1. La crisis del Antiguo Régimen en España. Los estertores del absolutismo (1808-1833)

1.1 Crisis de 1808 y Guerra de Independencia

Antes de comenzar, te propongo una serie de preguntas que deberás ir respondiendo (mentalmente o por escrito) según vayas leyendo el texto.

1. ¿Qué efecto tiene el estallido de la Revolución francesa en España?

2. ¿Qué caracterizó a la política de Floridablanca?

3. ¿Qué política llevó a cabo Aranda?

4. ¿Cuál es la consecuencia de la de Godoy y su alineamiento con las potencias absolutistas?

5. ¿Cuál fue la consecuencia más importante del enfrentamiento con la armada inglesa para España?

6. ¿Qué supuso la firma del Tratado de Fontainebleau?

7. ¿Qué provoca el Motín de Aranjuez y qué consecuencias tiene?

8. ¿Qué fueron las abdicaciones de Bayona?

9. ¿Qué fue el Estatuto de Bayona?

10. ¿Qué refleja el levantamiento del 2 de mayo en Madrid?

11. ¿Cuáles son los hechos más relevantes durante la primera fase de la guerra?

12. ¿Cuáles son los hechos más relevantes durante la segunda fase de la guerra?

13. ¿Cuáles son los hechos más relevantes durante la última etapa de la guerra?

14. Describe las consecuencias más importantes de la guerra.

Contenidos

Reinado de Carlos IV y crisis de 1808.

El reinado de Carlos IV (1788-1808) se inicia en el momento en el que estalla la revolución en Francia (1789). Este hecho provocó por parte del gobierno español una vuelta a la censura y a la represión de las ideas revolucionarias, llevada a cabo por el entonces primer ministro Floridablanca. Este esfuerzo por aislar a España no pudo evitar la difusión de las ideas revolucionarias, debido a que muchos de los huidos de Francia tuvieron como primera salida España, y fueron contando lo que estaba ocurriendo en el país vecino. En el año 1792 Floridablanca fue sustituido por el conde de Aranda, el cual mantuvo una política más permisiva, aunque el encarcelamiento del monarca francés Luis XVI y la abolición de la monarquía francesa motivaron su destitución meses más tarde y su sustitución por Godoy, favorito de María Luisa, mujer de Carlos IV.

Una vez en el poder, Manuel Godoy trató de salvar la vida del monarca francés, sin embargo, éste fue guillotinado meses después. Este hecho dio un giro a su política, más intervencionista, en el que decidió formar parte de la primera coalición de potencias absolutistas que se enfrentaron a la Francia revolucionaria. España entró en guerra y las consecuencias fueron desastrosas, hasta el punto de que hubo que negociar la paz mediante el Tratado de Basilea (1795), por el que España tuvo que ceder parte de la isla de Santo Domingo. A partir de este fracaso la política exterior de España cambió y se firmó un nuevo Pacto de Familia con Francia con el Tratado de San Ildefonso (1796), con el compromiso de que ambos lucharán contra el Reino Unido. Poco después la armada española era derrotada por la inglesa en el cabo de San Vicente, y además se perdió la isla de Trinidad. También como consecuencia de estos enfrentamientos, en los que la armada inglesa dificultaba el tráfico marítimo y comercial de los barcos españoles, España perdió el monopolio de comercio americano. En el año 1799, con la llegada de Napoleón al poder en Francia, se firmó un nuevo pacto en el que este presionó a Godoy para que mantuviera la lucha contra Reino Unido. Sin embargo, las derrotas navales hispano-francesas de Finisterre y Trafalgar en 1805, tuvieron como consecuencia la destrucción de la mayor parte de la armada española. Estas derrotas provocaron la determinación de Napoleón de establecer un bloqueo continental contra Reino Unido, ante la imposibilidad de invadirla por su carácter insular. 

En 1807 Godoy firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau con el objetivo de invadir y repartir Portugal en tres partes, una para Francia, otra para España y la tercera para Godoy. Lógicamente para llegar hasta Portugal, las tropas francesas tenían que pasar por España, por lo que se autorizó su entrada. A finales de 1807, las primeras tropas francesas atravesaron la frontera con el pretexto de invadir Portugal. Sin embargo, a comienzos de 1808 se introdujeron nuevas tropas por Cataluña y Navarra que ocuparon las primeras fortalezas en territorio español. Godoy enseguida comprendió las verdaderas intenciones de Napoleón e intentó trasladar a la familia real a Sevilla para embarcar hacia América, huyendo hacia el sur y dirigiéndose hacia Aranjuez, primera etapa del viaje. 

En marzo de 1808, el descontento popular por la presencia de tropas extranjeras en territorio español, unido a la presión del grupo de oposición cortesano que se había agrupado en torno al príncipe Fernando (hijo de Carlos IV), dio lugar al estallido del Motín de Aranjuez. A raíz del mismo se asaltó la casa de Godoy, que fue arrestado y destituido; y se produjo un tumulto callejero, en el que el rey se vio obligado a abdicar en su hijo. Mientras tanto las tropas francesas siguieron avanzando y una semana más tarde entraron en Madrid.

Tras los acontecimientos de Aranjuez, Fernando VII se convirtió en el nuevo rey de España. Sin embargo, Napoleón tenía trazado ya un plan para apropiarse de la corona española. Dentro de esta estrategia hay que situar la negativa de Murat a reconocer a Fernando como rey, hecho que fue aprovechado por su padre para reclamar de nuevo su derecho al trono. Asistimos así a un problema político interior e institucional en el que se dio una dualidad monárquica en España. Esta situación fue aprovechada por el propio Napoleón, que supuestamente actuando como árbitro de la situación, reunió a la familia real española en Bayona y allí obligó a Fernando VII a devolver los derechos a la Corona a favor de su padre, y a Carlos IV a abdicar a favor de Napoleón, proceso conocido como las Abdicaciones de Bayona. Después de conseguir la Corona, Napoleón entregó la Corona a su hermano José Bonaparte (José I), que se convirtió a partir de entonces en el Rey de España (mayo de 1808). 

Durante su reinado se quiso dar a la monarquía un nuevo carácter reformista, dotando a España de una ley fundamental como fue el Estatuto de Bayona (1808), que se puede considerar como la primera constitución española, aunque en realidad se trataba de una carta otorgada (su elaboración respondía a la voluntad del monarca y no al pueblo soberano). Otro aspecto llamativo durante su reinado fue la colaboración de ministros españoles, que fueron los conocidos como afrancesados, que no deseaban una ocupación francesa, pero vieron la posibilidad de poner en marcha en España un programa de reformas. Frente a éstos estuvieron los patriotas, antiguos ilustrados miembros del gobierno, que intentaron frenar o reconducir el proceso revolucionario.

Esto no supuso que la nueva situación se consolidara, debido a la resistencia popular que las tropas francesas encontraron en Madrid el 2 de mayo de 1808. Ese día el resto de la familia real se disponía a partir rumbo a Bayona, pero el pueblo de Madrid se levantó de forma espontánea contra las tropas francesas. El ejército francés llevó a cabo una dura represión y provocó cientos de muertos, entre los que se encontraban los capitanes Daoiz, Velarde, el teniente Ruiz y Manuela Malasaña,  quienes murieron junto con otros muchos defendiendo el cuartel de Monteleón, el único que apoyó la revuelta popular contra las tropas de Murat.

El ejemplo madrileño no tardó en extenderse a otras ciudades españolas. Este acontecimiento se considera además como el verdadero comienzo de la Guerra de Independencia.

El desarrollo de la Guerra de la Independencia.

Fase 1. El sorprendente éxito inicial (mayo a agosto de 1808): la resistencia popular espontánea se extiende por todo el país. Durante estos meses el ejército francés intentó ocupar las principales vías de comunicación desde la frontera gala hasta Lisboa, Sevilla y Cádiz. A finales de mayo el ejército francés ocupaba la Submeseta Norte (Bessiers), la Cuenca del Tajo (Dupont y Moncey) y Cataluña Oriental. En el verano de 1808 tuvieron lugar varias ofensivas francesas en la zona de Cataluña (Barcelona, Gerona, Tarragona y Zaragoza, donde destaca la figura de Agustina de Aragón), que acabaron fracasando por la resistencia de dichas ciudades. No ocurrió lo mismo en la Submeseta Norte, donde los franceses derrotaron a las tropas españolas en Gamonal (Burgos). Pero el hecho más destacado de esta fase tuvo lugar en el sur, donde el ejército español del general Castaños venció al francés del mariscal Dupont en Bailén (19 de julio de 1808), impidiendo la ocupación de Andalucía. Los franceses se replegaron y sólo conservaron la zona vasco-navarra y las plazas de Barcelona y Figueras. José I abandonó Madrid para establecerse en Vitoria. Esta primera etapa es de claro protagonismo de la resistencia española. 

Fase 2. Reacción francesa y guerra de guerrillas (fines del verano de 1808 a julio de 1812): es una fase de claro predominio francés. En noviembre de 1808, Napoleón en persona dirige la contraofensiva con la Grande Armée, un ejército de 250.000 hombres, que fue expulsando a los británicos y avanzando hasta Madrid para restablecer a José I. Inicialmente tuvo lugar la conquista de Burgos, donde Víctor derrotó a Blake. Con la derrota española de Tudela (Navarra), los franceses se dirigieron hacia la zona aragonesa-catalana y sitiaron Zaragoza, que esta vez sí cayó. Tras la batalla de Somosierra (Madrid), los franceses no tardaron en ocupar Madrid, obligando a la Junta Suprema Central a trasladarse a finalmente a Cádiz (único sitio que quedó libre de la ocupación y donde surgirá la Constitución de 1812). Obligado a volver Napoleón a París, sus generales continuaron la ocupación de la Península, los cuales realizaron varias campañas a lo largo del año 1809, aunque el relieve y la resistencia de los españoles dificultaron el avance mediante la conocida como guerra de guerrillas (estrategia militar novedosa en Europa que estaba formada por grupos pequeños, que tenían como base el mundo rural, y que conocían perfectamente el terreno en el que se movían. Actuaban atacando caravanas francesas por sorpresa e interceptando el correo, contando además con el gran apoyo de la población) En la zona Noroeste, los franceses (Soult) derrotaron en la Coruña y el Ferrol al ejército inglés que provenía de Portugal (J. Moore). En julio de 1809, los franceses fueron derrotados en la batalla de Talavera (haz clic aquí para ver los mapas del IGN) por un ejército anglo-español, aunque fue una victoria sin relevancia porque el inglés Wellington acabó replegándose a Badajoz. En noviembre, sin embargo, el ejército español fue derrotado en Ocaña, permitiendo el paso de los franceses hacia el sur. En el año 1810 los franceses llegaron hasta Sevilla y fueron detenidos en Cádiz, último refugio del gobierno español; del mismo modo, un cuerpo del ejército francés llegó a penetrar en Portugal dirigiéndose a Lisboa (Massena). En el año 1811, en Levante, los franceses se hicieron con Tarragona y Sagunto y, en 1812, con Valencia.

Fase 3. El final de la guerra (julio de 1812 a diciembre de 1813): la guerra da un giro y los ejércitos anglo-españoles pasan a la ofensiva. Napoleón debe sacar sus mejores tropas para la campaña de Rusia. Wellington ocupa Badajoz y Ciudad Rodrigo y gana la batalla de Los Arapiles (Salamanca), lo que le permite ocupar Madrid. Nuevas derrotas francesas (Vitoria, Irún y San Marcial,1813) consiguen la expulsión de España de los franceses. Napoleón firma el Tratado de Valençay, a fines de 1813, por el que devuelve la corona a Fernando VII y concluye la guerra. Los últimos territorios ocupados fueron los Pirineos centrales y Cataluña.

Como consecuencias de la guerra, además de las pérdidas demográficas, tal y como reflejan Los desastres de la guerra de Goya, a nivel económico España vivió nuevamente una profunda bancarrota, con un comercio paralizado y una agricultura devastada (por el aprovisionamiento del ejército durante la guerra y la represión francesa). El resultado fue que la pobreza en España fue mayor en 1814 que en 1808. Otro factor a tener en cuenta es que la invasión de las tropas napoleónicas, junto a la desconexión con América al perder buena parte de la marina, aceleró el proceso de emancipación de América Latina.

Esquema sobre los contenidos de este punto

Las cortes de Cádiz.

A lo largo de la guerra y en la España no ocupada por los franceses, se fue gestando un nuevo régimen político promovido por los españoles que no apoyaron a José Bonaparte. La realidad fue la siguiente, el vacío que dejó la familia real en el poder y la necesidad de coordinarse política y militarmente durante la guerra dio lugar a la formación de unas nuevas instituciones conocidas como Juntas. Este hecho fue importante, porque además serán una constante a lo largo del siglo XIX hasta la Restauración, formándose en cada revolución que estalle. Las Juntas se organizaron de forma jerárquica, de este modo junto a las juntas locales, posteriormente surgieron las juntas provinciales y más tarde una Junta Suprema Central. 

Ya desde abril de 1809 existieron deseos por parte de la Junta Suprema Central de convocar unas Cortes, sin embargo, su incapacidad para dirigir la guerra hizo que esta se disolviera en enero de 1810 y se convirtiera en un Consejo de Regencia, el cual organizó una consulta al país a través de las juntas provinciales y los ayuntamientos sobre las reformas a realizar por las Cortes que no serían como las tradicionales formadas por estamentos, sino mediante diputados que representaban a la nación. Se eligieron representantes de 33 ciudades importantes (incluidas algunas americanas) que se trasladaron a Cádiz. La apertura de las mismas tuvo lugar en septiembre del año 1810 en la isla de León (Cádiz) y duraron tres años. El número de diputados llegó a sobrepasar los 200, siendo la mayoría clérigos, abogados, funcionarios o militares. Hubo escasa presencia de nobles y miembros del alto clero. Pero la verdadera protagonista de las Cortes fue la clase media urbana.

En las Cortes de Cádiz no se puede hablar aún de partidos políticos, pero sí de grupos de diputados unidos entre sí por una filiación doctrinal (ideas políticas similares):

• Liberales: Eran partidarios de la aplicación de reformas revolucionarias y de conceder la soberanía a las Cortes como representación de la nación. Tuvieron gran influencia en las decisiones finales tomadas, destacando algunos diputados como Agustín de Argüelles.

• Absolutistas o “serviles”. Pretendían la vuelta al Antiguo Régimen tal y como existía antes de la Revolución francesa y la invasión napoleónica.

• Realistas moderados o jovellanistas. Este grupo criticaba tanto el pensamiento revolucionario francés como las doctrinas absolutistas. Estaban muy cercanos al pensamiento ilustrado y deseaban una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, así como que se respetasen las leyes fundamentales de la monarquía o Constitución histórica, tal y como Jovellanos lo había expuesto en su Memoria en defensa de la Junta Central.

• Diputados americanos. La guerra había servido para alentar más a los deseos de independencia en la América española. No obstante, una parte de las élites criollas eran partidarios de mantener lazos con España, por medio de una Constitución que otorgase autonomía a las provincias de ultramar, así como representación en las Cortes. 

Esta situación dio lugar a un importante debate entre las tendencias políticas existentes en el momento, sobre todo entre la liberal y la absolutista.

Al final la tendencia liberal fue la que triunfó, ya que muchos diputados no pudieron acudir a la convocatoria y fueron sustituidos por otros presentes en Cádiz, ciudad comercial donde los liberales tenían gran influencia. Fueron dos los tipos de medidas revolucionarias que se impusieron: De carácter político en las que se pretendía suprimir el absolutismo y establecer una Constitución (la futura constitución de 1812); y de carácter social, que acabara con la sociedad estamental y los privilegios, basada en los principios de la Ilustración (libertad, igualdad, propiedad y seguridad)

La constitución de 1812 y los cambios socioeconómicos.

Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de medidas que desmantelaron gran parte de los fundamentos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen. Entre las reformas más importantes estuvo la aprobación de la Constitución de 1812 (19 de marzo), que se convierte en el símbolo del liberalismo español, constituyendo la primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en la historia de España. 

Sus principios básicos reciben la influencia de la Constitución de los EE.UU., la Constitución de Francia de 1791 y de los grandes padres del liberalismo (Locke, Montesquieu...)

En cuanto a su contenido, la constitución se caracteriza por ser extensa y regular muchos aspectos:

• El Estado se declara como una monarquía parlamentaria.

• Establece una soberanía nacional, en el que el poder reside en la nación (formada por un conjunto de individuos sin distinción de estamentos) y no en el rey.

• Igualdad de los individuos ante la ley y el sistema fiscal, poniendo fin a los grupos privilegiados.

• División de poderes: con un poder legislativo que pertenece a unas Cortes unicamerales. Poder ejecutivo que pertenece al Rey junto con sus ministros. Poder judicial que pertenece a tribunales de justicia independientes.

• Sufragio universal masculino e indirecto, en el que sólo pueden votar los hombres mayores de 25 años, aunque no eligen directamente a los diputados, sino a unos representantes que luego son los que los designan.

• Proclamación del catolicismo como la religión única y oficial del Estado, así como la prohibición del ejercicio de cualquier otra.

• Elección del gobierno de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales.

• Creación de la Milicia Nacional, cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional.

• Reconocimiento de los derechos individuales: libertad, propiedad, igualdad jurídica y fiscal, inviolabilidad del domicilio, garantías penales, libertad de imprenta...

Pero además de promulgar la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz adoptaron una serie de medidas socioeconómicas que buscaban acabar con el Antiguo Régimen, creando un nuevo orden político y jurídico, el liberal, que marcará todo el siglo XIX:

• Supresión de los señoríos: referido a la dependencia personal que los campesinos tenían respecto de sus señores, y por lo tanto los señoríos jurisdiccionales (derecho de los señores a administrar justicia y percibir rentas de los campesinos)

• Supresión de los gremios: impulsando la libertad de comercio e industria (influencia del liberalismo económico)

• Abolición de la Inquisición

• Supresión de las aduanas internas.

• Desamortización que afecta a la propiedad de afrancesados, propiedades de los municipios y de la Iglesia (órdenes militares e Inquisición)

• Reforma de la Hacienda: igualdad fiscal, cada contribuidor paga en función de la riqueza.

Toda esta obra legislativa quedará anulada posteriormente con el retorno de Fernando VII en 1814. Sin embargo, esta constitución marcó los principios del liberalismo español y sirvió de modelo a otros textos constitucionales a nivel internacional. Posteriormente fue reinstaurada durante el Trienio Liberal (1820-1823).

1. CONSTITUCIÓN DE 1812. 

[...] Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación [...], decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado [...]: Art.1. La Nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Art.3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales [...] Art 4. La nación está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, [...] Art.12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera [...] Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.    Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. Art. 17. La potestad de aplicar las leyes [...] reside en los tribunales establecidos por la ley [...] Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá [...] Art 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia [...] Art 258. El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. 

Fuente: De Esteban, J. “Constituciones de España” (Constitución de 1812). Centro de Estudios P. y C. 

Fuentes  históricas vinculados al periodo 1808-1833 en España

2.1 Las Regencias y el problema carlista (1833-1843)

La regencia de María Cristina (1833-40)

En septiembre del año 1833 murió Fernando VII, y de acuerdo con lo estipulado en su testamento, se nombró a su esposa María Cristina como reina regente mientras su hija Isabel no tuviera la edad de gobernar. Ante el estallido de la Primera Guerra Carlista, María Cristina se vio obligada a buscar aliados para defender los intereses de su hija. Es por ello que los primeros gobiernos de su regencia estuvieron protagonizados por monárquicos reformistas (Cea Bermúdez y Javier de Burgos) y liberales moderados (Martínez de la Rosa).

Dentro del primer grupo, y en un intento por buscar la reconciliación con los carlistas, se llevaron a cabo pequeñas reformas administrativas como la nueva división provincial de España, realizada por Javier de Burgos (1833). No obstante, la presión del ejército y de los políticos más influyentes provocaron un cambio de gobierno, y para contentar a los liberales se llevó a cabo una reforma política que trajo consigo la redacción del Estatuto Real (1834), de carácter moderado, que se trataba de una carta otorgada, breve y flexible. Entre los principios que recogía proclamaba la colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo, y establecía una división bicameral (una cámara Alta o Estamento de Próceres, de designación real; y una cámara Baja o Estamento de Procuradores, elegida por sufragio censitario indirecto).

Pero las reformas no terminaron de gustar a todos los liberales, y durante esta etapa se confirmó la división del liberalismo en dos corrientes políticas que se mantuvieron durante todo el reinado de Isabel II. Por un lado, estuvieron los liberales moderados, los cuales quedaron satisfechos con las medidas tomadas (fueron defensores de una posición intermedia entre el absolutismo y la soberanía popular), y por otro lado los liberales progresistas, que querían ir aún más allá y conseguir reformas que limitaran el poder real. Mientras todo esto ocurría, las tropas de la Regente seguían sin poder acabar con el conflicto carlista. Precisamente este hecho motivó un nuevo cambio de gobierno liderado por el moderado conde de Toreno, que continuó con la política anterior. Ante esta situación, y por parte de la oposición liberal, en el verano de 1835 se produjeron una serie de levantamientos populares en diferentes ciudades y la formación de numerosas juntas revolucionarias, las cuales proclamaron una serie de reivindicaciones que obligaron a la reina regente a llamar al progresista Juan Álvarez de Mendizábal. 

Durante el gobierno de Mendizábal se fortaleció la Milicia Nacional y se reorganizó el ejército, que actuó al servicio de la causa liberal. Pero su principal actuación fue la desamortización eclesiástica de 1836, proceso mediante el cual el Estado podía incautar los bienes inmuebles de las órdenes religiosas, y ponerlas después a la venta mediante subasta pública. Con la desamortización se quiso sanear la Hacienda Pública. No obstante, el resultado fue desigual: se consiguió aumentar el número de tierras cultivadas, al igual que se sufragaron numerosos gastos de la guerra carlista, aunque la deuda del Estado continuó y los pequeños campesinos no consiguieron adquirir nuevas tierras. Otras de sus actuaciones políticas fue el intento de reformar la ley electoral, lo que le supuso la oposición de los liberales moderados, unida a la mala marcha de la guerra carlista, motivó la dimisión forzada (por la regente) de Mendizábal. 

Su sucesor fue el moderado Istúriz, si bien los progresistas, temiendo un retroceso en las reformas, recurrieron de nuevo a las revueltas ciudadanas y el motín de los sargentos de La Granja (1836), que forzaron la ruptura definitiva con el absolutismo y obligaron a la Regente a jurar la Constitución de 1812. 

Con la formación del nuevo gobierno progresista de Calatrava, se optó por elaborar un nuevo texto constitucional que fue la Constitución de 1837. La nueva constitución rompió tanto con el absolutismo como con el liberalismo de 1812. Entre los cambios más destacados destacó el reforzamiento del poder de la Corona, en el que la soberanía nacional se matizaba mediante una atribución conjunta del poder legislativo entre el rey y las Cortes (rasgo de soberanía compartida que emplearán los liberales moderados posteriormente); el poder ejecutivo recaía en el rey que nombraba y separaba los gobiernos; y el judicial se mantenía en manos de tribunales independientes. Las Cortes se dividieron ahora en dos cámaras, la del Congreso (elegido por sufragio censitario) y la del Senado (de designación real, a partir de una lista elaborada por los diputados). Además, se incluyeron nuevamente un conjunto de derechos individuales entre los que estaba la libertad de prensa, la libertad de comercio e industria o la abolición de los señoríos. Se crearon las diputaciones provinciales y se otorgó una mayor democratización a los ayuntamientos, elegidos mediante sufragio universal indirecto, con una Milicia Nacional dependiente de ellos.

 Con la promulgación de la constitución se celebraron unas elecciones que ganaron los moderados, aunque los progresistas consiguieron un mayor apoyo a nivel local (sufragio universal indirecto). Los moderados, que defendían un Estado más centralizado, querían que los alcaldes fueran elegidos por los gobernadores provinciales, y por eso en 1840 prepararon una nueva Ley de Ayuntamientos, aprovechando la mayoría que tenían en las Cortes. Los progresistas, liderados por el general Espartero, ante esta situación que les restaba representación, recurrieron de nuevo al levantamiento ciudadano y presionaron a María Cristina, que renunció a su regencia y acabó exiliándose a París. A partir de ese momento fue Espartero quien asumió la regencia, comenzando entonces con una nueva etapa. 

El problema carlista (1833-1840)

  Con la muerte de Fernando VII en el año 1833, su hermano Carlos María Isidro se autoproclamó como rey y sus partidarios se levantaron en armas. Comenzó así la Guerra Carlista que enfrentó a los partidarios de Carlos y a los partidarios de Isabel:

• Los carlistas fueron los seguidores de don Carlos, el hermano de Fernando VII, grandes defensores del absolutismo del Antiguo Régimen. Contaron con el apoyo de parte de la nobleza, gran parte de la Iglesia, los campesinos no propietarios, y parte del artesanado. Las zonas que lo apoyaron fueron aquellas donde las leyes locales (fueros) tenían un gran arraigo (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia). A nivel internacional tuvieron el escaso apoyo de la Santa Alianza (Austria, Prusia y Rusia), pero no participaron directamente en el conflicto.

• Los partidarios de Isabel fueron conocidos como los isabelinos o cristinos, siendo estos defensores del liberalismo. Contaron con el apoyo de las clases medias urbanas, la alta burguesía y la alta nobleza. A nivel internacional recibieron el apoyo de Francia, Portugal y Reino Unido, que enviaron tropas, armas y municiones.

En cuanto al desarrollo de la guerra, podemos distinguir tres fases:

a) Fase de organización (1833-1835): Se considera el “¡Viva Carlos V!” pronunciado en Talavera de la Reina (Toledo) en 1833, como el pistoletazo de salida de esta guerra civil. A continuación, estallaron numerosas rebeliones en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Castilla y Valencia. En los primeros días se marcó una estrategia de guerra de guerrillas, con escasa organización, hasta que entró en acción el coronel Tomás de Zumalacárregui, que coordinó las distintas partidas carlistas y obtuvo las primeras victorias.  Pero, en el asedio de Bilbao, el perdió la vida (1835) y se produjo un gran retroceso del bando carlista, que consiguió asentarse en las zonas rurales del País Vasco y Navarra, pero fracasó en su intento de ocupar las ciudades más importantes.

b) Fase de nacionalización del conflicto (1835-1837): El conflicto sale de los límites iniciales. Durante esta etapa los liberales intentaron contener a los carlistas en las provincias del norte, pero fracasaron en su intento. Los carlistas por su parte, realizaron una serie de expediciones que recorrieron toda la Península. La más importante fue la Expedición Real (1837), en la que el pretendiente Carlos partió hacia Aragón, Valencia, Cataluña y finalmente Madrid, sin llegar a ocuparla. Desde otoño del año 1837 la causa carlista se fue desvaneciendo poco a poco, a pesar de que obtuvieron algún éxito aislado como la toma de Morella por el general Cabrera. 

c) Fase final (1837-1840): En el año 1838 la guerra se desplazó hacia Levante, donde el general Cabrera obtuvo varias victorias en la sierra del Maestrazgo. A estas alturas ambos bandos estaban ya agotados y la victoria militar parecía estar lejos, era necesario algún tipo de acuerdo entre ambos contendientes. Finalmente se decidió llegar a éste mediante el Convenio o Abrazo de Vergara (1839) entre el general Espartero (liberal) y el general Maroto (carlista). El acuerdo consistió en el respeto por parte de los liberales de los fueros vascos y navarros, así como el mantenimiento de los empleos, grados y condecoraciones militares de los carlistas. Se puede decir entonces que los carlistas fueron derrotados, con un Carlos V que se exilió a Francia, sintiéndose traicionado y sin aceptar el acuerdo, renunciando a sus derechos a favor de su primogénito Carlos Luis. No obstante, la guerra no acabará definitivamente hasta el año 1840, porque todavía hubo algunos personajes reacios como el general Cabrera, contrario al acuerdo. Finalmente acabó exiliado en Francia. A partir de entonces el carlismo quedó como un elemento de oposición latente, que volvió a emerger en otras sublevaciones del siglo XIX.

La regencia de Espartero (1840-1843)

Su regencia se caracterizó por los conflictos diversos que acabaron aislando al propio Espartero frente a los moderados, un sector de los progresistas y el liberalismo radical:

• Los moderados desde un principio intentaron llevar a cabo diversos pronunciamientos militares, si bien todos estos fueron duramente reprimidos, generando una gran enemistad hacia Espartero. Destacó por ejemplo el asalto al Palacio Real (1841).

• A los progresistas, muchas de las acciones militares de carácter dictatorial de Espartero, no terminaron de gustar y motivaron su descontento con el militar riojano, fracturando y debilitando todo el partido. 

• En cuanto a los radicales (futuros demócratas y republicanos), su acción política acabó defraudándolos y acabaron protagonizando diversos movimientos ciudadanos. Destacó por ejemplo la insurrección popular de Barcelona de 1842, ante el rumor de la firma de un tratado librecambista con Inglaterra, que permitía a este país vender sus productos textiles en España sin ningún tipo de obstáculo. Esto iba en contra de los intereses de los textiles catalanes, partidarios de mantener un arancel proteccionista, y de ahí ese malestar que acabó con un levantamiento, que terminó con el bombardeo de Espartero de la ciudad.

  La confluencia de todos estos factores dio lugar a un nuevo levantamiento en el año 1843 de la mano del general Narváez (moderado), que obligó finalmente a Espartero a exiliarse tras el encuentro decisivo que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz. Con el triunfo de los moderados, y ante el temor a una nueva regencia y la dificultad para ponerse de acuerdo, se optó por adelantar la mayoría de edad de Isabel, abriéndose una nueva etapa dentro de su reinado.

2.2 La Década moderada (1844-1854)

La consolidación definitiva del régimen liberal de España se produjo bajo la hegemonía política del liberalismo moderado, conocido también como liberalismo doctrinario, el cual se basaba en los principios de orden y autoridad. La figura política más importante sería el general Narváez. Esta etapa correspondió con el reinado personal de Isabel II (1843-1868)

Tras los sucesos acontecidos en Torrejón de Ardoz en 1843, que terminaron con la victoria de Narváez sobre las tropas de Espartero, este último se vio obligado a renunciar a la regencia y a exiliarse a Londres. A continuación, se formó un gobierno provisional moderado, que decidió adelantar la mayoría de edad de Isabel II, y en el año 1844 el general Narváez (moderado) ocupaba el poder.

Los moderados consideraban que la revolución en España estaba hecha, se trataba ahora de garantizar el orden para conseguir el progreso. Su proyecto político se plasmó en la elaboración de una nueva constitución, la de 1845, y en un conjunto de leyes y reformas. 

La Constitución de 1845 se caracterizó por establecer una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Otorgaba además amplios poderes al monarca, que tenía la facultad de disolver las Cortes y vetar sus decisiones. Contemplaba la unidad católica de España y la existencia de dos cámaras: la del Senado, que era de designación real y debía recaer en personas de los Cuerpos Especiales (altas jerarquías, Iglesia, Nobleza y Ejército); y la del Congreso, elegido por sufragio censitario, en el que el voto se redujo a los mayores contribuyentes y personalidades de la cultura, profesiones liberales, Iglesia y Administración. Se puede decir entonces que el concepto de ciudadano estaba manipulado, ya que sólo participaba una inmensa minoría.

Otro de los elementos claves del gobierno moderado fue la organización administrativa, en el que se llevó a cabo una fuerte centralización del Estado. De este modo la toma de decisiones se producía de “arriba a abajo” con una manipulación del proceso electoral, en el que los concejales eran elegidos por los que tenían derecho al voto, mientras que el alcalde era nombrado por el Rey en los municipios mayores o por los gobernadores provinciales en las localidades más pequeñas. Para conseguir este propósito, los moderados llevaron a cabo una nueva ley de administración local y provincial en 1845.

Siguiendo esta línea centralizadora, durante esta etapa también se aprobaron numerosas leyes y reformas dentro de la política interior moderada:

• En el año 1844 se suprimió la Milicia Nacional y en su lugar se creó un cuerpo militar con estructura jerárquica que fue la Guardia Civil, un grupo armado más poderoso y fiel que el ejército para el Estado. La Guardia Civil nació para proteger a las personas y propiedades dentro de las localidades. 

• Se realizó una reforma de la Hacienda pública cuyos encargados fueron Alejandro Mon y Ramón Santillán. Con esta reforma se racionalizaron los impuestos de España que eran herencia del Antiguo Régimen, organizados en impuestos directos (por ejemplo, el de contribución territorial) e indirectos (por ejemplo, el de consumo), aunque al final no tuvo un completo éxito. Otro aspecto a destacar de estos impuestos fue, que acabó incrementando la presión fiscal en las clases populares, tanto rurales como urbanas. 

• En el año 1851 tuvo lugar el acuerdo global entre la Iglesia y el Estado a través del Concordato con la Santa Sede, que cerró un periodo de enfrentamiento entre ambos. Mediante este documento la Iglesia aceptó la desamortización como hecho consumado, se le concedió capacidad jurídica para comprar bienes, reconoció a Isabel II como reina legítima y permitió al Estado participar en la designación eclesiástica. A cambio el Estado se comprometió a no continuar con la desamortización, devolvió los bienes que no se habían vendido, creó un impuesto para sostener económicamente a la Iglesia, reconoció la religión católica como la única de la nación y permitió a la Iglesia participar en el sistema educativo. No obstante, tras el Concordato, algunos puntos fueron incumplidos por parte del Estado, y además la Iglesia ya no fue aquella institución tan poderosa del Antiguo Régimen.

• Se procedió a una unificación legislativa, que contribuyera a la centralización del Estado. Se adoptó un único sistema de pesos y medidas mediante el sistema métrico decimal, se aprobó un nuevo Código Penal (1848), y se estableció el sistema nacional de instrucción pública (antecedente de Ley Moyano de 1857).

A pesar de todas estas medidas, la sucesión de los distintos gobiernos moderados, no terminó de dar estabilidad política al país y la corrupción fue en aumento. En el año 1852 se produjo un giro en la política moderada, mucho más autoritaria, en la que destacó la actuación del ministro Juan Bravo Murillo. Su política se basó en la presentación de un amplio programa de reformas administrativas y un proyecto de revisión de la constitución de 1845, con el que pretendió sobre todo someter el Parlamento al Gobierno. Este exceso de autoritarismo motivó su dimisión, y a partir de entonces se agudizaron las tensiones internas dentro del moderantismo, que bloquearon cualquier posibilidad de renovación política y de crecimiento económico en España. El resultado de esto fue que en el año 1854 se produjo una nueva crisis, en la que unían factores económicos arrastrados de años atrás (deuda pública), con factores políticos  como la división entre moderados y las camarillas que se denunciaban en el Manifiesto del Manzanares, factores que propiciaron el fin de los diez años de gobierno moderado.

2.3 El Bienio Progresista y la vuelta al moderantismo

El Bienio Progresista (1854-1856)

Tras once años de gobierno moderado, con Narváez como brazo armado, los envites de la Revolución Francesa y europea de 1848 se traducen en España en la Revolución de 1854 en que se conjugan fuerzas diversas que demandan un cambio:

• La oposición de algunos moderados (en descontento con su gobierno)

• La actividad insurreccional de progresistas y demócratas (más unidos tras la muerte de Mendizábal)

• La movilización popular (que se quejaba de los problemas económicos motivados por las crisis de subsistencia y la presión fiscal). 

Como resultado, en junio de 1854, tuvo lugar el levantamiento del general Leopoldo O’Donnell (moderado) en Vicálvaro, que dio lugar a una situación muy incierta a la que se sumaron los progresistas. Los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Antonio Cánovas del Castillo), en el que se recogieron una serie de reivindicaciones como la reforma de las leyes electorales y de imprenta, la descentralización del poder estatal y el restablecimiento de la Milicia Nacional. Al final se terminaba haciendo un llamamiento para la formación de juntas locales y provinciales frente a la autoridad del gobierno. Se produjo entonces una extensión del movimiento revolucionario (sobre todo en ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia), que tuvo que ver con la propia crisis económica y social que se estaba viviendo y la represión política que habían llevado a cabo los moderados. Pero lo más importante de este movimiento fue la participación de las clases populares, que jugaron un importante papel. Ante esta situación la reina se vio obligada a entregar el poder a Espartero (progresista) que lo compartió con O’Donnell, como ministro de la Guerra. 

Tras la celebración de nuevas elecciones, que dieron la victoria a los progresistas, el nuevo Gobierno progresista intentó reponer alguno de sus principios ideológicos como la Milicia Nacional, la ley de imprenta o la ley electoral municipal de la década de 1830. Sin embargo, uno de sus grandes propósitos fue la preparación de la Constitución de 1856, llamada después “non nata” porque no llegó a publicarse. Esta constitución, de carácter progresista, establecía una soberanía nacional, contemplaba la reunión automática de las Cortes, la abolición de la pena de muerte y la libertad de conciencia. Pero el Bienio destacó sobre todo por su legislación económica, destacando dos pilares fundamentales, la desamortización general de Madoz y la regulación del transporte ferroviario. La desamortización de Madoz (1855) se prolongó mucho en el tiempo hasta principios del siglo XX. En ella se pusieron a la venta dos tipos de bienes, los eclesiásticos (aquellos que no habían sido desamortizados); y los municipales (las tierras que eran propiedad de los ayuntamientos). Con esta venta se pretendió sanear la Hacienda Pública y financiar obras públicas (sobre todo el ferrocarril), si bien muchos ayuntamientos quedaron arruinados, la deuda pública siguió existiendo y las clases menos pudientes salieron muy perjudicadas. La regulación del transporte ferroviario tuvo como fin permitir la circulación de capitales a través de varias medidas, la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito; la conversión del Banco de S. Fernando en Banco de España; y la aprobación de la Ley de Ferrocarriles (1855). 

A pesar de todas estas medidas, el gobierno progresista acabó entrando en crisis por la creciente conflictividad social motivada por la grave situación económica (movimientos obreros acompañados de huelgas en Barcelona o Valladolid, por ejemplo); la hostilidad de la Corona y los grupos moderados; y la heterogeneidad de la coalición gobernante (moderados sublevados en Vicálvaro y progresistas). La confluencia de todos estos factores hizo que en el año 1856 se produjera la caída del gobierno progresista y la dimisión de Espartero, que fue sustituido por el general O’Donnell. 

La vuelta al moderantismo y el gobierno de la Unión Liberal (1856-1868) 

Con la caída del régimen progresista, los moderados intentaron volver a la política clásica. Tras un breve gobierno de O’Donnell, la reina entregó la presidencia del Consejo de Ministros a Narváez, que en el plano político trató de eliminar el progresismo del periodo anterior y volvió a la Constitución de 1845, añadiendo un acta adicional con principios de la de 1856. En el plano económico se continuaron con las leyes anteriores y también en este periodo se aprobó la Ley Moyano (1857), que ordenaba el sistema educativo español y establecía los niveles de enseñanza primaria en los municipios, secundaria en las capitales de provincia, universidades en las capitales regionales y doctorado en la universidad central. Mediante esta ley se preveía además hacer gratuita la enseñanza primaria, mientras que la secundaria dependería de las diputaciones. Sin embargo, las continuas disputas internas en los gobiernos moderados, las malas cosechas y la subida del precio del trigo del año 1857, que unidas a un comercio que desde 1853 se centraba únicamente en las exportaciones, provocaron una crisis que dio lugar a la caída de Narváez y al regreso de O’Donnell y su nueva solución política. 

Desde 1858 hasta 1863 se impuso la opción política de la Unión Liberal, liderada por O’Donnell, que fue el gobierno más estable que se dio durante la primera mitad del siglo XIX. El principal objetivo de este partido fue el de lograr mantener el orden y llevar a cabo nuevas reformas, de tal forma que no se regresara al “45” de los moderados, ni a la “revolución” que querían los progresistas. Precisamente durante su gobierno, España vivió una expansión económica sin precedentes en la que se produjo una expansión industrial en Asturias, País Vasco, zonas de Andalucía y Cataluña. Además, se llevó a cabo una importante política de obras públicas (ferrocarriles, canal de Isabel II en 1858 para abastecer a Madrid, etc.). También este gobierno destacó por su política exterior, en la que España participó en expediciones militares fuera de nuestro territorio (intervención en Indochina, intento de recuperar Santo Domingo, inicio de la guerra con Marruecos e intervención en México) Los motivos de esta política exterior respondían a una cuestión de prestigio, se trataba de recuperar el prestigio de España como potencia internacional, uniéndose al fenómeno imperialista que se vivía en estos momentos en Europa. 

Estas acciones no libraron a este gobierno de problemas y tuvo que hacer frente a nuevas sublevaciones carlistas (acabaron fracasando), y a las protestas de los campesinos que se derivaron de la desamortización de Madoz y los impuestos (destacó la sublevación de Loja en Granada en 1861). Precisamente el incremento de la conflictividad social forzó a O’Donnell a pedir su dimisión en 1863. 

Desde 1863 hasta 1868 asistimos a los últimos años del reinado de Isabel II, caracterizados por la sucesión de numerosos gobiernos moderados y unionistas. Este clima de inseguridad fue agravándose, hasta que el levantamiento del almirante Topete en Cádiz en 1868 puso fin al reinado de Isabel II. Fueron dos las causas que dieron lugar a la revolución de 1868: en política los gobiernos extremadamente moderados de Narváez y González Brabo entre 1866 y 1868, actuaron muchas veces ignorando la función de las Cortes y contando con el consentimiento de la Reina, llevando a cabo una fuerte represión como la realizada tras la Noche de San Daniel (1865) o tras el pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil (1866). El resultado de esto fue que se empezó a cuestionar la legitimidad de la monarquía, al tiempo que se formó una oposición política en la que destacó la figura del general Prim, que desde el exilio reorganizó a esta oposición mediante el Pacto de Ostende (1866), integrado por progresistas, demócratas y luego unionistas, que se marcaron como objetivo derrocar a Isabel II. En economía, la crisis financiera que se produjo en 1866 por el hundimiento de la bolsa, dio lugar a una crisis del sector ferroviario en el que se retiraron los capitales por no obtener los beneficios esperados, repercutiendo a su vez en el resto de sectores económicos. A esta crisis se le unió otra de subsistencia en el año 1867 motivada por las malas cosechas, la extensión de las epidemias y el incremento del precio de trigo, que causaron un gran malestar de las clases populares urbanas y rurales que se quejaron de los gobernantes. La confluencia de todos estos factores hizo que en el año 1868 existiera una situación muy propicia para que estallara una revolución, que se inició en Cádiz por el almirante Topete y supuso el final del reinado de Isabel II.

Ejercicios sobre este periodo

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno sobre esta etapa. Para ello te puedes ayudar dedel ejercicio y la presentación que tienes a continuación.

1. ¿Cómo se denominaba a los militares de alto rango que se pronunciaban a favor de una facción política durante el siglo XIX?

2. ¿Cuál fue la ley que enajenaba los bienes propios de los Ayuntamientos?

3. ¿Qué disposición establecía los niveles de enseñanza primaria en los municipios, secundaria en las capitales de provincia, universidades en las capitales regionales y doctorado en la universidad central?

4. Sistema electoral muy restrictivo que impedía votar a quienes no tenían un nivel socioeconómico medio e incluso alta (cuando gobernaban los moderados)

5. General que gobernó de forma continua entre 1858 y 1863

6. Movimiento rebelde que surgió en septiembre de 1868

Fuentes históricas 

Prueba práctica

MANIFIESTO DE MANZANARES (7 de julio de 1854). 

Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes, que hemos jurado defender. Dentro de poco días la mayor parte de las provincias habrá sacudido el yugo de los tiranos; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo [...] Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin camarilla que lo deshonre, queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la ley electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el merecimiento; queremos arrancar a los pueblos de la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional [...]. Las Juntas de Gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales, que luego se reúnan; la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a la que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida. 

Cuartel General de Manzanares, a 7 de julio de 1854. El General en Jefe del Ejército Constitucional, Leopoldo O´Donnell, Conde de Lucena. 

Tras leer el texto responde a las siguientes preguntas

1. ¿El documento es de tipo histórico-narrativo, jurídico, historiográfico, literario o de otra categoría diferente a las enumeradas? Justifica tu respuesta argumentado el porqué de la selección que has realizado

2. ¿Qué hecho político trascendental del siglo XIX español refleja el texto?

3. ¿A quién va dirigido este texto?

4. De todas las partes del texto remarcadas en color amarillo selecciona la que crees que más importancia tiene y explica la razón o razones por la que la consideras importante

5. Explica qué pretendía comunicar los sublevados con el resto de los fragmentos remarcados con color amarillo.

6. En qué etapa del reinado de Isabel II se sitúa el Manifiesto de Manzanares y cuáles de las reivindicaciones que se insertan en el texto llegaron a cumplirse y cuáles no.

3. El Sexenio Democrático. Economía y sociedad española en el siglo XIX

3.1 Evolución política del Sexenio Democrático

Completa el esquema de la imagen con los siguientes términos que aparecen en tu cuaderno. Tras hacerlo comprueba si está correcto en la presentación

3.2. La economía española en el siglo XIX: agricultura, industria y transportes.

Antes de empezar Observa atentamente cada imagen que aparecen en la diapositiva (si haces clic en cada una de ellas se ampliarán). Tras esto trata de vincular cada una de las ilustraciones con el proceso económico, político o demográfico que le corresponde.

  La economía española del siglo XIX y principios del XX se caracterizó sobre todo por su atraso y lento crecimiento con respecto a los países industrializados europeos, Estados Unidos y Japón. Entre los factores que contribuyeron a ello estuvieron la falta de capitales para financiar las innovaciones técnicas en la industria; la difícil orografía de España; el lento crecimiento demográfico (menos mano de obra y demanda); la escasez y dispersión de materias primas y fuentes de energía; y la inestabilidad política del país, que se vio inmerso diferentes conflictos militares.

La agricultura española del siglo XIX

         Durante el siglo XIX España siguió siendo un país esencialmente agrario. El sector agrario se caracterizó por el estancamiento de la producción, el atraso tecnológico y la existencia de una propiedad que no se podía vender. A esto hay que añadir que la actividad ganadera presentaba una mayor importancia y limitaba la libertad de los cultivos. Para intentar solucionar esta problemática, y tomando como referencia el modelo de la Francia revolucionaria, en España se inició un proceso desamortizador consistente en nacionalizar los bienes de la Iglesia o de los municipios, para posteriormente ponerlos a la venta mediante subasta pública. Este proceso se convirtió en la pieza fundamental de la transformación agraria española del siglo XIX.       

Los primeros intentos desamortizadores tuvieron lugar desde 1798 durante el gobierno de Godoy, afectaron a los bienes de la Iglesia, y sanearon en parte la Hacienda real. Posteriormente se continuó este proceso durante el reinado de José I, con tierras del clero regular y de la aristocracia contraria a la ocupación francesa. También las Cortes de Cádiz aprobaron un decreto desamortizador, que no llegó a ponerse en práctica por la llegada de Fernando VII, aunque sí llegó a aplicarse durante el Trienio.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y la formación de los primeros gobiernos liberales durante la Regencia de María Cristina, España vivió una profunda transformación en la agricultura en el que se modificó el régimen de propiedad de la tierra y se introdujeron las primeras innovaciones técnicas. El régimen de propiedad de la tierra se modificó a través de las desamortizaciones eclesiásticas y civiles realizadas sobre todo por Mendizábal (1836) y Madoz (1855), en el que miles de propiedades salieron al mercado, el problema es que éstas fueron compradas mayoritariamente por los que ya las tenían, evitando que muchos campesinos pudieran hacerse con ellas. A pesar de esto, la reforma agraria liberal trajo consigo un aumento de la superficie cultivada y un incremento de los rendimientos y de la producción, en el que destacaron los cultivos del trigo, la vid y el olivo. También aumentó la especialización regional con la patata y el maíz en el norte, los cultivos arbustivos de la franja mediterránea y los cereales de las dos mesetas. Los productos más exportados fueron el vino, el aceite y los cítricos.

En el último cuarto del siglo XIX, el todavía escaso nivel técnico, los bajos rendimientos y la mejora de las comunicaciones (abarataron las importaciones de cereal) terminaron por afectar al sector agrícola y motivaron una gran crisis. Para intentar frenarla, en el año 1891 se aplicó una política proteccionista (tarifa arancelaria), que lo único que hizo fue tapar aún más los verdaderos problemas del sector agrario español. Hasta comienzos del siglo XX no se inició una lenta transformación de los modos de producción, que aceleraron la especialización, bajaron los costes y aumentaron enormemente la productividad agrícola.

La industria española del siglo XIX

         La industrialización española durante el siglo XIX fue bastante tardía con respecto al Reino Unido y resto de países europeos. Desde finales del siglo XVIII, la producción manufacturera española fue de carácter artesanal y de ámbito local (fábricas de indianas de Cataluña). Fue a partir de 1833, con las primeras medidas liberales moderadas, cuando comenzó a darse un despegue industrial fruto de la compra de tecnología extranjera. Si analizamos el desarrollo de la industria española por sectores, ésta presentó como rasgo fundamental su concentración en áreas geográficas concretas:

● Sector textil algodonero catalán: Fue el único que había iniciado la industrialización hacia el año 1830, gracias al importante desarrollo comercial y manufacturero que ya vivió en el siglo XVIII. Este hecho fue posible por la protección arancelaria y las innovaciones tecnológicas (máquinas de hilar y telares mecánicos movidos por vapor). Durante la primera mitad del siglo XIX, el aumento de la producción, rendimientos y mejora de las comunicaciones, hicieron que Barcelona se convirtiera en el principal centro de la industria textil algodonera española. A esto contribuyó su buena situación para la entrada de carbón y la concentración financiera, ya que las nuevas técnicas requerían mayores inversiones de capital. Sin embargo, en la década de 1860 se produjo una recesión motivada por la desviación de capital hacia otras inversiones como el ferrocarril, la banca o las minas, a la que se unió la guerra de Secesión en EE.UU., el mayor productor de algodón. El sector volvió a vivir un impulso desde el año 1882, que fue frenado a consecuencia de la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Este hecho supuso un duro impacto para la industria textil, que no se recuperará hasta las primeras décadas del siglo XX.

● Sector siderúrgico vasco: La siderurgia española estuvo condicionada a la existencia de carbón y hierro, necesarios para su desarrollo, y de ahí que la explotación minera también tuvo mucho que ver. Ya desde la Antigüedad, España se caracterizó por su gran riqueza mineral, sin embargo, a pesar de esta riqueza de yacimientos, la minería española estuvo estancada durante casi todo el siglo XIX. Este hecho fue producido por la falta de demanda provocada por el atraso económico, la falta de capitales y tecnología necesarias y el fuerte intervencionismo del Estado que frenaba la inversión extranjera. Durante el Sexenio, la Ley de Bases de la Minería impulsó el sector minero, unido a la expansión del ferrocarril, la arquitectura del hierro, los nuevos aceros y la mecanización. En cuanto a la industria siderúrgica, a pesar de que tuvo su origen en Málaga y se desarrolló posteriormente en Asturias, en las últimas décadas del siglo XIX el principal foco siderúrgico español se desarrolló en el País Vasco. A esto contribuyó la utilización del sistema Bessemer[1] para la producción del acero, que supuso una importante concentración de capitales en el que participaron socios británicos. De esta forma, los barcos que llevaban el mineral de hierro a Inglaterra, regresaban con un carbón galés más barato y de mejor calidad que el asturiano. A partir del año 1880 el sector siderúrgico vasco vivió una gran expansión, con la creación de varias empresas de gran nivel tecnológico y capacidad productiva, que más tarde se fusionaron y formaron los Altos Hornos de Vizcaya. El País Vasco, además, se convirtió en pionero de las nuevas formas de industrialización, a través de la concentración empresarial, la concentración empresarial, la participación bancaria y el proteccionismo estatal.

● Otros sectores: Además de la industria siderúrgica y textil, existieron también otros sectores en España, aunque con producción menor. En la industria agroalimentaria destacaron las fábricas de harina de Aragón y Castilla o las empresas productoras de vinos y alcoholes de Andalucía y Cataluña. En la industria papelera, durante el siglo XIX destacaron las de Guipúzcoa y Burgos. La industria minera, complementaria de la siderúrgica, vivió un importante crecimiento tras la Ley de Bases Mineras de 1868 y permitió la entrada de capital extranjero, destacando los yacimientos de Riotinto en Huelva (cobre) o Almadén (mercurio). También se produjo el desarrollo de nuevas fuentes de energía como la electricidad o el petróleo, aunque ya entrado el siglo XX.

El desarrollo de los transportes y comunicaciones.

España siempre se caracterizó por su complicada orografía que dificultó el abastecimiento dentro del mercado nacional. Hasta finales del siglo XVIII el transporte peninsular fue caro y lento, limitándose únicamente a la red de caminos de ruedas. Esta situación cambió durante el Bienio Progresista (1854-56), etapa en la que se dio un gran impulso a la construcción del ferrocarril. A partir de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, se concedieron importantes ventajas para la construcción de líneas de ferrocarril, las cuales facilitaron la entrada de capital extranjero, permitieron una desgravación fiscal y otorgaron subvenciones en el coste de construcción. El resultado de esto fue que la red de ferrocarril español se consolidó y se construyeron las principales líneas, de tal forma que a finales del siglo XIX la red básica superaba ya los 13000 km de vía. El ferrocarril supuso una auténtica revolución en los transportes y favoreció el intercambio de personas, abarató el transporte de mercancías y aumentó el comercio interior. No obstante, el ancho de vía del ferrocarril español fue mayor que en el resto de Europa, fomentando esto el aislamiento.

Junto al ferrocarril, también se dieron otros avances en los transportes y comunicaciones durante el siglo XIX, en el que cabe destacar la extensión de la navegación de vapor (sobre todo en el País Vasco), la modernización de correos (utilización del sello) y el uso de la telegrafía eléctrica. Todo ello contribuyó a unificar el mercado nacional.

Las reformas de la Hacienda y el sector financiero

         Durante el siglo XIX, al igual que ocurrió en otros países de Europa, el Estado español asumió un fuerte protagonismo al intervenir en las decisiones económicas y fiscales, elementos clave de la transformación económica que se vivió en el país. Los problemas fiscales heredados del Antiguo Régimen trajeron consigo numerosos problemas, y a pesar de los intentos reformadores, todos acabaron fracasando. En este campo de la economía, la reforma fiscal de Alejandro Mon y Ramón Santillán (1845) marcó un antes y un después en la Hacienda española, gracias a la introducción de dos tipos de impuestos directos e indirectos, el establecimiento de unos presupuestos generales del Estado y la adopción de medidas para reducir la deuda pública. También durante este siglo el sistema financiero español vivió una etapa de transición hacia su modernización, que tuvo lugar en el siglo XX. En 1856 cabe destacar la creación del Banco de España, que tras la crisis financiera de 1866 asumió el monopolio de emisión de billetes, mientras que la banca privada fue desmantelada (solo quedaron cuatro bancos) A todos estos cambios se le unió la implantación de la peseta como unidad monetaria en 1868, que venía a facilitar las transacciones económicas en el interior del país.

[1] Bessemer: sistema de producción de acero de gran calidad que permite obtener una gran rentabilidad y aprovechamiento del hierro y coque empleados.

3.3. La sociedad española en el siglo XIX: del estamentalismo a la sociedad de clases.

La demografía del siglo XIX

         En el siglo XIX se vivieron importantes transformaciones demográficas y sociales, en un contexto histórico marcado por el paso del Antiguo Régimen a la etapa contemporánea. Si durante los siglos anteriores España vivió un estancamiento general de la población, desde el siglo XIX se experimentó un crecimiento demográfico que vino acompañado de movimientos migratorios internos y externos. Sin embargo, en comparación con el resto de países europeos, este crecimiento fue moderado debido a varios factores como la existencia de una tasa de mortalidad elevada (malas condiciones sanitarias y numerosas crisis de subsistencia), la alta tasa de natalidad (pobreza rural) y el bajo crecimiento vegetativo. Este modelo demográfico, propio del Antiguo Régimen, solo empezó a cambiar a finales de siglo con el descenso de las tasas de natalidad y mortalidad, y tan solo destacó el caso de Cataluña, que, a diferencia del resto de regiones españolas, inició su transición demográfica antes. A todo esto se le unió la gran importancia de movimientos migratorios que hubo hacia América, y dentro de España, con dirección a las ciudades periféricas y Madrid (población procedente del medio rural atraída por la industrialización), los cuales trajeron consigo un desigual reparto espacial de la población (creció más en Madrid, las zonas litorales e industriales y menos en las zonas interiores y agrarias).

La nueva sociedad de clases

Durante el Antiguo Régimen la sociedad fue estamental, la cual se basaba en la desigualdad, los privilegios y la existencia de grupos cerrados o estamentos, con una gran influencia y poder de la Iglesia y la Nobleza, y un sistema político basado en la monarquía absoluta. En España esta situación se mantuvo hasta la muerte de Fernando VII en 1833, ya que los cambios esbozados por la constitución de 1812 y el Trienio Liberal fueron suspendidos y no llegaron nunca a ser efectivos.

Con el nuevo estado liberal creado en el segundo tercio de siglo, y ya desde la regencia de María Cristina, los liberales forzaron ciertos cambios políticos y económicos en los que dejaron de existir estos estamentos, se impuso la igualdad jurídica y fiscal de todos los ciudadanos, se llevó a cabo una desamortización eclesiástica que redujo considerablemente el poder económico de la iglesia y su influencia, se suprimieron los señoríos territoriales y los mayorazgos haciendo perder relevancia social a la nobleza, se abolieron los gremios, las aduanas interiores y se estableció una libertad de industria y trabajo. Los españoles, además, quedaron definidos por su pertenencia a una determinada clase social según su nivel económico.  Pero el paso del estamentalismo a la sociedad de clases no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un cambio lento, progresivo y paralelo a los cambios económicos. En general, este conjunto de cambios permitió consolidarse a la burguesía, principal apoyo del nuevo régimen liberal, mientras que el clero fue perdiendo cohesión social, la nobleza sobrevivió más o menos igual y los más desfavorecidos siguieron siendo los mismos. La nueva sociedad de clases quedó constituida de la siguiente forma:

●  La nobleza: Perdió influencia durante el siglo XIX, pero supo adaptarse a las nuevas circunstancias. Conservó la mayoría de las tierras y salió reforzada con la revolución liberal, ya que su patrimonio creció procedente de los bienes desamortizados. También conservó cierta relevancia política teniendo presencia en los escaños del Senado, reservados para este grupo por algunas constituciones. En la economía, la nobleza no se involucró mucho en las actividades industriales, mineras o ferroviarias del siglo XIX, aunque a veces utilizaron su apellido para entrar en algunos consejos empresariales y se aliaron con la burguesía financiera.

●  El clero: Con la revolución liberal la Iglesia perdió gran parte de sus bienes por el proceso desamortizador, fue desposeída de su principal fuente de riqueza (el diezmo), perdió progresivamente su monopolio en la enseñanza y las órdenes religiosas se redujeron considerablemente.

●  Burguesía: Fue un grupo heterogéneo y plural que se caracterizó por su espíritu empresarial y emprendedor. Su importancia fue a raíz del triunfo de la revolución liberal, ya que el nuevo poder político le ofreció la posibilidad de conseguir grandes cantidades de bienes. La burguesía engrandeció su fortuna gracias a las concesiones estatales, la adquisición de propiedades tras las desamortizaciones, la administración de servicios urbanos y la inversión en actividades industriales, comerciales y transportes. El desarrollo económico del siglo XIX permitió la aparición de una nueva burguesía de negocios (banqueros, grandes comerciantes, terratenientes…) que residió sobre todo en las principales ciudades y capitales de provincia, la cual se dedicó a las inversiones especulativas del ferrocarril, comercio de esclavos, la bolsa o la propiedad inmobiliaria. Fuera de las grandes capitales destacó una burguesía regional y periférica más modesta, vinculada a las actividades agrícolas y comerciales como la producción de cereales en Castilla, los ultramarinos en Cádiz, la producción textil catalana o incluso el grupo de burgueses que se enriqueció con los negocios en las colonias. También dentro de la burguesía existió una amplia clase media urbana, que fue un grupo muy influyente durante el siglo XIX, integrada por profesiones liberales como abogados (fundamental para la carrera política), periodistas (de gran prestigio en la época), catedráticos (de gran relevancia social por la extensión de la enseñanza), funcionarios (grupo amplio pero inestable), arquitectos e ingenieros (contribuyeron a la modernización de las ciudades y a la construcción de obras públicas) y médicos (algunos importantes figuras políticas) 

●  Las clases populares: Constituía la mayoría de la población española y estaba formada por varios grupos. El mayoritario, que vivía en el mundo rural, fue el de los campesinos (2/3 partes de la población). Entre ellos se podían distinguir a pequeños y medios propietarios, sobre todo en el norte de España, que a veces tenían que trabajar también como asalariados y arrendatarios para completar sus ingresos. También estaban los arrendatarios y aparceros, cuyas condiciones variaban en función del territorio donde residían, y finalmente los jornaleros, muy abundantes en el sur de la Península, que sufrían los paros estacionales, trabajaban por un bajo salario y vivían en condiciones precarias. Otro grupo fue el de la clase baja urbana, muy heterogéneo, formado por trabajadores del sector servicios (comercio, tareas domésticas o transporte), artesanos (zapateros, carpinteros…) y los nuevos obreros industriales (proletariado). Este último grupo se fue constituyendo lentamente, sobre todo en los principales centros fabriles (Cataluña, País Vasco, Asturias y los centros mineros). Finalmente encontramos el grupo de los marginados, dentro del cual estaban los mendigos, vagabundos, presidiarios y enfermos en hospitales y hospicios.

A lo largo del siglo XIX, y unido al proceso industrializador, tuvo lugar en España la aparición del movimiento obrero y sindical. Este hecho se vio favorecido por las desigualdades y las duras condiciones que tuvo que afrontar la clase obrera industrial, en las que la jornada laboral era muy larga (15 horas), las condiciones de trabajo eran nocivas (ruidos, temperaturas extremas, suciedad, falta de seguridad y accidentes laborales), los salarios eran bajos y apenas daban para subsistir, y las condiciones de vida eran precarias (hacinamiento, escasa higiene, enfermedades…). Si durante buena parte del siglo XIX la mayoría de la clase obrera mantuvo una actitud pasiva y apenas se movilizó, desde 1868 (Sexenio) surgió la concienciación de los trabajadores como clase social, muy influenciada por las doctrinas ideológicas del anarquismo y el socialismo. Tras las primeras experiencias asociativas en el sector textil catalán sobre todo, desde 1868 surgieron los primeros grupos anarquistas relacionados con la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional). En 1870 tuvo lugar el primer congreso obrero español y se fundó la FRE (Federación de la Región Española) de tendencia anarquista. En 1872 tuvo lugar la escisión de la AIT y su división ideológica en socialismo y anarquismo se trasplantó también a España. A partir de entonces el objetivo del PSOE fue la transformación revolucionaria de la sociedad, la conquista del poder por la clase obrera y la conversión de la propiedad privada en social. En 1879 la rama del socialismo fundó el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y años más tarde, en 1888, surgió la UGT (Unión General de Trabajadores). Su crecimiento sin embargo fue lento y solo se implantó en Madrid, Vizcaya y Asturias. Más éxito tuvo la difusión del anarquismo, destacando dos zonas de actuación, Cataluña (republicanismo federal) y Andalucía (campesinado). Fueron tres las corrientes que triunfaron: la anarcosindicalista (instrucción, asociación y organización de la lucha obrera), la revolucionaria (defensora de la violencia terrorista) y la anarco-comunista (defensora de la propiedad social y disfrute de los frutos del trabajo por igual).

Ejercicio sobre la sociedad española en el siglo XIX. Haz clic aquí para verlo con mayor amplitud en tu pantalla 😉

Observa las siguientes imágenes y relaciónalas con los contenidos del apartado dedicado a la sociedad española

4. El régimen de la Restauración (1874-1902)

4.1. El establecimiento de Alfonso XII como rey y el funcionamiento del sistema canovista; la Restauración.

El regreso de los Borbones

         Tras el Sexenio Democrático (1868-1874) se restauró la monarquía borbónica en España y regresó el liberalismo moderado. El deseo generalizado de lograr una mayor estabilidad política en el nuevo régimen encontró su cauce en las ideas y la acción política de Antonio Cánovas del Castillo, líder del partido alfonsino durante el Sexenio. Su programa político ya se plasmó en la redacción del Manifiesto de Sandhurst (1874) en nombre del futuro Alfonso XII, que defendía la monarquía constitucional y un principio monárquico basado en la legitimidad histórica.

         Cánovas del Castillo preparó la llegada de Alfonso XII a España y no era partidario de los pronunciamientos, a pesar de que en diciembre de 1874 un impaciente general Martínez Campos fue el que proclamó a Alfonso XII como rey. Una vez en el gobierno se encargó también de revisar la política del Sexenio Democrático, limitando sus libertades, y redactó además un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1876, que estuvo vigente hasta 1923 (en total 47 años). Fue aprobada por unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino. En cuanto a sus características, establecía una soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, las Cortes eran bicamerales (Congreso y Senado) y el ejecutivo recaía en el Rey, que vio ampliados sus poderes y podía convocar, suspender y cerrar las Cortes, nombrar a los ministros y al presidente del gobierno, convirtiéndose además en el mando supremo de las Fuerzas Armadas. También según la Constitución se admitían los derechos sociales de la de 1869, aunque se eliminaba la libertad de culto y únicamente se reconocía la tolerancia religiosa (la religión del Estado era el catolicismo pero se permitían otros cultos en el ámbito privado). El tipo de sufragio se dejó pendiente y por eso en el año 1878 se elaboró una nueva ley electoral que establecía un sufragio censitario, en el que solo podían votar los propietarios y las personas con títulos académicos (se reducía enormemente la participación)

El Turno de Partidos

         La práctica política del sistema de la Restauración se basó en una alternancia pacífica en el poder entre el partido de Cánovas (Partido Conservador) y el principal partido de la oposición (Partido Liberal), sistema político conocido como turno de partidos o sistema canovista. Fue el propio Cánovas el que introdujo este modelo de gobierno basado en el bipartidismo inglés, con la intención de garantizar así la estabilidad institucional, y acabar con los pronunciamientos militares que tan característicos fueron en la etapa isabelina.

         El Partido Liberal Conservador  o Partido Conservador fue liderado por Cánovas del Castillo. Su origen se encontraba en el grupo de alfonsinos del Sexenio Democrático, Unionistas y miembros del antiguo Partido Moderado, al que se unió un sector católico y parte del progresismo. Como base social tuvieron a los terratenientes, grandes industriales y católicos. Su principal objetivo fue el de mantener el orden social mediante la represión y el centralismo administrativo.

         El Partido Liberal Fusionista o Partido Liberal fue liderado por Práxedes Mateo Sagasta. Agrupó a demócratas, radicales y republicanos moderados, al que se unieron personajes que tuvieron gran protagonismo durante el Sexenio. Como base social tuvieron a las profesiones liberales, comerciantes, militares y funcionarios. Su principal objetivo fue el de promulgar nuevas leyes que ayudaran al desarrollo económico y social del país.

         Los dos partidos se turnaron pacíficamente en el poder sobre todo a partir del Pacto del Pardo (1885), en el que a raíz de la muerte en plena juventud de Alfonso XII por tuberculosis, Cánovas pactó con Sagasta el reconocimiento de M.ª Cristina de Habsburgo como regente y la continuidad del Turno de Partidos.

En cuanto a la legislación política y económica llevada a cabo durante el reinado de Alfonso XII, destacó el establecimiento del sufragio censitario (1878); la abolición de la esclavitud (1880); el establecimiento de la censura previa y la ley de restricción a las Asociaciones y libertades de imprenta y cátedras. Esta legislación fue desarrollada por el Partido Conservador de Cánovas, que dirigió prácticamente en su totalidad el periodo correspondiente al reinado de Alfonso XII. También durante esta etapa se consiguió pacificar el país poniendo fin a la 3ª Guerra Carlista, la Guerra de Cuba y la conflictividad obrera que caracterizaron el Sexenio.

Tras el desarrollo del Pacto y durante la Regencia de María Cristina, los conservadores cedieron el poder a los liberales, y entre 1885 y 1890 llevaron a cabo una importante modernización del Estado a través de diferentes reformas y leyes, como fue la reforma del Código de Comercio (1885) y el Código Civil (1889) que regulaban las relaciones privadas; la ley de Asociaciones (1887) que legalizaba la formación de partidos políticos y sindicatos obreros; la ley de Jurados (1888) que restablecía los juicios por jurados o el establecimiento del Sufragio Universal Masculino (1890). También durante esta etapa surgieron nuevos problemas como la aparición de los movimientos nacionalistas y regionalistas, la crisis económica y una nueva guerra con Cuba.

El falseamiento de las elecciones.

         Dentro del turnismo, cuando el partido que estaba en el poder se sometía a fuertes presiones internas, el Rey llamaba a gobernar al otro partido. Sin embargo, para conseguir el respaldo de las Cortes y de acuerdo con la Constitución de 1876, era necesario preparar nuevas elecciones, las cuales tenían que ser manipuladas para que el resultado diera la mayoría al partido que le correspondía estar en el poder. Hasta el año 1890 se impuso un sufragio censitario. Pero, a partir de este año mencionado, con el fin de controlar mejor las elecciones se falseaban para crear mayorías parlamentarias a través del encasillado, el pucherazo y el caciquismo (esto fue posible gracias al alto grado de analfabetismo que existía en España):

●        El encasillado: Lista de candidatos adeptos al Gobierno, a quienes este señalaba distrito para las elecciones de diputados. De esta forma el partido que debía gobernar se aseguraba la mayoría, mientras que el partido mantenía un amplio número de votos. También se dejaban algunos escaños para políticos que no pertenecían al partido Conservador ni al Liberal (por ejemplo, a los republicanos, para evitar posibles revueltas)

●        El “pucherazo”: Si el acuerdo entre los partidos no funcionaba se recurría al “pucherazo”, que era el fraude electoral que iba desde la compra de votos, la intimidación, la colocación de urnas en lugares inaccesibles, la utilización de nombres de electores fallecidos, la ruptura de votos y la elaboración de un acta electoral falsa entre otros.

●        El caciquismo: Cuando en el año 1890 se aprobó el sufragio universal masculino, se hizo más difícil el control de las elecciones. Sin embargo, a pesar de esto, se consiguió garantizar el control del electorado gracias al fenómeno conocido como caciquismo. Este fenómeno ya se dio durante la época isabelina, pero ahora va a ser mucho más complejo. Los caciques eran individuos o familias que por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una determinada circunscripción electoral. El caciquismo tuvo más fuerza en las zonas rurales, en el que gran parte de la población estaba supeditada a sus intereses gracias al control de los ayuntamientos.

         Cuando España empiece a ser más urbana este sistema empezará a fallar. Precisamente en las elecciones del año 1931, aunque ganaron los monárquicos, en las grandes ciudades lo hicieron los republicanos, algo que demostró que allí donde no llegaba el sistema caciquil se mostraba realmente a quién se quería en el poder. Es por eso que el Rey decidió exiliarse y se proclamaría la II República.

La oposición política al régimen de la Restauración

         El sistema de la Restauración marginó a amplios sectores políticos y sociales, fuerzas de oposición que a pesar de ser numerosas quedaron al margen del turno de partidos.

         Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885), la oposición política estuvo formada por grupos que tenían su origen histórico en etapas anteriores (carlistas y republicanos) y por nuevos partidos que se derivaban del movimiento obrero:

●        Los carlistas: A pesar de su derrota en 1876 no desaparecieron como opción política, pudiéndose distinguir dos etapas dentro de su evolución durante este periodo:

o   En un primer momento (hasta 1888) se caracterizaron por su desorganización y divisiones internas, en la que muchos carlistas actuaron desde el exilio, no siendo partidarios de participar en la vida política e incluso esperando la posibilidad de volver a sublevarse.

o   En un segundo momento (a partir de 1888) se caracterizaron porque a raíz del triunfo de la rama neocatólica, el carlismo empezó a ser partidario de integrarse en el régimen de la Restauración y participar en la vida política (se formó la Unión Católica, que llegó a participar en alguno de los gobiernos de Cánovas)

●        Los republicanos: Tras el fracaso de la I República en España, se vivió una división interna que dio lugar a nuevos partidos republicanos, abiertos a otras influencias europeas e inspirados en proyectos sociales contrapuestos. Esta fragmentación les puso difícil llegar a la ciudadanía, de hecho, el papel social del republicanismo fue mucho mayor que la representación que tuvieron en el Parlamento. La ideología republicana estuvo presente en pueblos y ciudades a través de clubes, prensa, casinos y escuelas laicas. Fueron varias las corrientes republicanas que se dieron en este periodo:

o   Los republicanos progresistas (Ruiz Zorrilla), que mantuvieron sus posiciones republicanas y apoyaron el triunfo de la república mediante un levantamiento popular o militar.

o   Los republicanos federales (Pi i Margall), que siguieron defendiendo las aspiraciones populares del Sexenio, manteniendo su unidad como partido hasta el año 1931. Su base social fue urbana, siendo partidarios de la descentralización, con una ideología laicista y anticlerical.

o   Los republicanos posibilistas (Castelar), que fueron los más moderados. Su base social estuvo integrada por las clases medias y burguesas que apoyaron la revolución de 1868. Terminaron por integrarse en el sistema de la Restauración a partir de 1890.

o   Los republicanos centralistas (Salmerón), que surgieron a raíz de su disconformidad con la política de conspiraciones militares de Ruiz Zorrilla. Su postura fue inicialmente antifederal y centralista, teniendo gran fuerza en Madrid. Sin embargo, su posterior defensa de las aspiraciones nacionalistas catalanas provocó la escisión de este partido.

●        Nuevos partidos que se derivan del movimiento obrero: Sus posibilidades de acción fueron pequeñas por la limitación de las libertades de asociación, expresión y reunión que existieron durante la Restauración:

o En el año 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) por Pablo Iglesias, partido pequeño de escasa incidencia electoral al principio, pero respetuoso con el régimen político de la Restauración. Desde su fundación combinó el ideario marxista con medidas más realistas, como la participación en la vida política. En el año 1888 se creó en Barcelona el sindicato socialista de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.)

o Más influyente en la Restauración fue el anarquismo, ideología obrera introducida durante el Sexenio por Giuseppe Fanelli (discípulo de Bakunin), con gran aceptación en Cataluña y Andalucía. Tras la escisión ideológica de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional), el anarquismo adoptó dos corrientes, la violenta y la sindical. Fruto de esta última y en el año 1881, se creó la Federación de Trabajadores de la Región Española (F.T.R.E.). Sin embargo, durante todos estos años, la postura anarquista que se impuso fue la violenta, en la que además de recurrir a la huelga general, se llevaron a cabo diversos atentados terroristas contra miembros del gobierno, ejército, burguesía o Iglesia. Destacó aquí la organización de la Mano Negra (1883) en Andalucía, que fue una organización clandestina acusada de varios asesinatos y diversos delitos, dando lugar a una fuerte represión del anarquismo en esta región. También los anarquistas llevaron a cabo otros atentados como la bomba en el Liceo de Barcelona en 1893 o el asesinato del propio Cánovas del Castillo en 1897 por Angiolillo.

         Durante la regencia de María Cristina (1885-1902), además de los grupos anteriores se produjo la aparición de los movimientos nacionalistas y regionalistas como fuerza de oposición, frente al centralismo y uniformismo del régimen de la Restauración.

●        El catalanismo: Fue el primer fenómeno importante. Comenzó a darse a mediados del siglo XIX, con un carácter literario y cultural, teniendo como objetivo la recuperación de la lengua y tradiciones catalanas (la Renaixença). El carácter político del catalanismo empezó a darse durante la I República, en el que el federalismo se convirtió en la base que reivindicaba una Cataluña integrada en una España federal. Fue durante la Restauración donde el catalanismo adquirió nuevos rasgos, contando con el apoyo de la burguesía industrial. Su primer líder importante fue Valentín Almirall, que fundó el I Congreso Catalanista (1880), en el que siguiendo el modelo republicano federal reclamó una mayor autonomía para Cataluña. Este movimiento, muy minoritario y débil, dio paso años más tarde a otro modelo más conservador y católico que se fusionó en la Unió Catalanista (1891), cuyas aspiraciones fueron recogidas por Prat de la Riba en “Las Bases de Manresa” (1892) documento que planteaba una solución federal de autogobierno para Cataluña, basada en reivindicaciones culturales y políticas de orientación tradicionalista. En el año 1901 todas las agrupaciones nacionalistas se unieron en un solo partido llamado “Lliga Regionalista de Catalunya” dirigida por Prat de la Riba y Cambó, en el que se condenaba el centralismo, pero no se oponían al modelo de sociedad existente.

●        El nacionalismo vasco: Tuvo su origen en Vizcaya de la mano de Sabino Arana, el cual en el año 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco. Su base ideológica fue la tradicionalista, con un fondo carlista y foralista, en el que se reivindicaba la existencia de una nación vasca justificada por la existencia de una raza, lengua y costumbres diferentes. Arana criticó la industrialización porque fracturaba la sociedad tradicional vasca, defendió el catolicismo antiliberal y reivindicó los fueros y la independencia de “Euskal Herria”. Este movimiento sin embargo no tuvo gran protagonismo en principio, porque la alta burguesía industrial no lo apoyó, y por eso su pensamiento acabó evolucionando desde el independentismo radical hasta su integración autónoma en el Estado español.

●        El regionalismo gallego: Tuvo un claro matiz intelectual y fue apoyado por los propietarios agrarios y comerciantes. Su principal ideólogo fue Alfredo Brañas, que luchó contra el subdesarrollo económico y cultural de esta región. Otro ideólogo fue Manuel Martínez Murguía, que fundó la “Asociación Regionalista Gallega” de carácter político. También destacó su mujer Rosalía de Castro, que fue una de las intelectuales que contribuyeron al conocimiento de la lengua gallega.

●        El regionalismo valenciano: Fue un fenómeno tardío y minoritario. Su origen está en el renacimiento cultural de la década de 1870 que dio lugar a la creación de la sociedad “Lo Rat Penat”, base del valencianismo hasta bien entrado el siglo XX. Se caracterizó por su rechazo del centralismo del Estado y del nacionalismo catalán, que los incluía dentro de su misma comunidad lingüística y cultural.

●        El nacionalismo andaluz: Surgió posteriormente. Aunque tuvo su base en el movimiento cantonal de 1873, se desarrolló sobre todo durante el reinado de Alfonso XIII. Su principal ideólogo fue Blas de Infante, con raíces históricas y políticas discutidas, el cual defendió la independencia de esta región tras la crisis de 1917.

La crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial

                     A finales del siglo XIX el régimen de la Restauración entró en una fuerte crisis provocada por la guerra colonial y la pérdida de los últimos restos del imperio ultramarino. Al mismo tiempo, España se vio envuelta en una crisis interna que acabó reorientando la acción política, en la que surgieron propuestas de regeneración del país (“Regeneracionismo”)

A finales del siglo XIX el régimen de la Restauración entró en una fuerte crisis provocada por la guerra colonial y la pérdida de los últimos restos del imperio ultramarino. Al mismo tiempo, España se vio envuelta en una crisis interna que acabó reorientando la acción política, en la que surgieron propuestas de regeneración del país (“Regeneracionismo”). 

Causas que provocaron la pérdida de las posesiones de ultramar

Entre los factores que influyeron en el desenlace final que cortó el lazo entre la metrópoli y las colonias de América estarían:

• Económicas. Los ingresos procedentes de Cuba y Puerto Rico procedían del comercio exterior a través de aranceles a un mercado que, para el caso cubano, ya estaba industrializado en buena medida, y orientado hacia países del norte de Europa y Estados Unidos.

• Políticas. Al afán descentralizador de sectores como el que representaba el Partido Liberal Autonomista se sumará el proceso de expansión que estaba poniendo en marcha Estados Unidos, como potencia emergente.

La liquidación del Imperio colonial

         Tras la independencia, en el primer tercio del siglo XIX, de la mayor parte de los territorios que España tuvo en América, tan solo se conservaron las islas de Cuba y Puerto Rico, así como el archipiélago de las Filipinas en Asia, y un número de posesiones menores dispersas por África. Esto no supuso el final de los problemas coloniales, y ya durante el Sexenio Democrático se inició una primera guerra cubana, conflicto en el que desataron figuras como Mariana Grajales y su descendiente Antonio Maceo. Con el tiempo el conflicto se fue agudizando por el contexto internacional. Precisamente en plena época imperialista europea y de alianzas internacionales, la Restauración mantuvo una política aislacionista para evitar que España se viera envuelta en conflictos internacionales, tuvo su aspecto negativo al facilitar el distanciamiento cada vez mayor de España con sus colonias de ultramar, algo que culminó con el “desastre” de Cuba y la pérdida de Puerto Rico y Filipinas.

         El problema colonial de Cuba, iniciado y combatido durante el Sexenio, fue una de las mayores preocupaciones desde comienzos de la Restauración. La Paz de Zanjón (1878) puso fin a la “guerra larga” pero solo aplazó el problema cubano, ya que España en vez de promover soluciones políticas de carácter autonomista para satisfacer las demandas de la burguesía criolla, se centró sobre todo en mantener a toda costa su soberanía sobre la isla. El acuerdo prometía nuevas condiciones políticas y administrativas para la isla, entre las que estaba el fin de la esclavitud (que no se abole hasta el año 1886), la amnistía general y unas instituciones de gobierno autonomistas (que no llegaron hasta 1893). De ahí que la tardanza en la aplicación de las mismas colmó las esperanzas criollas de la isla.

         Al mismo tiempo, y desde el año 1878, los círculos independentistas cubanos, que tuvieron como líder al poeta cubano José Martí, lograron el apoyo cada vez mayor de ciertos sectores sociales cubanos y de los EEUU, que tenía grandes intereses económicos en la isla y defendió su postura independentista, dentro de su política de imperialismo económico que implicaba todo el control del comercio americano. El resultado de todo esto fue el inicio de una nueva guerra, que comenzó en el año 1895 con el llamado “grito de Baire”, que fue de carácter popular y tuvo un amplio apoyo de la población negra y mulata. La respuesta española fue dirigida de nuevo por militares como Martínez Campos, que combatieron duramente esta insurrección, basada sobre todo en la táctica de guerrillas o conocimiento del terreno. Entre 1895 y 1898 se enviaron a Cuba 220000 soldados para combatir y concentrar a la población civil, evitando que ésta apoyase a los independentistas, medida esta que supuso un coste humano muy alto para dicha población, víctima de las enfermedades, y su malestar hacia los españoles fue creciendo. En España las noticias tampoco fueron buenas, la estabilidad política se rompía y si en un principio el apoyo de los españoles a la guerra fue favorable a medida que se fueron haciendo visibles los costes de la contienda, el apoyo popular fue disminuyendo. Mientras tanto los EEUU, que seguían de cerca el conflicto, llegaron incluso a proponer a España la compra de la isla dentro de sus intereses, petición desechada por los españoles. En el año 1898 la explosión fortuita del acorazado americano “Maine” en el puerto de la Habana, fue considerado por los Estados Unidos como una provocación y declararon la guerra, interviniendo en mayo de 1898. El enfrentamiento fue claramente favorable a los norteamericanos que en varios días acabaron con la flota española en el Caribe y en Filipinas (donde estalló otro movimiento en 1896) provocando la pérdida de todos los barcos y la muerte de centenares de hombres españoles. Las derrotas en Cavite y Santiago de Cuba llevaron al gobierno español a negociar y finalmente España firmó el Tratado de París (1898) en la que Cuba se declaró independiente y Puerto Rico y Filipinas pasaron a manos de los E.E.U.U. España perdía así sus últimas colonias en ultramar.

         Puerto Rico en un principio no supuso tantos problemas como Cuba, ya que durante el Sexenio se le otorgó su autonomía, la esclavitud fue abolida y su economía se había saneado. Sin embargo durante el régimen de la Restauración, surgió en la isla un movimiento autonomista más radical (1887) motivado por la miseria, el analfabetismo y la estructura agraria de los cultivadores de café y azúcar. Aunque en Puerto Rico la dominación española fue más efectiva, con el estallido de la guerra contra EE.UU. de 1898, las tropas estadounidenses ocuparon en poco tiempo toda la isla.

         Las Islas Filipinas no tuvieron para España la misma importancia que Cuba, y desde su ocupación en el siglo XVI, la población española civil y militar fue escasa, destacando únicamente la presencia de varias órdenes religiosas. El descontento contra los españoles surgió en la segunda mitad de siglo, y sus peticiones se basaron en la igualdad de derechos a través de pequeños motines. Fue en 1896 cuando se abrió un nuevo frente para España con el estallido de una insurrección, que pretendía expulsar a los españoles y confiscar los bienes eclesiásticos. La respuesta represora fue inmediata y dirigida por el general Polavieja, hasta el punto que el líder de este movimiento, José Rizal, fue fusilado a pesar de no demostrarse su autoría. La guerra en principio fue favorable para los españoles, e incluso en 1897 se llegó a un acuerdo con el líder filipino. La entrada de los Estados Unidos en el conflicto cambió el rumbo de los acontecimientos, y mediante la Paz de París, Filipinas cayó en manos de los estadounidenses.

Consecuencias del “desastre”

         La pérdida del imperio de ultramar fue considerada como un desastre tanto militar como diplomático (más aún porque desde la prensa y púlpitos se había propagado la creencia en la superioridad militar española). Las consecuencias fueron las siguientes:

●      Con el “desastre del 98” se extendió un pesimismo generalizado sobre la situación de España y sobre la esencia de nación española, en el que se criticó fuertemente al régimen de la Restauración. A pesar de este ambiente de frustración dominante, tendrá lugar ningún cambio político significativo, sino que más bien la crisis del 98 fue de índole intelectual y reforzó la formación de una corriente conocida como regeneracionismo, que apostaba por la modernización en los sectores político, social o económico, plasmada en las obras de Lucas Mallada (Los males de la patria), Joaquín Costa (Colectivismo agrario en España, Oligarquía y caciquismo), Macías Picavea (El problema nacional. Hechos, causas y remedios). Para ello consideraban necesario sanear la Hacienda, aumentar la riqueza, extender la enseñanza pública, etc. Vinculada con esta forma de pensar se encuentra la generación del 98. 

●        Con la pérdida de las últimas colonias se favoreció el proteccionismo económico que ya se había iniciado años antes. Se trataba ahora de defender el mercado interior con una serie de medidas que llegaron incluso a prolongarse hasta la llegada del Plan de Estabilización del año 1959 (Dictadura Franquista)

●        Se trató de sustituir la presencia en ultramar con una mayor atención en el norte de África. Para ello el control de la zona septentrional del reino de Marruecos, se convertirá en uno de los objetivos prioritarios durante el reinado de Alfonso XIII.

Dossier de fuentes históricas relacionadas con la crisis del Antiguo Régimen y la creación del Estado liberal