muerte. Desde julio de 1937 el nuevo Estado contó además con el apoyo de la Iglesia Católica.

Las consecuencias de la guerra

Desde el punto de vista demográfico, se ha especulado mucho con la cantidad real de víctimas que dejó la guerra. Gabriel Jackson eleva el número de muertos por enfrentamiento directo, represión en ambos bandos y enfermedades a unos 580.000. A esto habría que añadir el número de heridos, que pudo ser de 400.000, más el medio millón de españoles salieron desde Cataluña en 1939.

Desde el punto de vista material, la destrucción causada por la guerra fue inmensa y se destruyeron gran parte de las infraestructuras y las comunicaciones (ferrocarriles, puentes, carreteras, instalaciones industriales…). Los bombardeos afectaron a numerosas ciudades y pueblos, más de 250.000 casas quedaron destruidas y gran parte de los campos de cultivo quedaron devastados. Todo esto trajo consigo el hambre y el desabastecimiento en las grandes ciudades.

En el plano económico, la guerra supuso unas pérdidas cifradas en unos 30000 millones de pesetas de 1935. Las reservas de oro del Banco de España trasladadas a Moscú acabaron esfumándose, mientras que las deudas de los vencedores contraídas con sus aliados alemán e italiano tardaron muchos años en pagarse. España entró en una etapa de estancamiento, que se prolongó aún más por la Segunda Guerra Mundial, viviéndose una larga postguerra que duró hasta finales de los años cincuenta. La mayoría de la población española tuvo que sufrir los efectos del racionamiento y privación de bienes de consumo.

En cuanto a las consecuencias sociales, la sociedad española quedó marcada tristemente por la guerra. Tres años de conflicto fratricida dejaron abiertas muchas heridas y rencores, que todavía en la actualidad aparecen en ocasiones. Además, el régimen impuesto por los vencedores no hizo mucho por frenar ese daño moral y favorecer la reconciliación de las dos Españas.

Con respecto a la cultura española, las consecuencias fueron importantísimas, puesto que se destruyó todo el esfuerzo de regeneración cultural y educativa que se había iniciado tras la crisis de 1898. Durante el franquismo llegaron a ser ejecutados o destituidos más del 60% de maestros y profesores. Además, gran parte de los intelectuales de la generación del 27 e importantes científicos y artistas murieron o acabaron en el exilio. 

En política, el final de la guerra supuso acabar con el segundo intento modernizador y democratizador de España durante la II República. A partir de ahí se abrió un largo periodo de represión, falta de libertad política y supresión de los derechos fundamentales. España además fue aislada política y económicamente durante veinte años.

LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 Fundamentos ideológicos y evolución política

Con el final de la Guerra Civil y el triunfo del bando franquista, finalizó la legalidad republicana y comenzó una nueva etapa en España dirigida por el general Francisco Franco, con una dictadura que duró casi 40 años. Precisamente la victoria le otorgó un poder absoluto con el que se construyó un nuevo régimen político, para el cual se establecieron unos fundamentos ideológicos muy claros inspirados en la sublevación del 18 de julio de 1936:

• Unidad de España y centralismo: Se suprimen los estatutos de autonomías y se fomenta el castellano como única lengua.

• Franco concentró los máximos poderes en sus manos (Jefatura de Estado, Gobierno, Ejército, partido y sindicato único)

• Se rechaza el liberalismo político y la democracia parlamentaria.

• Se implantó un nacionalcatolicismo, con el fuerte apoyo de la Iglesia al régimen franquista.

• Fuerte postura antimarxista y anticomunista.

Una de las características del franquismo fue que se apoyó en tres pilares ideológicos básicos, que han sido conocidos como las “familias políticas” del régimen (Ejército, Iglesia y Falange). El Ejército participó activamente en el poder y fue clave por su fidelidad a Franco y al régimen. La Iglesia, institución legitimó moralmente a la dictadura y a cambio recibió gran poder. La Falange, como partido único, controló bajo la supervisión de Franco la sociedad y los medios de comunicación. Junto a estos grupos, el franquismo también recibió el apoyo social de la burguesía, los terratenientes y la mayoría de católicos. La clase media se mantuvo pasiva y apolítica.

En lo referido a la evolución política, con el final de la guerra se construyó un nuevo Estado, en el que Franco acaparó todos los poderes. Hasta 1942 destacó la figura de Ramón Serrano Suñer en la vida política española, a partir de esta fecha la figura del almirante Carrero Blanco irá creciendo dentro del aparato del poder del régimen. 

Entre el año 1939 y 1959 tuvo lugar la institucionalización del régimen político, con un sistema mixto basado en el autoritarismo de Franco y la ideología fascista de la Falange, que carecía de una constitución, aunque fue dotado de unas Leyes fundamentales que se dieron en función de las necesidades y evolución del régimen: 

• Fuero del Trabajo (1938) que recogía los principios generales de la futura legislación social.

• Ley de Unidad Sindical (1940) de la que nacieron los sindicatos verticales, a los que todos los trabajadores tenían que pertenecer bajo la jerarquía de la Falange.

• Ley de Cortes (1942) que tuvieron una función consultiva, ya que el poder legislativo residía en el Jefe de Estado. Los proyectos de ley los hacía el gobierno y las Cortes los aprobaban. Sus miembros eran nombrados por el jefe de Estado, procedentes de las corporaciones locales.

• Fuero de los Españoles (1945) que aceptaba una serie de derechos individuales y obligaciones de los españoles, así como la confesionalidad católica del Estado.

• Ley de Administración Local (1945) que establecía la forma de acceso a los cargos municipales.

• Ley de Referéndum Nacional (1945) que recogía la posibilidad de someter a referéndum un proyecto de ley elaborado por las Cortes de excepcional importancia, para su aprobación.

• Ley de Sucesión (1947) que afirmaba el carácter vitalicio de la jefatura de Franco, definía a España como un reino y regulaba el mecanismo de sucesión tras la muerte del dictador, con una monarquía tradicionalista en la que Franco se reservaba el derecho a designar a la persona que le sucedería.

• Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) que reproducía la nueva reafirmación de los viejos valores doctrinales del régimen (antimarxismo, antiliberalismo y nacional-catolicismo.)

Con el estallido de la II Guerra Mundial, España se identificó con las potencias del Eje por afinidad ideológica y por interés (pasó de la neutralidad a la no beligerancia en 1940). La entrevista entre Hitler y Franco en Hendaya terminó sin acuerdo, ya que España estaba en malas condiciones y además Hitler no le ofreció la ayuda solicitada. Esto no evitó el envío de la “División Azul” al frente ruso, con voluntarios falangistas. Desde 1943, a raíz de las dificultades vividas por las potencias del Eje, Franco se apartó del fascismo, lo que no evitará que, con el final de la guerra y mediante resolución de la ONU (1946), España quedó aislada diplomática, política y económicamente. Fue con el inicio de la Guerra Fría, cuando EEUU vio la posibilidad de un Franco aliado en su lucha contra la URSS. Poco a poco se presionó para que se levantara el aislamiento internacional. Desde 1948, los embajadores regresaron a España, se entró en la UNESCO, se firmaron acuerdos económicos con los EEUU a cambio de la instalación de bases militares en territorio español, y se produjo la entrada en la ONU (1955). En 1959 el presidente de los EEUU, Eisenhower, visitó España.

Entre 1959 y 1973, la economía española creció a un ritmo sin precedentes en la historia del siglo XX. El pacto con los Estados Unidos y el ingreso en la ONU y en otros organismos internacionales, supusieron una importante transformación económica y social. En este contexto el franquismo intentó llevar a cabo una modernización de su estructura política, todo ello sin modificar los principios esenciales del régimen. Los rasgos más importantes que caracterizaron la política en este periodo fueron:

• La incorporación de los tecnócratas a los puestos de mayor responsabilidad del gobierno, entre los que se encontraban ministros como Ullastres, Rubio, López Rodó… Su deseo fue el de evitar un cambio democrático y continuar con la dictadura, a través de una eficaz actuación del gobierno que garantizara la tranquilidad y mejora del nivel de vida material de los españoles. Los tecnócratas fueron aperturistas en materia económica, pero conservadores en temas políticos y sociales.

• Aprobación de nuevas medidas legislativas como: 

• Ley de Bases de la Seguridad Social (1963), que aumentó las prestaciones sociales y servicios de asistencia médica.

• Ley de Prensa (1966), impulsada por Fraga, que contribuyó a rebajar el rigor de la censura y permitió la circulación de nuevas revistas más críticas con el régimen, así como la edición de libros de algunos escritores izquierdistas.

• Ley de Libertad Religiosa (1967), que vino a romper el monopolio de la religión católica, aunque esta continuó teniendo grandes privilegios.

• Ley Orgánica del Estado (1967), votada en Referéndum, que introdujo la separación de los cargos de Jefe de Estado y de Presidente del Gobierno, modificó la composición de las Cortes y contempló la posibilidad de crear asociaciones políticas. Se trataba de dotar al régimen de una especie de constitución, con el objetivo de satisfacer las demandas de los países democráticos.

• Ley General de Educación (1970), que amplió la escolarización obligatoria hasta los catorce años.

• Designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a la Jefatura del Estado con el título de rey. Franco descartó a don Juan de Borbón y estuvo convencido de que el joven príncipe, cuya educación fue controlada por el propio Franco, supondría una garantía de continuidad del régimen tras su muerte.

A pesar de este tímido aperturismo, el franquismo no se adaptó al dinamismo de una sociedad española que cada vez quería más libertades. A esto se le unió la división interna que comenzó a vivirse en el franquismo entre aperturistas (a favor de caminar hacia una democracia limitada), inmovilistas o “bunker” (partidarios de mantener las señas de identidad establecidas tras la guerra) y conservadores (partidarios de realizar solo algunas reformas). Esta división se hizo más visible con el escándalo MATESA (1969), en el que una empresa de maquinaria textil (cuyo propietario estaba vinculado al sector tecnócrata del Opus Dei) estafó millones de pesetas al Estado, falsificando pedidos de venta al extranjero y consiguiendo así subvenciones públicas y créditos a bajo interés. El escándalo fue destapado por la prensa y tuvo consecuencias políticas importantes.

Desde mediados de los 60 hubo un incremento de las protestas sociales (sobre todo en las zonas de mayor concentración de obreros como Asturias o el actual País Vasco), que se sumó a la actividad terrorista (Pardines Arcay fue la primera víctima de ETA en 1968), lo que provocó un endurecimiento de las leyes y aumento de la represión. Un ejemplo fue el proceso de Burgos (1970) donde se condenó a muerte a varios miembros de ETA, aunque al final, y fruto de la presión popular, Franco los tuvo que indultar.

En junio de 1973 el almirante Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, sin embargo unos meses más tarde fue asesinado en un atentado de la banda terrorista ETA. Desde ese momento se perdió a la única figura clave capaz de mantener la unidad del sistema, acentuándose la inestabilidad política y los enfrentamientos entre inmovilistas y aperturistas. Su sustituto fue Carlos Arias Navarro, que endureció la represión, aunque también quiso llevar a cabo una tímida apertura política (“Espíritu del 12 de febrero”) Al final no consiguió la aceptación de casi nadie. A finales de 1973 el gobierno tuvo que hacer frente a la crisis económica mundial provocada por los precios del petróleo, esto unido a los problemas de orden público, el terrorismo (destacó la ejecución de Salvador Puig), los aires de libertad que triunfaron en Portugal (“Revolución de los Claveles”) y la enfermedad de Franco, que se agravó desde 1974, terminaron por crear una tensa situación política en el régimen. El 20 de noviembre de 1975 Franco murió y dos días después le sucedió Juan Carlos I, jurando fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento, aunque en su discurso de toma de posesión aparecieron ya sus deseos de dar cabida a todos los grupos políticos. Comenzó así la etapa de la Transición democrática en España.

En política exterior, desde 1959 destacaron las buenas relaciones con los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, sobre todo en el plano comercial. No ocurrió lo mismo con Inglaterra y el Vaticano, donde las relaciones se enfriaron. En este periodo España solicitó entrar en la CEE, pero no tuvo éxito. Otros hechos importantes fueron la concesión de autonomía y posterior independencia de Guinea Ecuatorial. Algo parecido ocurrió con Marruecos, al que se le cedió el territorio del Sahara en 1975. 

Sociedad y economía en el franquismo: de la autarquía al desarrollismo

Evolución social

Tras la Guerra Civil y hasta mediados de 1950, el país vivió en condiciones de gran dureza, donde el hambre, la falta de dinero, trabajo y el aislamiento internacional fueron los elementos más característicos. Otro de los rasgos que caracterizaron esta etapa a nivel social, fue la pervivencia de una mentalidad tradicional y autoritaria, en el que militares y falangistas impusieron una nueva concepción de vida. Los aspectos básicos de la política social fueron:

• La supresión de los sindicatos obreros y la creación de sindicatos únicos por cada rama de producción, que reunían tanto a empresarios como a trabajadores y eran controlados por el gobierno.

• El establecimiento de salarios mínimos por parte del gobierno en cada rama de producción para empresarios y obreros.

• La ilegalización de las huelgas.

• La creación de una legislación social, en la que destacó desde 1943 la elaboración de un sistema de seguridad social (realizado por Girón) que incluía un seguro en caso de enfermedad, pensiones, accidentes, paro, invalidez o maternidad.

Esta situación comenzó a cambiar a partir de los años 50, con la recuperación de los campos y la llegada de ayuda del exterior. Precisamente durante esta década destacó el importante trasvase de población que se produjo desde el campo a los núcleos urbanos, sobre todo los centros industriales periféricos (Vizcaya, Barcelona, Valencia y Madrid), en los que se esperaba mejorar las condiciones de vida. Fueron los inicios del llamado “éxodo rural”, cuyas consecuencias fueron el despoblamiento del campo y el fenómeno del chabolismo en las grandes ciudades. Aun así España siguió siendo un país mayoritariamente agrario y atrasado, con una organización social en la que existieron dos grandes grupos: una minoría rica formada por la oligarquía agraria, industrial y financiera; y una gran mayoría de la población rural y urbana, con un bajo nivel de renta. La clase media tradicional fue un grupo reducido durante estos años.

A partir de la década de 1960, con el desarrollo económico, se transformaron los hábitos y mentalidades de los españoles y España pasó de ser un país mayoritariamente agrario a uno urbano, industrializado y más abierto. Se produjo también una mejora del nivel de vida, unida a la situación económica, que fomentó el consumismo y el acceso a los servicios sociales básicos (sanidad y educación) Poco a poco la mujer se fue incorporando al mundo laboral y el número de estudiantes creció junto con la cultura.

Uno de los elementos que caracterizó a la población española durante este periodo fue el proceso migratorio, que durante esta etapa tomó dos caminos diferentes: uno interior, favorecido por el régimen hacia las zonas industriales periféricas; y otro exterior, hacia Europa occidental, que además supuso una importante válvula de escape para el régimen. El proceso migratorio trajo como consecuencias la despoblación de las zonas rurales y el gran crecimiento urbanístico de las ciudades.

El crecimiento económico provocó además un aumento de la clase media urbana, que se convirtió en la auténtica protagonista de esta etapa, y la sociedad española se volvió más diversificada y dinámica. El número de jornaleros agrarios bajó considerablemente a raíz de la emigración frente a un gran aumento de los obreros industriales y trabajadores de servicios. La clase alta por su parte, siguió estando integrada por los grandes propietarios agrícolas y la élite administrativa y militar, a la que ahora se sumó la burguesía industrial y la aristocracia financiera.

Evolución económica

La política económica española de los años cuarenta y cincuenta estuvo condicionada por la situación interior y por las circunstancias exteriores. La Guerra Civil trajo consigo una gran devastación y costes económicos, que provocaron una reducción de la producción agrícola e industrial. Si a esto sumamos el estallido de la II Guerra Mundial y el posterior aislamiento al régimen franquista, en España se vivió una larga posguerra que se prolongó durante 20 años. Este hecho provocó que el gobierno de Franco tuviera que adoptar un conjunto de medidas de carácter intervencionista y autárquicas, con el objetivo de garantizar el autoabastecimiento agrario e industrial. Entre las medidas más importantes destacaron:

• Servicio Nacional del Trigo (1937): Todos los agricultores debían vender su cosecha a este organismo, el cual fijaba los precios de compra-venta.

• Creación del Instituto Nacional de Colonización, para devolver las tierras expropiadas y planificar las zonas de regadío y asentamiento de los colonos.

• Implantación de un sistema de racionamiento de productos de consumo de primera necesidad para evitar el hambre. Se trataba de garantizar el abastecimiento de la población e impedir la subida de los precios.

• Promulgación de la Ley de Protección y Fomento y de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, que obligó a todas las industrias a solicitar permisos al Estado para producir, exportar o importar.

• Creación de I.N.I. (Instituto Nacional de Industria, 1941) para impulsar la industrialización del país con un grupo de empresas estatales, capital público y gestión por parte del Gobierno. Este instituto promovió y participó en empresas como ENDESA, SEAT, ENSIDESA, entre otros.

• Creación de RENFE (1941) con la nacionalización de todas las redes de FF.CC. peninsulares.

Estas medidas no evitaron el aumento de la miseria y el hambre, con un estancamiento económico del país, en el que España carecía de la mayor parte de los recursos necesarios. Los precios subieron, los salarios bajaron y el desempleo también aumentó. A esto se le unió la existencia de un mercado negro, en el que se enriquecieron algunos a costa del hambre de la mayoría. Paralelamente, y al amparo del poder, surgió toda una trama de corrupción. 

Esta situación empezó a cambiar desde 1951, con la llegada de la ayuda americana y el fin del aislamiento internacional. Aunque no se abandonó del todo la autarquía, sí se suprimieron algunas de sus medidas. Hubo una mayor liberalización del comercio, se suprimieron las cartillas de racionamiento y se mejoraron los salarios. Los cambios de gobierno de 1957, con la entrada de tecnócratas del Opus Dei como López Rodó, integraron a España en la economía internacional y en organismos como la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial. Se puso fin a la autarquía y se llevaron a cabo una serie de medidas que transformaron el sistema productivo. Por fin el régimen se decidió a liberalizar la economía española y para ello se elaboró un Plan de Estabilización Económica (1959), que supuso un gran sacrificio para los españoles, ya que para cumplir los objetivos marcados se recortó el gasto público, se restringió el crédito, se congelaron los salarios y se devaluó la peseta (se estableció la paridad de la peseta con respecto al dólar) Además el plan levantó los aranceles y permitió las inversiones de capital extranjero. También se abordó una reforma fiscal, que aumentó los ingresos ordinarios del Estado. Las condiciones de vida de muchos trabajadores empeoraron por el aumento de algunos impuestos, el incremento del paro, la reducción de horas trabajadas, y una mayor emigración a las regiones industriales de la periferia o búsqueda de trabajo en el extranjero. Para paliar los efectos negativos de este Plan, los EE.UU., el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la Banca privada, concedieron importantes créditos a España. No obstante, todas estas medidas favorecieron la expansión y crecimiento que caracterizaron la década de 1960.

A comienzos de la década de 1960, se inauguró una etapa de expansión económica en el que se llevaron a cabo varios planes de desarrollo. Se trataba de que España abandonase sus niveles de subdesarrollo y se uniera al grupo de privilegiados mundiales. El cerebro de estos planes fue López Rodó, que junto a otros tecnócratas del Gobierno buscaron el crecimiento del producto nacional, el pleno empleo, el mejor reparto de la renta y la integración progresiva de España en la economía mundial. Los planes, de duración cuatrienal, se centraron sobre todo en el sector industrial y en zonas muy concretas (Madrid, País Vasco, Cataluña y Valencia) Se facilitó la iniciativa privada, con ventajas fiscales. Aunque muchos de los objetivos no se alcanzaron (no se redujeron los desequilibrios interregionales) España durante esta etapa tuvo una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo y su producción industrial aumentó entre 1960 y 1973 en un 10%, sobre todo el sector del automóvil. Además el bienestar de los españoles mejoró muchísimo. Esto fue debido también a que los países desarrollados absorbieron mano de obra española excedente, y constituyeron la fuente del turismo y la inversión.

En el año 1972 se puso en marcha el último plan de desarrollo español, que fue interrumpido por la crisis económica mundial del petróleo (1973). En España esta crisis económica, que coincidió con una etapa de incertidumbre política, tuvo varias repercusiones: la disminución de turistas y caída de ingresos, el descenso de exportaciones y la interrupción del flujo migratorio. La crisis afectó a todos los sectores industriales (siderurgia, textil, calzado, sector naviero, construcción y banca), aumentando el desempleo, la inflación y la deuda pública y exterior.

La represión y la oposición política al régimen franquista. El papel de la cultura.

Ya en la fase final de la Guerra Civil, fueron muchos los republicanos que empezaron a abandonar España para evitar las represalias de los vencedores. Francia se convirtió en el principal destino del exilio, aunque algunos también consiguieron marcharse al norte de África. Con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muchos exiliados pudieron regresar acogiéndose a un indulto limitado, pero todavía hubo españoles que aprovecharon el conflicto internacional para escapar y unirse a la resistencia francesa, luchando contra el nazismo. Otros en cambio emigraron rumbo a Sudamérica, destacando sobre todo el esfuerzo de México, que acogió a todos los exiliados que pudo. Precisamente aquí se asentó la colonia más importante de políticos e intelectuales, los cuales mantuvieron viva durante muchos años la actividad de la Segunda República desde el exilio, confiando en que la victoria de los países democráticos tras la II Guerra Mundial acabaría con el régimen de Franco.

En cuanto a los que decidieron quedarse en España, la situación no fue nada fácil y sufrieron una dura represión, por medio de disposiciones legales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. El número de presos fue muy elevado, se improvisaron cárceles especiales, en unas condiciones humillantes y precarias. Hubo gran cantidad de ejecutados, aunque otros tuvieron la suerte de quedar libres provisionalmente. La administración pública, la escuela y la universidad fueron “depurados”. 

A pesar de estas medidas todavía existieron grupos de oposición que no quisieron rendirse, y plantaron cara al franquismo desde el exilio. Desde 1943 destacaron los grupos monárquicos, los cuales se dirigieron a Franco solicitándoles la restauración de la monarquía. Este hecho aumentó la enemistad entre el general y don Juan de Borbón (hijo de Alfonso XIII), que en el año 1945 hizo público en Lausana (Suiza) un manifiesto, solicitando a Franco su retirada para restaurar la monarquía en su persona. A pesar de ello, Franco consiguió controlar esta oposición y promulgó la Ley de Sucesión de 1947, en la que España se constituía en monarquía, sin rey de momento.

Entre 1945 y 1952 destacó la acción de los maquis o grupos de guerrilleros, que utilizando las armas, quisieron acabar con el régimen franquista. Al final la guerrilla acabó fracasando por la falta de apoyo de las potencias aliadas, la población civil y la escasez de armamento. Además el maquis dio más fuerza al régimen, que se presentó como modelo de estabilidad frente al peligro de otra guerra civil.

En el interior de España y con el final de la guerra, destacó también la actividad política clandestina del PCE, PSOE y CNT que nunca se interrumpió, como así lo demostraron los continuos encarcelamientos y ejecuciones de militantes de estas formaciones. No obstante, su presión aumentó sobre el régimen en algunas protestas como las huelgas en Cataluña (1945) y País Vasco (1947), pero disminuyó durante la década de 1950. En la década de 1950 la oposición interior sufrió varios cambios, y sus actuaciones se impulsaron desde las universidades (SEU) y sindicatos franquistas. Las acciones más frecuentes de la oposición fueron las convocatorias de huelga, a pesar de ser ilegales, y en las que se reivindicaron mejoras económicas. La huelga que más eco tuvo fue la de los usuarios de los tranvías en Barcelona (1951). A finales de la década destacaron las movilizaciones en las zonas industriales de Asturias y País Vasco, donde se empezaron a formar comisiones de trabajadores, que serán el embrión de las futuras CC.OO. (Comisiones Obreras).

A lo largo de la década de 1960 la oposición política al régimen franquista copó todos los sectores, pues a la tradicional oposición de izquierdas, se le unió ahora otra surgida dentro del propio régimen (sectores católicos y las nuevas generaciones que no vivieron la guerra civil.) Esta oposición se manifestó con el Congreso de Múnich (1962), al que asistió la mayoría de la oposición española tanto del interior como del exterior. Allí se expondrían los cambios necesarios para que el país entrara en la CEE (Comunidad Económica Europea), sin embargo, al final se elaboró una declaración a favor de la democracia y de condena al régimen. Franco hizo encarcelar y desterrar a los participantes de aquella reunión.

Poco a poco esta oposición política se fue fortaleciendo y extendiendo por toda la sociedad. Junto a la ya existente (conspiración monárquica, movimiento obrero y acciones terroristas del FRAP, los GRAPO y de ETA, organización fundada por jóvenes nacionalistas vascos desde 1959), aparecieron nuevos grupos y colectivos sociales que demandaron libertades políticas: la nueva prensa, los colectivos profesionales de la universidad (estudiantes y profesores), un sector de la Iglesia que criticó abiertamente al régimen o incluso un sector militar partidario de avanzar hasta la democracia (UMD- Unión Militar Democrática).

Fue también durante esta época cuando el PCE y, en menor medida, el PSOE, se configuraron como los partidos más importantes de la clandestinidad. El partido con mayor base social fue el PCE, liderado por Santiago Carrillo, que estuvo presente en la mayor parte de los movimientos sociales como fuerza dirigente. Por su parte en el PSOE, un joven sevillano desconocido, Felipe González, accedió en 1974 a la secretaría general del PSOE en un congreso celebrado en Suresnes (Francia). Otros grupos políticos que formaron parte de la oposición fueron la Democracia Cristiana, que apenas tuvo una base social organizada, y los partidos nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (CDC) con gran arraigo en las clases medias. La Junta Democrática, institución unitaria de la oposición creada a iniciativa del PCE en el año 1974, y la Plataforma de Convergencia Democrática, instancia similar aglutinada en torno al PSOE en 1975, pusieron de manifiesto que la alianza antifranquista unía a diversas clases sociales. Sin abandonar las movilizaciones, la sociedad esperó la muerte del dictador para plantear las alternativas políticas que reimplantaran la democracia.

Frente a esta oposición, el Estado respondió con una dura represión, creando en el año 1963 el Tribunal de Orden Público (TOP). La prensa internacional pronto se hizo eco de los numerosos consejos de guerra y las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen franquista, como el fusilamiento del dirigente del PCE, Julián Grimau, el proceso de Burgos contra ETA o el proceso 1001 que juzgó a dirigentes de CCOO. En septiembre de 1975 tuvieron lugar las últimas ejecuciones llevadas a cabo por el franquismo.

Represión económica

Según Julio Prada Rodríguez las políticas de exclusión se aplicaron también a la faceta económica, prácticamente desde el golpe de Estado prolongándose durante la posguerra. Se utilizaron distintos mecanismos para castigar a los opositores y consolidar el nuevo régimen, incluyendo requisas de bienes, incautaciones, sanciones económicas y suscripciones patrióticas.

Las requisas e incautaciones afectaron a individuos y entidades vinculadas al Frente Popular, justificándose bajo necesidades bélicas y de sostenimiento de la retaguardia. Además, se impusieron multas a quienes eran considerados "desafectos" al régimen, lo que no solo proporcionó recursos económicos sino que también sirvió para intimidar y disuadir cualquier forma de oposición.

Habría que mencionar el método recaudatorio conocido como Suscripción Nacional o Suscripción Nacional del Tesoro Público. Creada por Orden de 19 de Agosto de 1936 para recibir, canalizar y contabilizar las donaciones voluntarias de oro, metales preciosos, dinero en metálico, divisas o valores que recaudó el bando nacional durante la Guerra Civil. A los donativos de los particulares que se expresaban en la Orden de Creación se añadieron poco después las detracciones obligatorias de los haberes de funcionarios públicos (desde agosto de 1936 hasta septiembre de 1938). La Orden de 4 de agosto de 1938 establece las normas para que las distintas Juntas recaudatorias de las provincias ingresen antes del día 15 de cada mes lo recaudado en el Banco de España de Burgos, que es donde estaba situada la oficina directiva. Por Decreto de 31 de diciembre de 1941 del Ministerio de Hacienda, se autoriza para cancelar la Suscripción Nacional por medio de una Junta Liquidadora integrada por el jefe de la Suscripción Nacional, el representante de la misma en el Ministerio de Hacienda, el consejero gerente del Consejo de las Obras del Movimiento a los Caídos y un delegado del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. Por decreto de 24 de diciembre de 1959 se disuelve la Junta Liquidadora.

La Ley de Responsabilidades Políticas amplió estas medidas, estableciendo un marco legal para sancionar a quienes habían apoyado la República. Aunque el régimen intentó beneficiarse económicamente de estas expropiaciones, muchos sancionados lograron ocultar o proteger sus bienes, lo que redujo la efectividad recaudatoria de la represión.

El papel de la cultura 

Con el final de la Guerra Civil, la depuración de un gran número de profesores en todos los niveles educativos y la falta de inversiones en nuevos centros educativos, colocó a la enseñanza pública por detrás de la enseñanza privada religiosa. La enseñanza primaria, obligatoria para todos, preparaba para saber leer y escribir y poco más, sin embargo, pocos podían hacer el Bachillerato, sobre todo en el medio rural donde no había ningún centro público que lo impartiera. La enseñanza secundaria estaba en manos de centros religiosos y sólo al alcance de quienes podían costear estos estudios. La Universidad era aún más elitista. Al retroceso en la educación se le unió la censura, que impidió el debate intelectual y científico libre y dificultó la creación artística (destacó la censura cinematográfica que cortaba trozos o modificaba argumentos). 

Fue durante la década de 1960 cuando se produjo el desarrollo de una nueva cultura crítica, con el compromiso político de muchos intelectuales, que denunciaron la rigidez ideológica y política imperante. Su malestar se manifestó no sólo en sus obras, sino también en la redacción y firma de manifiestos y cartas de protesta, y en su participación en todo tipo de actos políticos y culturales. A finales de la década de 1960 se generalizó el acceso a la cultura, y la educación dejó de ser el privilegio de unos pocos. Las reformas educativas ampliaron la enseñanza básica hasta los 14 años, se incrementó el número de centros de enseñanza pública y de profesores, aumentó el número de estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria y se retrasó el acceso a la edad profesional. Las tasas de analfabetismo se redujeron y aumentó la costumbre de leer, permitiendo que la sociedad española se incorporara a una cultura de masas, cada vez más secularizada. Esta mejora del nivel educativo y la politización de una parte importante de los estudiantes universitarios tuvo mucho que ver para que la renovación cultural se hiciera de forma semejante a la europea. Las nuevas generaciones estuvieron cada vez más influidas por los valores que estaban adoptando entonces la mayoría de los jóvenes de Europa Occidental. La mejora del poder adquisitivo y la mayor capacidad de desplazamiento empezaban a permitir los viajes al extranjero, especialmente a Francia. Hacia 1970, coincidiendo con las protestas generadas por el proceso de Burgos, ya era clara la sensación de que una parte muy significativa de la intelectualidad y del mundo académico y profesional español se oponía a la dictadura de Franco.

En cuanto a las principales vías de difusión del pensamiento crítico durante la década de 1960, fueron las publicaciones periódicas y algunos libros de ensayo. Esta voluntad abierta al diálogo se topó con la actitud política oficial, cerrada e intransigente del régimen franquista. Precisamente este último aspecto motivó la creación de editoriales en el extranjero, donde publicaron muchos intelectuales exiliados, así como otros del interior, bajo seudónimo. En estas publicaciones se ofrecía una alternativa a la historia franquista y una denuncia de la manipulación practicada por sus historiadores.

Con respecto a la producción literaria, en 1960 se iniciaron muchas tendencias culturales que se consolidaron en la década de 1970. Empezaron a publicar en esos años autores que habían sido niños durante la guerra y que intentaron describir de forma particular, y diferente, el duro y triste mundo de la posguerra. Fue una generación menos atemorizada y con mayor libertad para denunciar el franquismo, en el que destacaron autores como Luis Martín Santos, Miguel Delibes o Juan Benet. También durante estos años empezaron a promocionarse autores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. a renovación del lenguaje poético vino de la mano de autores muy jóvenes que introdujeron formas más renovadoras basadas en la reivindicación de una total libertad de expresión. El cine español conoció un notable descenso de público ante la competencia de la televisión, sin embargo la influencia del cine europeo permitió que continuasen produciéndose relatos de gran compromiso social, a pesar de que algunas producciones fueron prohibidas por el régimen (un ejemplo fue Viridiana de Luis Buñuel, premiada con la Palma de Oro en Cannes, pero luego prohibida en España por ser considerada “blasfema”) La existencia de un público selecto, joven y cada vez más numeroso fue exigiendo un cine de calidad, semejante al europeo. 

LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA (1975-2004). HAZ CLIC AQUÍ PARA VER CONTENIDOS Y TAREAS